Los primeros días de 2024 han confirmado que la hoja de ruta del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez difiere enormemente de las ilusiones alimentadas en la campaña electoral. La propaganda grandilocuente que presentaba a Sánchez como el campeón mundial de la lucha contra el fascismo va quedando cada vez más en entredicho.
El firme alineamiento del Ejecutivo con las políticas del imperialismo occidental en apoyo del genocidio sionista contra el pueblo palestino, su cesión en la Unión Europea ante las presiones de la extrema derecha para endurecer las políticas migratorias y de asilo, y la vuelta a una política de recortes sociales, cuyo primer paso ha sido la propuesta de rebajar las futuras pensiones de los parados de larga duración, tienen muy poco que ver con las expectativas que impulsaron a millones de personas a votar al PSOE y a Sumar para frenar al PP y Vox.
Es posible que la derrota del decreto impulsado por Yolanda Díaz, gracias a los cinco diputados de Podemos que han actuado correctamente contra este recorte en las futuras jubilaciones de los perceptores del subsidio de desempleo, pueda obligar al Gobierno a desistir de la medida, pero seguramente no cambiará significativamente la orientación de la coalición PSOE-Sumar. Los hechos son tozudos y desmienten rotundamente la retórica de Yolanda Díaz y sus socios.
La decisión valiente de Podemos ya ha provocado una avalancha de mentiras y acusaciones falsas desde el PSOE y sobre todo desde Sumar, que intentan ocultar que el decreto escondía un grave retroceso en derechos sociales. Pero debemos señalar que significará muy poco si Podemos no utiliza este golpe en la mesa para cambiar de rumbo de una vez por todas.
La experiencia demuestra que la trayectoria de la dirección de Podemos es francamente incoherente. Ahora, cuando han sido expulsados del Gobierno y humillados por Yolanda Díaz, se erigen en feroz oposición a Sánchez. ¿Por qué no lo hacían cuando tenía 35 diputados y ocupaba varios Ministerios y una vicepresidencia del Gobierno? ¿Acaso la Reforma Laboral de Yolanda Díaz o la Ley de Vivienda no eran abiertamente regresivas cuando Podemos las aplaudía con entusiasmo? ¿La no derogación de la ley Mordaza y que se traicionara al pueblo saharaui no merecían también un golpe en la mesa igual o más contundente? ¿Qué habría ocurrido si Irene Montero se hubiera mantenido en el Consejo de Ministros?
El giro de Podemos será mucho más creíble cuando vuelvan a las calles dispuestos a impulsar con todas sus fuerzas la ruptura de la paz social que impone el Gobierno con la ayuda de CCOO y UGT.
Pero volvamos a lo esencial. Cada cesión de Sánchez ante el imperialismo occidental y ante las exigencias del mundo financiero y empresarial en materia de política económica y social es un balón de oxígeno para el bloque de extrema derecha conformado por PP y Vox.
Que los ministros socialistas hayan tenido que dirigirse al PP para rogarle su apoyo a los tres decretos pendientes no solo confirma que piensan que las políticas sociales del PSOE y Sumar son perfectamente aceptables para el PP, también revelan debilidad. Feijóo no solo ha respondido con un portazo, ha subido la apuesta en su línea de extrema derecha, como lo demuestra su enmienda a la Ley de Amnistía, reclamando un endurecimiento ¡aún mayor! del Código Penal para delitos políticos, que permitiría la disolución de partidos independentistas.
Las palabras se las lleva el viento
Pedro Sánchez es consciente de que la inmensa mayoría de su base social rechaza los crímenes sionistas en la Palestina ocupada. Por eso en un primer momento escenificó una posición de rechazo de boquilla al genocidio desencadenado por Netanyahu, consiguiendo así prestigio de gobernante comprometido con el pueblo palestino. Pero, más allá de las palabras, el comercio con Israel, incluido el de armas, y el apoyo a su Gobierno se mantuvo sin cambios, e incluso el Ejecutivo aportó dos buques de guerra a la fuerza de la OTAN en el Mediterráneo oriental que apoya el despliegue militar sionista.
La masacre palestina es mucho más que un asunto regional. Netanyahu y sus políticas se han convertido en el estandarte que agita la extrema derecha de todo el mundo. Trump, Abascal, Salvini, Milei, Alternativa por Alemania y otras fuerzas políticas europeas y del mundo entero, herederas del antisemitismo nazi y fascista de los años 30, se han convertido en fanáticos del sionismo genocida.
La única fuerza que puede detener la masacre contra el pueblo palestino es una contundente movilización internacionalista de la clase trabajadora mundial, que ponga contra las cuerdas a los Gobiernos que apoyan a Israel. En este sentido, Pedro Sánchez puede presumir ante sus amos imperialistas de haber conseguido, con la ayuda de sus socios parlamentarios, de CCOO y UGT, contener esa movilización en el Estado español, evitando, de momento, que alcance la fuerza y contundencia de las movilizaciones contra la invasión de Iraq en 2003.
Una política social y económica supeditada a la clase dominante
La subordinación al imperialismo implica la subordinación a la clase dominante española en materia económica, social y en todos los grandes asuntos. Esa es la política que ha guiado al PSOE desde los pactos de 1978, pero que en los últimos años, a causa de la pandemia, quedó disimulada tras la lluvia de ayudas asistenciales e inyecciones financieras al gran capital, y que jugaron un papel decisivo para imponer la desmovilización.
Superado el bache, toca volver a la normalidad y compensar el déficit de las finanzas públicas mediante nuevos recortes en el gasto. Los efectos del llamado “escudo social” se han diluido a causa de la inflación y el Gobierno continúa la ruta que nunca abandonó: recorte constante de los costes empresariales para sostener el auge de las exportaciones industriales y agrarias, y facilidades para que empresarios, rentistas y especuladores inmobiliarios saquen el máximo partido del turismo, explotando una mano de obra precaria o aprovechándose del alza bestial de los alquileres.
La consecuencia es el empobrecimiento de sectores cada vez mayores de la clase trabajadora y la juventud. Los recientes informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y de Cáritas son escalofriantes. Dos millones y medio de trabajadores reciben salarios bajo el umbral de la pobreza y tres millones de familias no pueden cubrir sus necesidades básicas.
Esto, unido a las dificultades para el acceso a una vivienda digna y al imparable deterioro de la sanidad pública crea un ambiente de descontento social al que la extrema derecha, PP y Vox, sacará partido.
Debemos aprender de la experiencia histórica de los años 30 del siglo pasado. Desde la izquierda combativa tenemos que dar una respuesta firme ante un sistema capitalista que solo puede sobrevivir empujando a la miseria a capas cada vez mayores de la clase trabajadora. Y esa respuesta no pasa por aspirar a participar nuevamente en un Gobierno que gestiona la lógica capitalista con un aura de “progresismo”, sino en impulsar la lucha de clases y la movilización popular con un programa de confrontación y para la transformación socialista de la sociedad.
