El pasado 3 de junio se anunció la privatización del servicio de limpieza del Hospital Universitario Gregorio Marañón, uno de los hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid (CAM). Se privatiza la limpieza de más de 33.000 metros cuadrados que contienen un 87% de “áreas sanitarias críticas o semicríticas”.

Con esta medida, adoptada con un absoluto secretismo, y desmentida inicialmente por el Gerente del Hospital, ya serían 19 los hospitales de Madrid con servicios de limpieza privatizados de cara a garantizar los negocios de multimillonarios como Florentino Pérez. Esta decisión pone en el punto de mira a las 550 trabajadoras que hasta ahora formaban parte de la bolsa pública de empleo.

El sector de limpieza es uno de los más precarios en los hospitales madrileños, incluso entre las trabajadoras de la bolsa pública. Con la privatización, las plantillas han sufrido un continuo proceso de precarización laboral y un aumento de los ritmos de trabajo, al reducirse el número de operarias. Algo que además ha ido en detrimento del servicio.

Nos encontramos ante un sector feminizado, que sufre un gran desgaste físico, con ritmos de trabajo brutales, cubriendo zonas para las que no dan abasto y conviviendo con patologías como el síndrome del túnel carpiano, lumbalgia o artritis fruto de su actividad laboral. Durante la pandemia se han jugado la vida en hospitales abarrotados de pacientes, expuestas a crisis de ansiedad y depresión al encontrarse en la primera línea de batalla. Ahora el Gobierno de Díaz Ayuso las paga con la privatización, la precarización y posiblemente el despido de muchas de ellas. ¡Es una vergüenza!

¡Basta de hacer negocios a costa de la sanidad pública!

Estas limpiadoras realizan en los hospitales una función de vital importancia, invisibilizada y ninguneada. Sin una adecuada limpieza, el trabajo del resto de profesionales sanitarios sería completamente estéril e impotente. De hecho, la privatización de la limpieza en los hospitales está vinculada a una mayor tasa de infecciones.

Tras esta pandemia, no solo es inaceptable que sigan privatizando servicios como la limpieza, sino que es necesario recuperar los servicios ya privatizados, incorporando sus plantillas a la red pública, reforzándolas, y acabando con la enorme precariedad laboral y salarial existente. Así sí se garantizaría una sanidad pública de calidad de cara a enfrentar uno o más rebrotes. Pero a Díaz Ayuso y su Gobierno no el importa nada de esto, ¡solo los negocios de sus amiguetes!

El PP, Ciudadanos y Vox gestionan la CAM como un cortijo privado, garantizando beneficios multimillonarios a empresarios afines con dinero público. Es lo que ha ocurrido con el hospital de campaña del Ifema, que acumula 18.5 millones de euros en adjudicaciones a empresas como CLECE, de Florentino Pérez, o con los hoteles medicalizados, una jugosa fuente de negocios para el sector hotelero. Incluso en medio de una tragedia como esta, como hemos conocido esta semana respecto a las residencias de mayores con la llamada “operación bicho”, estos individuos no dejan de buscar como sacar tajada. No tienen ningún escrúpulo.

El propio hospital Gregorio Marañón lleva una década en el punto de mira. Ha perdido 379 camas disponibles desde 2008, un 20% menos. En paralelo, su plantilla se ha reducido en un 14% en los últimos 10 años. Una reducción que no se explica por una menor presión asistencial, dado que el número de personas atendidas por los servicios de urgencias aumentaron desde 224 mil pacientes hasta 251 mil entre 2012 y 2018.

Servicios como la limpieza también se han visto afectados por esta situación. Algo que se agravará, como ocurre siempre, con la privatización. Tanto el gerente del hospital, Joseba Barroeta, como otros dos altos cargos, Carmen Oñate y José María Blanco, actúan para garantizar la privatización. Por eso, tal y como piden las trabajadoras, deben dimitir inmediatamente.

¡Sí se puede parar la privatización!

Tal y como demostró la Marea Blanca, estos ataques se pueden revertir, pero solo con una movilización decidida y contundente. Por eso mismo es necesario que los sindicatos, especialmente CCOO, UGT y CGT, y los sindicatos combativos de la sanidad como MATS y AMYTS, impulsen la lucha contra la privatización en el Gregorio Marañón con un plan de lucha contundente que incluya:

1) Un calendario de paros con unos servicios mínimos determinados por las propias trabajadoras, de cara a evitar que estos se utilicen para impedir el ejercicio del derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo de Unidas Podemos debe garantizar el derecho a huelga e impedir decisiones arbitrarias por parte de la CAM. Elección de un Comité de Huelga democrático en las propias Asambleas de trabajadoras. Campaña pública dirigida a los pacientes, familiares y vecinos de cara a obtener apoyo económico.

2) Asambleas de todo el personal del hospital Gregorio Marañón para expresar la solidaridad con las trabajadoras de la limpieza, acordar acciones concretas y paros que apoyen su lucha e impulsar una Caja de Resistencia que permita sostener la huelga.

3) Reuniones con el personal de los servicios de limpieza privatizados del resto de hospitales, con el objetivo de de concretar acciones conjuntas para frenar la privatización en el Gregorio Marañón y pelear por la recuperación de dichos servicios para la red pública en la siguientes condiciones: mantenimiento de todo el empleo, incremento drástico de las plantillas, salarios y condiciones laborales dignas, reducción de la jornada laboral manteniendo los salarios y reconocimiento de todas las enfermedades profesionales.

4) Organizar e impulsar una huelga general en el conjunto de la sanidad pública madrileña, tanto de sanitarios como de servicios asociados (limpieza, cocina, lavanderías, etc.), aprovechando tanto la lucha del Gregorio Marañón como la huelga de médicos residentes prevista a partir del 13 de julio. Una huelga con el objetivo de revertir todos los recortes y privatizaciones. ¡Basta de lucrarse a costa de nuestra salud!

Necesitamos echar al Gobierno de Díaz Ayuso y sus políticas de recortes y privatizaciones. Las fuerzas de izquierdas en la Asamblea de Madrid, y especialmente Unidas Podemos y Más Madrid, deben exigir ya la dimisión de Díaz Ayuso y su Gobierno. No basta con pedir en el Parlamento madrileño una comisión de investigación sobre lo que ya resulta evidente.

El Gobierno central debe tomar cartas en el asunto e intervenir, comenzando por frenar esta privatización, y garantizando unos servicios de limpieza en la sanidad 100% públicos y de calidad. Tras la masacre que se ha producido en Madrid, y tras todo lo que estamos conociendo, hay razones más que de sobra para tomar el control de la sanidad y las residencias y procesar al corrupto Gobierno de Ayuso y a sus colaboradores.

¡La sanidad pública no se vende, se defiende!