Paralización de la actividad lectiva y puesta en marcha de un plan de rescate a la educación pública ya

La situación sanitaria en el Estado español es de nuevo insostenible. El 21 de octubre nuestro país superó el millón de casos de Coronavirus, 750.000 de ellos detectados durante la segunda ola, es decir, de agosto a septiembre. Pero la realidad desborda los datos oficiales del Gobierno del PSOE-UP. El propio Ministerio de Sanidad reconoce que es posible que se estén detectando solamente entre el 60% y el 80% del total, algo que podría elevar el número real de contagios a los 3,5 millones como mínimo, aunque los expertos creen que la cifra más exacta podría rondar los cinco millones.

Desde los primeros días de octubre, en el Estado español la tasa de crecimiento diario del virus es del 2% mientras en EEUU es del 0,8% o Brasil del 0,4%. No hace falta ser un experto epidemiólogo para comprender que la situación es muy, muy grave. En un momento en que los hospitales, centros de salud y UCIs están en una situación crítica y cada vez más cerca del colapso que ya vivimos en marzo y abril, y nos enfrentamos a un recrudecimiento sin precedentes de la pandemia, el Gobierno central sigue sin tomar medidas urgentes para reforzar e invertir masivamente en la sanidad, educación y servicios públicos.

La salud de millones de estudiantes en peligro

Uno de los puntos críticos en toda esta situación están siendo los centros educativos. El número de contagios, de clases e institutos cerrados, profesores y estudiantes en cuarentena no deja de crecer día tras día. Los datos que conocemos –a pesar de que han dejado de ser publicados y actualizados semanalmente– muestran un escenario muy sombrío. Por poner algunos ejemplos: 1.740 aulas clausuradas en la Comunidad de Madrid, 2.546 en Catalunya, 324 en Andalucía, 134 en Euskadi, 373 en València. En Catalunya 73.000 estudiantes y 3.300 profesores están en cuarentena, en la CAM la cifra de alumnos enviados a sus casas es de más de 31.000.

Institutos sin geles desinfectantes, con un termómetro para 500 alumnos, sin personal administrativo para matricularnos, con casos positivos en nuestras clases y obligándonos a ir al centro de todas formas, ventanas abiertas todo el día a pesar de las bajas temperaturas por la falta de filtros para renovar el aire, notificaciones de los directores pidiendo a los estudiantes ir “con ropa de abrigo”, alumnos que tienen que escuchar la lección desde el pasillo… Sólo hace falta pisar un instituto o escuela durante unas horas para darse cuenta de que las declaraciones sobre la supuesta normalidad con la que ha empezado el curso que asegura la Ministra de Educación es una mentira descarada. En una entrevista en El Periódico del 11 de octubre, Isabel Celaá decía que “hablamos mucho de bares, pero no podemos avanzar con las escuelas cerradas”. ¿Y con estas condiciones en los centros sí podemos avanzar? ¡No! En la práctica se está negando nuestro derecho a una educación pública en condiciones dignas y se sigue poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestros profesores y familias.

Somos muchas y muchos quienes nos preguntamos cómo, con todos estos datos e informaciones que son sobradamente conocidos por el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación, es posible que sigamos yendo al instituto - por supuesto en transportes totalmente abarrotados - como si no pasara nada y como si el Estado español no fuera el foco de COVID de toda Europa. En otros países como Italia o Alemania, ya se está preparando un nuevo confinamiento domiciliario para frenar la curva, una medida que incluye la clausura de los centros educativos durante unas semanas. ¿Cómo es posible que en el Estado español, la primera medida que se tomó en el mes de marzo con la declaración del Estado de Alarma fuera el cierre inmediato de los institutos y ahora todo se mantenga abierto cuando no se ha tomado ninguna medida efectiva en nuestras aulas?

La razón de fondo es evidente: se quiere evitar a toda costa la paralización de la actividad económica, es decir, que las trabajadoras y trabajadores, nuestras madres y padres, sigan en sus puestos de trabajo aunque eso suponga exponerlos al virus, a ellos y a sus familiares. Una vez más las y los capitalistas siguen primando sus beneficios sobre nuestra salud. Un ejemplo de ello es la decisión del Govern de Catalunya, que el vienes 30 decidió decretar el cierre de las clases para los estudiantes mayores de 16 años –que son enviados a casa sin ningún plan que garantice el derecho a la educación pública, ya que los dispositivos tecnológicos prometidos por la Generalitat ni siquiera han llegado–, es decir, aquellos alumnos que pueden quedarse en casa sin depender de sus familiares y así estos pueden continuar yendo a trabajar.

Pero como la experiencia demuestra, la solución no pasa por hacerse a un lado y mirar como el desastre se cierne sobre nosotros. Tampoco pasa por hacer como en el mes de marzo y cerrar las aulas para volver a una educación online que no garantiza el derecho de los jóvenes de familias obreras a una educación de calidad.

Desgraciadamente la experiencia del cierre del curso 2019/20 y el comienzo de este, ha vuelto a señalar con crudeza la brecha de clase que existe en el sistema educativo. Decenas de miles de estudiantes seguimos sufriendo las consecuencias de la desidia del Ministerio de Educación, ante el desastre de las clases online. Un desastre que no acabó ni mucho menos cuando volvimos a las aulas, sino que sigue profundizándose debido a que ante la falta de profesores y la proliferación de los brotes, somos muchos y muchas las que hemos tenido que volver a ellas.

Por ello es necesario que la actuación por parte del Gobierno central deje de responder a los dictámenes de los grandes empresarios, banqueros y capitalistas, y toman medidas serias, concretas y efectivas, que garanticen la salud de la clase trabajadora y la juventud, paralizando la actividad no esencial y garantizando permisos retribuidos.

Con nuestra salud y nuestro derecho a la educación no se juega

Debemos ser claros y contundentes, porque lo que nos jugamos es mucho. Vivimos días críticos y los Ministerios de Educación y de Sanidad están mirando hacia otro lado. La partida de 2.000 millones de euros que destinó el Gobierno a la educación, se ha evidenciado - tal como advertimos desde la comunidad educativa - como totalmente insuficiente para hacer frente a una vuelta a las aulas con garantías sanitarias y educativas. De hecho, según los datos presentados por la Federación de Enseñanza de CCOO habrían hecho falta 4.600 millones para iniciar el curso educativo y contratar a los más de 70.7000 docentes necesarios para bajar las ratios. Por eso no se puede afirmar que la segunda ola “nos ha cogido desprevenidos” cuando todos los virólogos llevan meses advirtiendo qué pasaría si el gobierno de Sánchez no se ponía manos a la obra. Estamos viviendo la confirmación trágica de hacer oídos sordos a estos avisos.

La declaración del Estado de Alarma y el toque de queda nocturno aprobado el 25 de octubre sólo tiene una intencionalidad: por un lado no cerrar la actividad económica no esencial y, por otro, echar balones fuera y pasar la responsabilidad a las CCAA. Es decir, una vez más recurrir a culpabilizar a la gente de los contagios apelando “responsabilidad individual” de cada uno y seguir criminalizando especialmente a la juventud de los rebrotes. Es insultante. No sólo tenemos que soportar una sanidad pública desmantelada mientras la privada sigue amasando enormes beneficios, residencias de mayores privatizadas que se han convertido en mataderos, la negativa constante del Ministerio de poner en marcha un plan de rescate a la educación pública, millones de trabajadores despedidos o en ERTEs… ¡Ahora la culpa es la juventud!

¡Necesitamos políticas de izquierdas de verdad!

En las últimas horas se ha anunciado la propuesta del PSOE-UP para los Presupuestos Generales del Estado, que han sido descritos como los presupuestos con “mayor inversión social pública” de la historia. Sin embargo hay que ser claros e ir al fondo de lo que hay detrás de estas cifras. Mientras que para reforzar la sanidad y la educación se destinan 4.000 y 2.200 millones de euros, el dinero público destinado a infraestructuras, cambio de modelo productivo e I+D+i (investigación y desarrollo) - del que se beneficiaran fundamentalmente grandes empresas y multinacionales - asciende a casi 23.000 millones de euros (un incremento cercano al 100%).

Pero no sólo eso, sino que de estos más de 6.000 millones que se destinan a sanidad y educación, no se especifica que vayan a la pública, sino que también podrán ir a manos de los empresarios del sector privado. En cuanto a las becas, estos presupuestos incluyen “la mayor partida de becas de la historia”, con un incremento de 500 millones de euros, algo muy positivo pero que sigue sin atajar el problema de fondo: asegurar la gratuidad de la educación y universidad pública, plazas suficientes para que bajen drásticamente las notas de corte, construir miles de plazas en residencias universitarias públicas... Y respecto a la enseñanza primaria y secundaria exactamente lo mismo. Los conciertos a la privada no se tocan, y de las necesidades para garantizar una vuelta segura a las aulas en la pública, ni se habla.

¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno central refuerce la educación y la sanidad públicas de manera inmediata? ¿Qué más tiene que pasar para que se legisle en beneficio de la mayoría de la población, de los trabajadores y los jóvenes, y no de los intereses de una minoría de privilegiados, empresas y bancos? Necesitamos políticas de izquierdas de verdad y no podemos esperar más. La educación pública está en ruinas y esta pandemia está demostrando que la situación es insostenible. El Gobierno del PSOE-UP no puede seguir con esta huida hacia delante y debe actuar inmediatamente para garantizar nuestro derecho a una educación de calidad y medidas drásticas ya. Por ello desde el Sindicato de Estudiantes exigimos:

1. Paralización inmediata de toda la actividad productiva no esencial, con permisos retribuidos para los trabajadores y trabajadoras y suspensión de la actividad lectiva presencial para frenar la curva.

2. Partida extraordinaria de 100.000 millones de euros – la misma cantidad que se ha regalado a la banca y el IBEX35 - que garantice la inversión económica, material y humana en la sanidad y la educación públicas.

3. Reversión de todos los recortes en la educación pública y fin del regalo de dinero público a la educación privada-concertada.

4. Plan de rescate a educación pública. Contratación masiva de profesorado. Inversión en los centros de estudio para garantizar la ventilación, distancia, geles desinfectantes y todas aquellas medidas de seguridad necesarias. Fin de la brecha digital y reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.

5. Contratación de centenares de miles de sanitarios, médicos, enfermeros e investigadores para poner a pleno funcionamiento los centros hospitalarios. Aprobación de un decreto ley urgente para poner la sanidad privada bajo control público.

Proteger la salud y los derechos del conjunto de los estudiantes, profesores y familias, del conjunto de la clase trabajadora y la juventud, debe ser una prioridad inapelable para este Gobierno. El negocio de las empresas, la sanidad y educación privada y los grandes magnates económicos no pueden estar por encima de los derechos de la población, y más cuando se da una situación de emergencia social sin precedentes.


Teoria Marxista

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