Profesores andaluces reclaman más inversión en educación contra el fracaso escolar

El día 20 de febrero vio la luz la nueva gran maravilla en el terreno educativo de la Junta de Andalucía y que, se supone, viene a solucionar las preocupantes cifras del fracaso escolar reveladas por los estudios internacionales.
Las direcciones de CCOO, UGT y ANPE lo avalan con su firma. Su objetivo, "la mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos", a través, entre otras cosas ¡de un incentivo de productividad!

Como hemos visto en los debates electorales, los dirigentes de la Junta calibraban su compromiso con la educación en función del número de ordenadores por alumno o de centros "bilingües", pero quien conoce la realidad es el profesorado. Se despilfarra mucho dinero en ordenadores mientras la plantilla de maestros es inestable, vive en un estresante malabarismo de interinidades, horarios y sustituciones, y carece de la preparación informática adecuada.
El nuevo "Programa de calidad y mejora" ha sido la gota que ha colmado el vaso. El profesorado lleva demasiado tiempo acumulando tensiones. Las instalaciones precarias y la falta de personal y materiales se han convertido en norma en la profesión docente. La pérdida del poder adquisitivo también se hace notar, especialmente entre el profesorado más joven, que se encuentra encadenado a hipotecas asfixiantes. La subida salarial que históricamente reclama el profesorado andaluz, para equiparar su salario con el de las demás comunidades autónomas, nunca llega. El profesorado se las apaña como puede con los hijos de inmigrantes que no conocen nuestro idioma, así como con los alumnos con necesidades educativas especiales, en clases con 30 alumnos.

Incentivo de productividad

Y ahora la Junta pretende solucionar la papeleta aumentando la productividad de los docentes, que va a ser medida, entre otras cosas, por la cantidad de aprobados y promociones. Cobrará más el que apruebe a más alumnos. ¡Casi nada! Se disfrazan los desagradables datos del fracaso escolar y, de paso, se desvanece la histórica reivindicación de la homologación de los salarios.
Pero esta vez les ha salida el tiro por la culata. A finales de marzo, más de 1.500 centros ya habían expresado su rechazo a lo que muchos definen como un soborno. Los NO a la consulta representan ya a más del 90% del profesorado y todavía quedan centros por manifestarse. La campaña por el NO ha surgido en los propios centros, y se ha expresado a través de comunicados que han elaborado los maestros en sus claustros. Así es como ha expresado su rechazo el profesorado del IES Ruiz Gijón de Utrera (Sevilla):
"Entendemos que, con la publicación de este Programa, la Administración elude la enorme responsabilidad que tiene en el clima de deterioro de nuestra enseñanza y culpabiliza a los docentes (...) consideramos que este ‘incentivo' con el que se pretende ‘contentarnos', si realmente está destinado a mejorar la calidad de la educación como nominalmente se anuncia, se debe dirigir a dotar con mejores medios personales a nuestro centro. Aspectos como la disminución de la ratio, mayor número de profesores de apoyo, desdoble de determinadas asignaturas básicas, mayor celeridad a la hora de cubrir las bajas del profesorado...".
Los dirigentes de CCOO, UGT y ANPE no saben de qué manera convencer a sus propios afiliados, y se apresuran a publicar manifiestos explicando su postura, en un intento vano de recuperar algo de credibilidad. Así se expresan los de Utrera: "No nos sentimos representados por unos sindicatos que se doblegan a apoyar un programa educativo como éste. Pierden su sentido y se deslegitiman unos representantes de los trabajadores que no defienden la dignidad de éstos, que intentan dividirlos...".
Otros sindicatos menos representativos, como CGT, USTEA, APIA y SADI, empiezan a hacerse eco y están comenzando a convocar concentraciones para exigir a la Junta que retire el Plan.
Pero la Consejería de Educación huye hacia delante con un chantaje: anuncia que las 3.200 nuevas plazas proyectadas para el curso 2008/09 serán asignadas prioritariamente a los centros que acaten la Orden, perjudicando gravemente al alumnado de los centros que no la hayan aceptado.
De seguir por ese camino, la administración tendrá que pasar por encima de los intereses del alumnado y de las asociaciones de madres y padres, intentando pisotear la dignidad del profesorado que no está dispuesto a permitirlo: "Desde la comunidad de profesores pedimos (...) que no nos utilicen junto a nuestros alumnos para objetivos que no son los nuestros y manifestamos a quienes idearon este proyecto que se guarden un incentivo económico que no necesitamos para hacer bien nuestro trabajo". El profesorado ha hablado. Y puede hablar más alto, pero no más claro.