Aborto libre y gratuito. No a la demagogia reaccionaria

Los recientes cierres de clínicas abortivas en Barcelona y Madrid han sacado de nuevo a la palestra el polémico tema del aborto. De hecho, no sólo han sacado el tema, sino que también ha sido una oportunidad de oro para que los sectores más reaccionarios utilizaran los medios de comunicación como altavoz de sus proclamas demagógicas "en defensa de la vida".

Desde 1985 el aborto está despenalizado en el Estado español, pero sólo puede llevarse a cabo, de acuerdo con la ley, si se da alguna de las tres condiciones requeridas: por violación durante las primeras 12 semanas de embarazo, por malformación del feto durante las primeras 22 semanas (aunque hay malformaciones que sólo pueden ser detectadas después), y si hay peligro para la salud física o psíquica de la madre durante todo el embarazo.
Esta ley, aunque es cierto que es un avance frente a la prohibición penal del aborto existente antes de 1985, resulta absolutamente insuficiente, ya que no permite a las mujeres decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro.

Un problema social

Es necesario tener en cuenta que el problema del aborto afecta, fundamentalmente, a las mujeres y jóvenes de la clase trabajadora. Los problemas económicos desprendidos de los bajos salarios, el paro y la explotación que soporta la clase trabajadora son, en la mayoría de los casos, los causantes de recurrir al aborto ante un embarazado no deseado. No sólo eso, sino que también, la ausencia de una educación sexual que enseñe a los jóvenes a disfrutar de su cuerpo sin caer en los prejuicios más atrasados de la sociedad, con pleno conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos, es igualmente un factor que no ayuda nada en la solución del problema.
El hecho de que no exista una salida legal para llevar a cabo el aborto en casos de este tipo, abre las puertas a que se haga negocio con un tema tan serio como éste, por medio de clínicas privadas que, en muchos casos, ni siquiera reúnen las condiciones mínimas requeridas para garantizar la seguridad de la mujer que se ve obligada a llegar a este punto.
Incluso en los casos en los que legalmente se puede realizar un aborto, la saturación de la seguridad social por falta de médicos, infraestructura e inversión hacen muy difícil poder llevarlo a cabo por medio de los fondos públicos, ya que en primer lugar, la espera puede llevar varios meses, y en segundo lugar, el derecho de objeción de los médicos se pone de por medio en muchas ocasiones. Esto provoca una desviación de este tipo de casos, que se supone que debería cubrir la seguridad social, a clínicas privadas, alimentando todavía más el suculento negocio.

Un negocio más bajo el capitalismo

El reciente escándalo sobre las clínicas cerradas en Barcelona por sus fraudulentas prácticas no es más que un ejemplo de cómo el capital privado intenta sacar provecho de un problema que sufre la mujer trabajadora que se ve obligada a recurrir a este tipo de centros, exponiéndose a ser intervenida en condiciones que pueden hacer peligrar su propia salud. Todo esto, al mismo tiempo que la demagogia más reaccionaria se reúne a la puerta de todas las clínicas abortivas para que éstas se vean obligadas a cerrar (no las fraudulentas, sino todas las que se encuentran), para insultar a las mujeres que acuden y a los médicos que trabajan en ellas y acusarles de asesinos, inmorales y todo tipo de injurias. Claro que para ellos, condenar a una familia sin recursos económicos a tener un niño que tampoco pueden mantener no es nada malo, como tampoco lo es incentivar a la sociedad más pobre a que "no asesinen vidas" utilizando preservativos que previenen de enfermedades como el VIH, las cuales sí son un verdadero problema social que acaba con la vida de miles de personas. En el caso de la Comunidad de Madrid además estamos presenciando una campaña contra las clínicas abortistas, presentada como un intento de acabar con las prácticas ilegales, pero en la práctica es una campaña reaccionaria motivada por causas ideológicas y religiosas. Esta situación de acoso ha hecho que por primera vez las clínicas hagan una semana de huelga en señal de protesta por esta campaña reaccionaria.
Está claro que para la clase dominante no es ningún problema alimentar y mantener a un niño o incluso recurrir a los mejores médicos y medios privados para realizar un aborto, pero este panorama es bien distinto para la mujer trabajadora que es quien realmente sufre la peor cara de este problema y del tabú social.
Por supuesto, el cierre de las clínicas que llevan a cabo prácticas peligrosas e irregulares como la no posesión de los títulos e infraestructuras necesarias y, en definitiva, las que no reúnen las condiciones imprescindibles para poder hacer su trabajo con un tratamiento seguro y digno de sus pacientes, es algo positivo. No obstante, estos cierres no aseguran terminar con el problema que supone este negocio escondido, ni mucho menos. Mientras no se pongan las medidas que permitan ejercer libremente a la mujer el derecho a decidir sobre su vida, así como los medios necesarios para que todo el mundo pueda acceder a una seguridad social digna que cubra este tipo de intervenciones de una manera segura y eficaz, este problema seguirá existiendo y afectando a un gran número de mujeres.
Los marxistas defendemos el derecho al aborto libre y gratuito, en las mejores condiciones en centros de la Seguridad Social, a través de una ley de plazos. Esta es la mejor manera de garantizar el derecho de la mujer trabajadora a decidir con plena libertad sobre su propio cuerpo y su futuro, sin tener que sufrir todos los prejuicios sociales ni ser tachadas de asesinas delincuentes por la justicia, el Estado o la Iglesia. Algo que no sucederá bajo una sociedad cuyos hilos controlan este tipo de instituciones reaccionarias y conservadoras.