“Necesitamos un plan de inversión para rescatar la enseñanza pública, no palabras vacías”
El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio de un repunte masivo de la COVID-19 y con una indignación creciente entre la comunidad educativa por la actitud pasiva del Ministerio de Educación de cara a la vuelta a las aulas. El Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado la convocatoria de una huelga general de estudiantes los días 16, 17 y 18 de septiembre en defensa de una educación pública, presencial y de calidad y exigen un plan de rescate a la escuela pública para garantizar unas aulas seguras. Entrevistamos a Coral Latorre, la secretaria general de la organización estudiantil y afiliada a Izquierda Revolucionaria.
El Militante.— ¿Cómo valoráis la gestión del Ministerio de Educación durante estos últimos meses y cuáles son los motivos de la huelga?
Coral Latorre.— La política educativa del Ministerio de Educación ha fracasado por completo. La desidia mostrada por la ministra Isabel Celaá y su negativa a poner en marcha un plan unificado para invertir recursos masivos para rescatar a la educación pública es escandalosa. El Gobierno ha tenido meses y meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero no ha hecho nada. Y no lo ha hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública. Hay que ser claros. El camino por el que ha optado Educación se basa en el continuismo con la política de recortes y privatizaciones, y solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, empeorando las condiciones laborales de nuestros profesores y sembrando un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras.
Por si esto fuera poco, Celaá ha decidido mirar hacia otro lado y pasar la pelota a las CCAA, lavándose las manos sobre un asunto que es de su máxima competencia. Es precisamente esta actitud pasiva y la ineficacia mostrada por el Gobierno la que está envalentonando la ofensiva de la derecha, que allí donde gobierna está aprovechando esta situación para seguir regalando dinero público a sus amigos de la concertada y privada. Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. La misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores la estamos viviendo en la educación pública.
La huelga que hemos convocado está totalmente justificada porque la situación de emergencia social que vive la enseñanza pública no puede esperar más y porque no nos quedaremos de brazos cruzamos mientras nuestro derecho a la educación pública y nuestra salud están en peligro. El Gobierno debe rectificar de inmediato y debe escuchar el clamor y las reivindicaciones de la comunidad educativa.
EM.— ¿Cuáles son esas reivindicaciones? ¿Qué medidas consideráis que garantizarían una vuelta a las aulas segura y digna?
CL.— Todas nuestras reivindicaciones van en una misma línea y es que se resuelvan de una vez por todas las grandes carencias que sufre la educación pública en un momento crítico. Basta ya de gestos y palabras vacías. Exigimos al Gobierno PSOE-UP que ponga en marcha un plan de rescate a la enseñanza pública que pase por la inversión del 7% del PIB para la escuela pública. Que aprueben una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros para garantizar todas las medidas necesarias para que nuestros centros sean espacios seguros. Es inadmisible que un Gobierno que se dice de izquierdas regale semejante cantidad de dinero a las grandes empresas y bancos del Ibex35 y mientras la educación pública se desangra no hagan nada para detener la hemorragia.
Exigimos que todas y todos tengamos acceso a una educación presencial digna y segura y para ello deben reducir la ratio a 15 alumnos por aula, la contratación de 165.000 profesores en todo el Estado, de miles de sanitarios, profesionales de la psicología, trabajadores de la limpieza y comedores… incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales, el fin de la brecha digital mediante un reparto masivo de dispositivos digitales y cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y estudiantes. Y por supuesto, permisos retribuidos para los padres y las madres para garantizar la conciliación familiar.
Estas son las demandas de quienes conocemos de primera mano la realidad que viven los centros educativos públicos. ¿La respuesta del Ministerio? El silencio y la presentación de un protocolo sanitario donde se plantea que la solución pasa por lavarse las manos cinco veces al día, abrir las ventanas o ir en bicicleta al instituto. Estas “recomendaciones” aprobadas nos parecen un insulto a nuestra inteligencia, una broma de mal gusto y demuestran que Isabel Celaá no puede permanecer ni un día más al frente del Ministerio de Educación. Que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, Cs y Vox se sientan tan cómodas con este plan mientras la comunidad educativa se siente totalmente abandonada debería hacer reflexionar al Gobierno.
Un Gobierno que despertó muchas esperanzas entre la comunidad educativa y las está defraudando justo cuando más necesitamos una política de izquierdas. Al PSOE ya le hemos visto muchas veces actuar, pero lo sorprendente es que la política educativa cuente con el apoyo de ministros y ministras de Unidas Podemos. Ahora tienen una oportunidad de oro para apoyar a los estudiantes y forzar a Celaá y Pedro Sánchez a dar un giro de 180 grados.
Sabemos que la lucha sigue siendo el único camino si queremos que nuestra voz sea escuchada, y así lo haremos en todas las jornadas de huelga de profesores y de estudiantes, en las movilizaciones que organizaremos del 17 de septiembre y en todas las protestas que están convocadas. Esto es solo un anuncio de todo lo que está por llegar.
