En plenos exámenes universitarios, y a través de los medios de comunicación, hemos conocido que algunas universidades han solicitado al Ministerio de Educación poder aplicar el decreto 3+2 a partir del próximo mes septiembre. Una medida que supondrá el encarecimiento de las matrículas universitarias hasta los 20.000 euros o más por titulación. Esta maniobra, hecha de nuevo a espaldas de la comunidad educativa, como ya se hizo con la propia aprobación del 3+2, no busca otra cosa que profundizar en la privatización y el desmantelamiento de la universidad pública.
Si bien el grueso de universidades que han solicitado su aplicación son privadas, hay tres públicas que también lo han hecho, las tres en Catalunya: la Universidad de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra y la Oberta de Catalunya (UOC), siendo la primera de ellas la que más alumnos tiene, con el 30% de los estudiantes de las universidades públicas catalanas. La excusa dada por las tres es que el compromiso de moratoria no se aplica en el caso de establecerse nuevas carreras.
La moratoria de los rectores, un fraude ¡Derogación inmediata del Decreto 3+2!
Hace ahora un año, estudiantes y profesores salimos masivamente a las calles en tres jornadas de huelga convocadas por el Sindicato de Estudiantes que hicieron temblar al ministerio de Educación. Fruto de la enorme presión social y el rechazo generalizado ante la aplicación del 3+2, los rectores también salieron públicamente planteando una moratoria de dos años para su aplicación. En ese momento nosotros les respondimos diciendo que esa no era la solución, que los estudiantes no queríamos la privatización de nuestras universidades ni ahora, ni en dos años, ni en diez. Lejos de ser una medida progresista, la famosa moratoria tenía el objetivo de calmar los ánimos, de frenar la movilización en la calle, permitiendo al gobierno del PP no derogar el decreto y guardarse esta medida en la recámara para más adelante, sin renunciar a su principal objetivo: privatizar y elitizar la universidad pública, convirtiéndola en un coto privado para los hijos de las élites. Ahora, a la luz de los hechos, podemos comprobar quién tenía razón.
Para muchos jóvenes que tenemos dificultades económicas para pagar cuatro años de grado, se presentará esta medida como una solución a la hora de obtener un título universitario “ahorrándose” un curso. Con esta excusa, se favorecerá la implantación del 3+2 en todas las universidades. Pero este decreto, lejos de ser una solución, es una gran trampa. Los títulos de grado se convertirán en papel mojado en el mercado laboral. En la práctica ni siquiera serán considerados como títulos universitarios. Sólo quien pueda costearse dos años de máster a precios desorbitados obtendrá un título válido para encontrar un empleo de calidad.
Quieren convertir la universidad en un cortijo cerrado a cal y canto para los que no tenemos recursos, como ya ocurre en Gran Bretaña o EEUU. Ahora son estas tres universidades, pero así se abre la puerta para su aplicación en todo el Estado y en todas las universidades públicas. Para mayor escarnio, esta medida se da al mismo tiempo que, año tras año, miles de estudiantes son expulsados de la universidad por no poder pagar las tasas o no tener becas para afrontar los costes de sus estudios.
¡La universidad pública no está en venta!
Junto con esta noticia se daba a conocer que la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la que tiene un mayor número de estudiantes matriculados de todo el Estado, ha aprobado una serie de medidas encaminadas a su completa privatización. Con la excusa de buscar fuentes de financiación, se abre la puerta a la empresa privada, entregándoles el poder de decisión sobre los planes de estudio, la creación de titulaciones, la contratación de profesores o la privatización de las patentes que surjan de los proyectos de investigación en los que estas empresas participen. Esto supone, en la práctica, la entrega de la universidad pública y de sus recursos a los intereses privados, cuya prioridad no es otra que hacer negocio.
La financiación de las universidades públicas se ha hundido con los recortes tanto del gobierno del PP a nivel estatal, como de Convergència en Catalunya. Ante esta realidad, los rectores, en lugar de impulsar y ponerse al frente de la movilización para exigir los presupuestos necesarios para garantizar la calidad y el acceso a la universidad pública de todo el mundo, intentan obtener nuevos recursos a cualquier precio, y eso les lleva a justificar medidas como la aplicación del 3+2 o la venta de la universidad al mejor postor. De esta forma, se den cuenta o no, terminan por posicionarse del lado de los que llevan adelante los recortes, y se convierten en simples correas de transmisión de quienes recortan nuestros derechos y privatizan la escuela pública.
Fruto de la movilización en las calles y de las más de 20 huelgas estudiantiles llevadas adelante en los últimos cuatro años, se han conseguido importantes victorias como paralizar las reválidas —el aspecto más lesivo de la LOMCE—, aplazar la aplicación del Decreto 3+2 y forzar la salida por la puerta de atrás del exministro Wert. Sin embargo, tanto el PP como Convergència, representantes políticos de los capitalistas, no han abandonado sus planes.
Es el momento de poner en práctica las demandas de los jóvenes y trabajadores que nos hemos manifestado en las calles en defensa de la educación pública durante todo este tiempo. Por eso llamamos a los partidos de la izquierda a que se hagan eco de la voz de los millones que hemos vaciado las aulas, llenado las calles y paralizado las universidades e institutos de todo el Estado en tantas ocasiones y exijan la paralización y derogación inmediata del Decreto 3+2. Si algo hemos aprendido en estos años es que únicamente la movilización nos puede llevar a paralizar los ataques que pretenden privar a la mayoría de la sociedad de los derechos más básicos. Por eso llamamos al conjunto de organizaciones de la comunidad educativa a denunciar enérgicamente estas maniobras y a salir unidos en defensa de una universidad pública de calidad para la inmensa mayoría.
