Con el comienzo del nuevo curso político el gobierno anunció a bombo y platillo nuevas leyes y medidas que en principio iban a tener un carácter claramente progresistas: la reforma de la ley del aborto, una ley sobre la eutanasia y modificaciones en la ley de la memoria histórica. Lamentablemente, si vamos un poco más allá de los enunciados, sólo podemos llegar a la conclusión de que se trata de una cortina de humo destinada a dotar al gobierno de credenciales más progresistas e izquierdistas, mientras se desvía la atención de los efectos la crisis económica y, más grave aún, se intenta ocultar su claudicación a las presiones de la derecha en temas que afectan seriamente a los derechos democráticos.
Algunas de las medidas son en realidad propuestas para el debate. En el caso de la ley del aborto, como ha reconocido la ministra, la ley no estaría hasta finales del año 2009 o 2010, y en el caso de la eutanasia ni siquiera existe una fecha.
El mejor ejemplo de cómo el gobierno de Zapatero está claudicando ante la derecha y los sectores más reaccionarios es el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que vuelve ha demostrar que la presunta "independencia" judicial es sólo eso, presunta, porque su verdadera función es defender los intereses de la clase dominante. Después de varias semanas de negociación con la derecha, el PSOE propuso como presidente a Carlos Dívar, hasta ahora al frente de la Audiencia Nacional, el PP no se lo podía creer y apenas pudo disimular su satisfacción, mientras que los sectores más progresistas no ocultaban su indignación.
Carlos Dívar es conocido por sus ideas conservadoras y sus firmes creencias religiosas que se pueden leer habitualmente en las columnas que escribe para la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos, en las que podemos leer perlas como esta: "Sólo Dios, el Bien Supremo, es la base inamovible y la condición insustituible de la moralidad (...) El nacionalismo es la negación del patriotismo". Públicamente ha dicho que no se puede afirmar con rotundidad la autoría islamista de los atentados del 11-M, y, por supuesto, está firmemente en contra del aborto y la eutanasia. 
Este nombramiento cuestiona todas las medidas progresistas anunciadas por el gobierno, al dejar el CGPJ en manos del sector más reaccionario de la judicatura y posiblemente ocurra lo mismo con el Tribunal Supremo, todas estas leyes podrán ser vetadas por estos órganos "independientes" del Estado. Una vez más vemos como el gobierno en lugar de defender los intereses de los jóvenes y trabajadores, claudica y cede a las presiones de la clase dominante y, en este caso, a las de su sector más reaccionario.