¡Por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, nacionalización de las empresas bajo control de las y los trabajadores!
Los ataques a la industria y a la clase obrera asturiana se incrementan. Si el pasado mes de agosto Alcoa vendía su factoría de Avilés al fondo de inversión suizo Parter Capital (cuya actividad consiste, entre otras cosas, en hacer negocio reflotando empresas con problemas económicos para volver a venderlas), con la consiguiente destrucción de empleo, los meses de septiembre y octubre han seguido la misma tónica. En estos momentos la multinacional Arcelor, motor de la siderúrgica asturiana aplica, en plena negociación del convenio, un ERTE que afecta a 1.700 trabajadores y trabajadoras.
Vesuvius: CCOO y UGT, renuncian, una vez más a la lucha en defensa de los puestos de trabajo
Pero sin duda el conflicto que más recientemente ha suscitado la solidaridad, y preocupación, de las y los trabajadores ha sido el de Vesuvius, empresa dedicada a la fabricación de material refractario para la siderurgia, y con plantas en Langreo y Miranda de Ebro. En el momento de escribir este artículo acabamos de conocer el desenlace, al menos temporal, de este conflicto.
Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Asturias, anunciaba la aceptación por parte de la plantilla de la oferta de la empresa, esto es, el cierre de las dos plantas y el despido de 128 trabajadores, el total de la plantilla. Solo continuarán 19 personas en labores comerciales a la espera de que se constituya una «mesa técnica» en la que, empresa, CCOO y Gobierno del Principado (PSOE) elaboren una nueva actividad industrial.
Vesuvius, el cierre de la minería y la compra de la paz social; de aquellos polvos estos lodos
El pasado 12 de septiembre la multinacional presentaba un expediente de regulación de empleo que afectaba a toda la plantilla. La justificación era la crisis del sector, un argumento inaceptable viniendo de una empresa que, como muchas otras en las cuencas mineras, ha recibido suculentos fondos públicos (1,9 millones del Estado y 0,3 de los fondos mineros) y cuyas ventas y beneficio están en pleno auge; en 2018 las ventas ascendieron a 42,7 millones de euros, experimentando los beneficios un aumento del 35.7% respecto al año anterior.
La verdadera razón reside en la lógica misma del sistema capitalista: deslocalización de la producción hacia zonas con salarios más bajos, en este caso Polonia, para así incrementar la cuenta de resultados. El silencio respecto a este punto de las direcciones sindicales es atronador.
Pero Vesuvius es uno más de la multitud de empresas que se instalaron en las cuencas mineras tras el cierre de la minería atraídas por las subvenciones públicas que se repartieron a través de los famosos fondos mineros y que sirvieron para llenar los bolsillos de empresas de rapiña.
Se instalaron en la cuenca, se embolsaron las subvenciones y al poco se fueron sin devolver un solo euro, dejando la comarca arrasada y plantillas enteras en la calle. Los fondos mineros fueron el método ideado por los Gobiernos del PP, primero, y del PSOE después, para comprar la paz social mientras se cerraban los pozos mineros y se destruían miles de puestos de trabajo. Todo, con la imprescindible colaboración de las direcciones de CCOO y UGT.
Según fuentes del sindicato minero SOMA-UGT entre 2006 y 2009 fueron 269 las empresas que se repartieron 126 millones de los fondos mineros con el compromiso de crear 3.844 empleos. Lo que esto supuso en realidad fue que a los empresarios se les colocó en bandeja de plata la oportunidad de crear empresas fantasmas para beneficiarse de cuantiosas subvenciones y al cabo de unos años desaparecer. Empresas como Venturo XXI, Diasa Pharma, Kerkus Metals, Ascamon, Autotex y Alas Aluminium, que representaban el 20% de creación de empleo, han echado el cierre.
El fracaso de la política sindical de aceptar el «mal menor»
Las direcciones de CCOO y UGT han claudicado en la práctica, de forma vergonzosa, ante la patronal y los distintos Gobiernos que han defendido, más allá de los discursos demagógicos de «en defensa del futuro de la región», los intereses empresariales.
Aceptando el chantaje patronal de los cierres y deslocalizaciones, la estrategia de las grandes centrales sindicales se ha limitado a negociar el número de despidos y las indemnizaciones, abandonando y renunciando desde el minuto uno a la lucha por el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo.
Ahora en conflictos como el de Alcoa, Arcelor o este último de Vesuvius, volvemos a escuchar los viejos cantos de sirena que nos han llevado una y otra vez al desastre: suplicar al Gobierno de turno que busque otro inversor o que se subvencione aún más al empresario. Estas han sido y siguen siendo las directrices de la estrategia sindical de las direcciones de CCOO y UGT.
Pero la experiencia de todos estos años es tozuda y elocuente: hasta 2012 se habían repartido 5.492 millones en ayudas directas a las empresas de las cuencas mineras, de los que el 38,4% (2.100 millones) fueron destinados a los yacimientos de Victorino Alonso, presidente de la patronal minera, que llegó a encabezar manifestaciones de mano de la burocracia sindical; hoy en día todos sus pozos están cerrados.
Esta táctica sindical es la que ha facilitado el enriquecimiento de todos estos bandidos y, ha creado las condiciones para el florecimiento de la corrupción sindical. El caso más elocuente es el de José Ángel Fernández Villa, el exlíder del sindicato minero SOMA-UGT. Este fue investigado tras intentar blanquear 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de Montoro y condenado a la cárcel tras, entre otros asuntos, comprobarse, que se había embolsado dinero del Montepío de la minería.
Frente al chantaje patronal, la única opción realista es la nacionalización
En Vesuvius se acaba de aceptar un acuerdo que asume el cierre de la factoría y los despidos; a cambio la multinacional ofrece solo palabras. Una vez más se pone el futuro de los trabajadores en manos de la buena voluntad de una empresa que echa el cierre a pesar de tener beneficios y de los Gobiernos nacional y regional que son cómplices del desmantelamiento progresivo de las cuencas mineras.
Pero esta actitud sindical no se corresponde en absoluto con las aspiraciones reales de las plantillas de las empresas afectadas, ni de la población en general. El ambiente real lo hemos podido ver cuándo se ha dado un mínimo cauce que ha permitido que emerja a la superficie la firme disposición a movilizarse de la población en su conjunto para detener la desertización industrial.
En el caso de Vesuvius, la dirección de CCOO ofrece a la plantilla la aceptación de este desastroso acuerdo sin haber convocado una sola jornada de huelga general en la comarca, sin haberse planteado recurrir, para contrarrestar la embestida patronal, al enorme potencial de movilización de toda una región que además y para mayor escarnio «sindical» posee una enorme tradición de lucha.
Los y las trabajadoras necesitamos recuperar un sindicalismo combativo, que defienda una alternativa a lo que el capitalismo nos ofrece, rechazando categóricamente, en primer lugar, el supuesto «derecho» de los capitalistas a cerrar empresas, reivindicando su nacionalización bajo control de los y las trabajadoras. Pensar que las mismas empresas que cierran y despiden van a garantizar una alternativa a las personas y comarcas afectadas, no es nada realista.
Es necesario exigir su nacionalización y presionar en esa dirección con un plan de lucha decidido para extender la movilización y que esta vaya en ascenso. Esto que requiere contundencia y determinación, es la única opción realista para evitar la destrucción de empleo.
Poner a los y las trabajadoras, que han dado sobradas muestras de combatividad y han generado un gran movimiento de solidaridad, en la tesitura de tener que escoger entre una indemnización por despido improcedente, la prejubilación o nada, es, en la práctica, colaborar con el chantaje patronal y significa echar por la borda la solidaridad y el potencial para extender el conflicto, a la vez que fortalece la semilla de la desmoralización entre la clase obrera. Con esta práctica, las direcciones de CCOO y UGT contribuyen a condenar a comarcas enteras y a cerrar el futuro laboral a miles de jóvenes.
Existe la fuerza para luchar y frenar esta sangría de destrucción de empleo; existen los motivos, el apoyo y la solidaridad para preparar una huelga general en las comarcas afectadas por los cierres y despidos que sea el punto de partida para la convocatoria de una gran huelga general en Asturias contra la destrucción de empleo, para combatir la desertización industrial y en defensa del futuro de la clase obrera asturiana.
