Entrevista a Miguel Gago e Isabel Gómez
El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en Ferrol una concentración en defensa de la libertad de expresión, a favor de la democratización de las Fuerzas Armadas y en solidaridad con el cabo primero de la Armada Jorge Miguel Gago Chao. Jorge Gago fue condenado a dos meses de prisión por un tribunal militar por sus declaraciones públicas en relación con la explosión, el 19 de diciembre de 2005, de una caldera de la fragata Extremadura, que causó la muerte al marinero Eric Noval Gómez y al cabo Francisco Pérez Castrillón. Para el 12 de octubre se prepara una nueva movilización. Entrevistamos a Miguel Gago e Isabel Gómez, padre y madre de Jorge y Eric respectivamente
Entrevista a Miguel Gago e Isabel Gómez
El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en Ferrol una concentración en defensa de la libertad de expresión, a favor de la democratización de las Fuerzas Armadas y en solidaridad con el cabo primero de la Armada Jorge Miguel Gago Chao. Jorge Gago fue condenado a dos meses de prisión por un tribunal militar por sus declaraciones públicas en relación con la explosión, el 19 de diciembre de 2005, de una caldera de la fragata Extremadura, que causó la muerte al marinero Eric Noval Gómez y al cabo Francisco Pérez Castrillón. Para el 12 de octubre se prepara una nueva movilización. Entrevistamos a Miguel Gago e Isabel Gómez, padre y madre de Jorge y Eric respectivamente.
El Militante.- ¿Qué pasó en la fragata Extremadura?
Miguel Gago.- El día de la explosión, un brigada le pidió a mi hijo que revisase la caldera. Al hacerlo, Jorge detectó que había un peligro real de explosión por los altos índices de cloro y que había que apagarla, y así se lo comunicó al brigada. Éste se lo comunicó al jefe de máquinas (que estaba en su casa), que le respondió que no se podía apagar porque al día siguiente tenían que salir a navegar, que ya se miraría por la mañana. Y no dio tiempo, ¡claro! Por tanto, el motivo real de la explosión y las dos muertes fue una negligencia. Pero también hay un trasfondo que va más allá, que son los recortes presupuestarios aprobados cuando era ministro de Defensa José Bono, para darle prioridad a la financiación de las fragatas F-100. Estos recortes presupuestarios afectaron al mantenimiento del buque, cometiéndose numerosas irregularidades.
EM.- ¿Cómo se llega a la condena de Jorge?
MG.- A pesar de estos hechos, sólo dos días después del accidente la Armada decretó que la causa había sido la fatiga del material. Como mi hijo sabía que no era así, quiso aclarar eso. Cuando la Armada quiso dar el tema por cerrado fue cuando mi hijo hizo las declaraciones a la prensa, el asunto trascendió y le abrieron un expediente disciplinario. En definitiva, a mi hijo lo condenan por decir la verdad.
Isabel Gómez.- El expediente no es por lo que dijo, es un aviso: "señores, cállense la boca". Jorge es el cabeza de turco. ¿Cuál es el problema? Que uno de arriba está pringado y no les interesa. Y entonces se saltan los derechos constitucionales y lo que haga falta. Total, sólo fueron una fragata y dos muertos, no pasa nada. Pero mañana el marinero de turno rompe un folio y entonces sí le aplicarán el código.
EM.- ¿Hay derechos democráticos en las Fuerzas Armadas?
MG.- No, la democracia no llegó a las Fuerzas Armadas. Según la información que nos facilitó la AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), España ratificó en 1979 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de noviembre de 1950, pero lo ratificó con reserva a sus artículos 5 y 6. Esta reserva significa que el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas puede estar por encima de los derechos humanos y constitucionales. Cuando en 1998 se modificó ese régimen disciplinario, el PP se olvidó de renovar dicha reserva, lo que provocó que, a partir de ese momento, cualquier condena a un militar, especialmente de privación de libertad, fuese ilegal, ya que el código militar no garantiza lo que ese convenio europeo considera un juicio justo. El gobierno descubrió este error a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en noviembre de 2006, que condenó al Estado por la sanción impuesta a un guardia civil en ausencia de garantías legales. Pero en vez de cambiar el código militar, lo que hizo el gobierno fue volver a activar la reserva a dichos artículos. Lo sorprendente es que esa actualización fue aprobada por el consejo de ministros en febrero de 2007, o sea, con Zapatero. Uno se esperaba que un gobierno de izquierdas actuase de otra manera.
EM.- ¿Cómo se evitarían situaciones como la que está pasando Jorge?
MG.- Creo que los militares deberían tener derecho a tener a alguien que los defienda, a tener representantes. Deberían tener derecho a la sindicación, como tenemos los trabajadores.
