El pin parental ya es una realidad en Murcia. El acuerdo alcanzado entre el presidente de la región del Partido Popular, Fernando López Miras, y tres diputados de Vox para hacer fracasar la moción de censura del PSOE y Ciudadanos, incluía la puesta en marcha de esta medida franquista y machista en los centros de estudio. “El pin parental se va a implementar en un brevísimo plazo […] Es una bandera, un símbolo”, así lo resumía el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox.

Esto supone una brutal agresión  a la educación pública y nuestros derechos democráticos. La aplicación del pin parental  impedirá que se pueda impartir una educación laica y científica en nuestras aulas. Excluirá de la educación cualquier actividad o iniciativa que denuncie la violencia machista y la cultura de la violación, que defienda los derechos del colectivo LGTBI y de los estudiantes de familias inmigrantes; y se perseguirá a los profesores que más destaquen en la defensa de los derechos democráticos.

Nuestra educación en manos de fascistas, machistas y homófobos

El Partido Popular, mediante este acuerdo, ha regalado a sus amigos de Vox –con quienes comparten ideología y pactos de gobierno autonómicos – la Consejería de Educación en Murcia. Es evidente el peligro que supone que individuos que reivindican la dictadura, que niegan la violencia contra las mujeres, que abanderan la privatización de lo público o que hacen apología de la persecución contra los inmigrantes controlen una consejería tan importante.

Basta con darse una vuelta rápida por Internet para leer las aberrantes declaraciones de estos fascistas: “Los hijos de las madres solteras son conejos” (Francisco Carrera, diputado de Vox en Murcia), “Ser macho es una de las pocas cosas honrosas que hay en este mundo” (José Miguel Luengo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de San Javier), la ley de violencia machista “es radical y de ideología discriminatoria para los varones” (Inmaculada Ortega, portavoz de Voz en el Ayuntamiento de Murcia) o “Espero que la sociedad sea conscientes del grado de corrupción moral de un gobierno social-comunista vendido a la mafia arcoíris” (Carmen Menduiña, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca).

Esta panda de reaccionarios y reaccionarias corruptos –tanto de Vox como del Partido Popular– que han declarado una guerra abierta contra la izquierda, el movimiento feminista y quienes nos rebelamos contra sus políticas, quieren utilizar nuestros centros de estudio como una plataforma política para extender su mensaje de odio. Este es sólo el primer paso. ¿O acaso no exigirán también que se elimine nuestro derecho a huelga y a la protesta? ¿O no redoblarán las medidas represivas en los centros por nuestra forma de vestir? ¿O no permitirán que los institutos sean espacios por donde campen a sus anchas las manadas? ¿O no utilizarán el pin también para evitar que se les explique la teoría de la evolución ya que contradice el credo católico, el creacionismo o que Eva saliese de la costilla de Adán? Por supuesto que sí.

Quieren imponer de nuevo en las aulas el mensaje fascista y embrutecedor que nuestros abuelos y abuelas tuvieron que suportar durante 40 años de dictadura.

El clamoroso silencio del Ministerio de Educación

Y ante esta gravísima amenaza, ¿qué tiene que decir la ministra de educación Isabel Celáa? Parece que nada. Declaraciones vacías  como que la educación integral es un “derecho fundamental” y que la defenderá “por encima de cualquier veto”.

Tenemos que ser claros. Si hoy el pin parental se puede aplicar en Murcia es porque desde el Gobierno central se ha permitido. A principios de 2020, cuando Vox hizo pública esta propuesta, desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas insistimos al Gobierno de coalición que la única manera de frenar los pies a la extrema derecha en este terreno era prohibiendo por ley el pin parental, y acompañar esta acción de la puesta en marcha de una asignatura de educación sexual en las aulas y sacar de una vez por todas la religión de nuestras escuelas. Incluso convocamos una huelga estudiantil feminista el 6 de marzo que fue un éxito rotundo.

Pero mientras millones de estudiantes llenamos las calles de todo el Estado contra esta involución en nuestra educación, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? ¡Enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retirara el pin parental y dejarlo todo en manos de la justicia! La misma justicia patriarcal y clasista que golpea a las mujeres y protege a nuestros agresores y a los corruptos.

Somos así de contundentes porque nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestro derecho a una educación pública, laica, democrática y científica. La política educativa llevada a cabo por Isabel Celáa y su negativa a confrontar abiertamente con la patronal de la privada-concertada y con la jerarquía de la Iglesia Católica es la que está dando alas a la extrema derecha no sólo para aplicar el pin parental, sino para convertir los centros de estudio en espacios donde triunfe la ideología de la España, una, grande y libre. No podemos permitirlo.

Combatir a la extrema derecha en las calles y en las urnas

La aplicación del pin parental en Murcia es una amenaza para los y las estudiantes de todo el Estado y una avanzadilla de lo que puede pasar en los próximos meses en otros territorios. En Andalucía, Vox ya amenazó con romper su apoyo al gobierno andaluz si no se aplicaba este semestre el pin parental. Y es evidente de lo que sucederá en la Comunidad de Madrid si el 4 de mayo gana la ultraderecha de Ayuso y Vox en las elecciones autonómicas: pin parental, todavía más recortes y privatizaciones en la educación pública y una auténtica pesadilla para la juventud.

Este 4M tenemos una oportunidad en la CAM para barrer de una vez por todas a la extrema derecha. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todos los y las jóvenes a movilizarse en las calles y en las urnas contra el PP y Vox y a construir comités antifascistas en nuestros centros de estudio y en nuestros barrios. Al fascismo se le combate en las calles y levantando un programa de izquierdas y anticapitalista. ¡No pasarán!