El 26 de diciembre de 2007 se aprobaba la Ley de Memoria Histórica, un proyecto que empezó generando ilusión en la izquierda y que en el transcurso de la negociación parlamentaria fue cediendo a las presiones de la derecha en prácticamente todos los terrenos, hasta el punto en que La Falange mostró su satisfacción tras una reunión en Moncloa "porque el gobierno socialista ha rectificado su proyecto inicial demostrando sensibilidad social hacia el bando nacional".
Ya analizamos en estas páginas los supuestos "pasos adelante" que significaba esta ley y todo lo que se dejaba en el tintero (ver números 205 y 209). Pero aún quedaba por ver en qué se concretaba la ley a través de su desarrollo legal. La realidad ha sido que el gobierno del PSOE la ha guardado en un cajón durante ocho meses, y no ha querido apoyarse en lo que tenía de positivo para movilizar frente a la derecha. Esto ha llegado al extremo de que Izquierda Unida, el otro apoyo de la ley reformada, la daba por "muerta" y denunciaba que "incomodaba al PSOE" hace escasas semanas.
Garzón entra en escena
El 1 de septiembre se daba un cierto vuelco mediático al abrir Garzón un procedimiento por el que deberá decidir si es competente para investigar las decenas de miles de desaparecidos que pueblan las fosas comunes, aquellos que fueron fusilados por osar hacer frente al golpe fascista de 1936. Esto ha coincidido en el tiempo con una pregunta parlamentaria de IU, a través de la cual, sorprendentemente, nos enteramos de que se ha estado trabajando en el desarrollo de la ley (no sabemos por qué prácticamente en secreto) y que se van a aprobar cuatro decretos que la desarrollan y contribuyen a que "la democracia repare a las víctimas".
¿En qué se ha traducido esto? Por un lado, la actuación de Garzón no ha dejado de ser una nueva muestra de superjuez, pidiendo documentos y listados de fusilados a diestro y siniestro, dando la sensación de que va a poner patas arriba los archivos de la represión franquista..., y al final han sido las diferentes asociaciones memorialistas las que le han entregado un censo de más de 140.000 asesinados, mientras Garzón sigue esperando a que algún miembro de la Iglesia se digne a darle algo. Al margen de esto, también nos ha dejado una muestra de cómo entiende la investigación de la represión franquista, pidiendo listados de fusilados de "los dos bandos", como si existieran decenas de miles de fascistas enterrados en fosas y cunetas.
Por otro lado está el desarrollo de la ley que ha planteado el PSOE, al menos en cuatro puntos: concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales; reorganización del Archivo General de la Guerra Civil; la regulación de las famosas "declaraciones de reparación a los que sufrieron persecución en la guerra o en la dictadura", una "reparación moral" con la que se intenta escabullir la anulación de juicios y consejos de guerra del franquismo; y la articulación de las indemnizaciones a los fallecidos por defender la democracia a finales de los sesenta y en los setenta, este punto también va a tener su miga, por ejemplo, ahora mismo varios representantes de la asociación Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria están siendo juzgados por las cargas que sufrieron en la manifestación de marzo de 2006.
El propio gobierno reconoce que aún quedan los "puntos más polémicos": el mapa de fosas y la eliminación de la simbología franquista. Y no es solamente eso, en este supuesto "desarrollo" de la ley sigue sin haber nada en torno a la anulación de sentencias (por ejemplo, sólo en Catalunya hubo 110.000 consejos de guerra al acabar la guerra), nada en torno al Valle de los Caídos, y por supuesto, nada acerca de verdugos, conspiradores golpistas y tramas políticas y económicas del fascismo español.
Mucho nos tememos que -al igual que en anteriores actuaciones del gobierno en aspectos que implicaban un enfrentamiento más abierto con la derecha o la Iglesia- no vaya a pasar de actuaciones cosméticas, intentando dar algún golpe de efecto (como en su momento fue la retirada de la estatua de Franco en Madrid), sin atreverse a llegar al fondo de la cuestión.