El lunes 14 de marzo, el grupo parlamentario Podemos-En Comú-En Marea, junto con la Oficina Precaria, ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso que propone la “desbecarización” del mercado laboral juvenil y la restricción de esta figura exclusivamente para las prácticas universitarias curriculares.
En la actualidad el paro juvenil supera el 50%, y la solución que ha puesto en práctica la patronal, la derecha y la socialdemocracia ha sido la adquisición en masa de mano de obra gratuita o, en el mejor de los casos, barata y sin ningún derecho laboral. En la actualidad hay más de 180.000 becarios en el Estado Español, de los cuales el 61% no cobra ninguna contraprestación económica y, por tanto, no cotiza a la Seguridad Social. De esta manera, los empresarios se ahorran la contratación de nuevos trabajadores, las indemnizaciones por despido y las cotizaciones a la Seguridad Social; y precarizan, igualando por debajo, las condiciones laborales del resto de la clase trabajadora, precisamente como propone Ciudadanos con su propuesta de contrato único.
Las consecuencias para la juventud son evidentes: precariedad y emigración. Pero este no es un problema exclusivo de la juventud, es un problema que afecta al conjunto de la clase trabajadora. La inexistencia de derechos laborales para los becarios iguala por debajo los derechos en el trabajo, hasta el punto de no pagar un salario mínimo, como reclaman algunas voces del PP, no tener derecho a vacaciones o no poder realizar actividad sindical; la no cotización o la cotización mínima, de entre 30 y 70 euros, por cada becario pone un grano de arena más en la insostenibilidad de las prestaciones de la Seguridad Social, el subsidio por desempleo o la pensión de jubilación, aumentando además la edad para acceder a ella.
A esta ofensiva criminal derivada directamente del problema de la “becarización” del mercado laboral de la juventud se suman otros factores que aumentan la precariedad en las condiciones de vida de la juventud, como los recortes en sanidad o educación, masificando los centros públicos, privatizando servicios y despidiendo a trabajadores; el paro crónico general a la vez que las empresas abusan de las horas extraordinarias y complementarias, sin retribuir ni cotizar muchas veces, con la consiguiente incompatibilidad de la vida laboral y la vida personal y familiar; la imposibilidad de acceso a una vivienda digna, la privatización de los servicios municipales, como los transportes, la limpieza viaria o las escuelas infantiles; la violencia machista y racista cuya respuesta por parte de los gobiernos es cerrar centros de la mujer, privatizar la educación infantil, poner vallas y cancelas en Melilla, promover Centros de Internamiento de Extranjeros o no conceder derecho al asilo a los millones de refugiados que huyen de la miseria y la muerte.
La pasividad de la dirección de CCOO y UGT y la complicidad del PSOE son una vergüenza y un insulto para la memoria de nuestras familias, que lucharon, luchan y lucharán por un futuro digno. Las impresionantes luchas protagonizadas por la clase trabajadora y la juventud en defensa de las conquistas sociales en los últimos años son una demostración de que la lucha es el único camino.
Hemos echado a Wert y Gallardón, hemos tomado las plazas, los institutos y las universidades, hemos ganado ayuntamientos de la magnitud de Madrid, Barcelona o Zaragoza, hemos desembarcado en el Congreso de los Diputados. ¡Qué no podemos hacer si somos los que hacemos funcionar las fábricas, las oficinas, los servicios públicos! ¡Sí se puede! La alternativa está clara: continuar la lucha.
Desde el SINDICATO DE ESTUDIANTES, celebramos y apoyamos la propuesta de Podemos-En Comú-En Marea con la colaboración de la Oficina Precaria en el Congreso, pero pensamos que con este gesto no es suficiente. La fuerza que tenemos en las instituciones a través de partidos como Podemos se deriva de la lucha social masiva en la calle, los centros de estudio y las empresas. Es una parte más de la lucha. Por ello hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales de la izquierda a apoyar y promover esta lucha, pero no sólo en las instituciones, sino sobre todo en la calle, creando un movimiento en unidad de acción que defienda los derechos laborales de la juventud en todos los frentes. En este sentido, proponemos:
• Supresión de las llamadas “prácticas no laborales en empresas”, reguladas por el Real Decreto 1543/2011, que desprotege a los trabajadores jóvenes permitiendo su incorporación al puesto de trabajo fuera del marco del derecho laboral y desincentivando la contratación mediante las formas habituales de contratación recogidos en la legislación laboral.
• Eliminación de las prácticas extracurriculares, reguladas en el Real Decreto 592/2011, y reformar las prácticas curriculares garantizando la inserción y los derechos laborales mediante la obligatoriedad del establecimiento de contratos laborales en prácticas para el periodo de prácticas en empresas, contemplando todos los derechos laborales y reduciendo esta modalidad contractual a esta única circunstancia, contemplando: retribución mínima similar al SMI; jornada laboral máxima de 6 horas diarias y 450 horas anuales; Limitación a un convenio de prácticas por plan de estudios; conversión en indefinido al finalizar los estudios.
• Eliminación de las bonificaciones en la Seguridad Social para las empresas, garantizando el sistema de protección social. Jubilación a los 60 años y sustitución mediante contratos de relevo.
• Limitación del número de contratos en prácticas a un máximo del 5% del total de la plantilla de la empresa o, en aquellas que cuenten con menos de 10 trabajadores, a un solo trabajador.
• Ampliación de la obligatoriedad de contratos laborales en prácticas a los estudiantes de Formación Profesional para la Formación en Centros de Trabajo, eliminando las prácticas no remuneradas, la FP dual y los contratos para la formación y el aprendizaje. Conversión en indefinidos una vez finalizados los estudios.
• Reglamentación de la obligatoriedad del control y revisión de este tipo de contratos por la representación legal y sindical de los trabajadores y la regularización de inspecciones de trabajo en estas empresas.
• Desarrollo de planes de empleo público, con condiciones laborales dignas, para garantizar la inserción laboral de la juventud, reducir el desempleo y garantizar unos servicios públicos de calidad.
