El pasado 30 de diciembre el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao (Lugo) firmaba la propuesta presentada por la multinacional que supone la paralización de la planta de producción de aluminio primario durante 2 años, lo que afectará a más de 1.000 trabajadores entre principal, auxiliares e indirectos. Así, casi 24 años después de que Alcoa comprase a precio de saldo el grupo público Inespal, la última fábrica de aluminio primario en el Estado español paraliza su producción.

El acuerdo aprobado: futuras inversiones, promesas y garantías de paz social… como en Nissan


El formato del pacto alcanzado es el mismo que el que firmaron CCOO y UGT en Nissan y sigue un esquema idéntico al de tantos otros. Por un lado, la empresa consigue su objetivo principal, en este caso la paralización de las cubas electrolíticas (con toda la actividad asociada a estas) y la planta de ánodos, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Después de esta fecha se supone que comenzaría el reinicio progresivo que se completaría en 6 meses.

Y por otro, se firman “compromisos”, que se publicitan a bombo y platillo, de inversión y promesas de volver a producir en el futuro. En este sentido, Alcoa dice que creará un fondo de 90 millones de euros para la vuelta a la actividad y la modernización de la planta y ha anunciado acuerdos con dos empresas de energías renovables (Greenalia y Capital Energy) para obtener energía a un “precio competitivo”.

Siguiendo con el guion de este tipo de acuerdos, las promesas y compromisos van acompañados de migajas para y solo para, los trabajadores de la principal. A estos, se dice que no se les aplicarán ERE o ERTE hasta 2026, y durante los 2 años que dure la paralización los operarios realizarán tareas de mantenimiento, formación y/o gozarán de permisos retribuidos. Además, se firma un convenio con vigencia desde 1 de enero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2025 con un incremento anual del 2,2% revisable según IPC.

Para los obreros de las auxiliares absolutamente nada. Alcoa dice que va a garantizar contratos hasta 2024 para “minorar el impacto en las empresas auxiliares”. La experiencia confirma que esta declaración de intenciones no asegura absolutamente nada. Además dichas empresas no tendrán ninguna traba para llevar a cabo los despidos colectivos que consideren.

A su vez y satisfaciendo una de las exigencias centrales de la empresa y de los Gobiernos de la Xunta de Galicia y el central, los trabajadores deberán desconvocar todas las movilizaciones y garantizar la paz social durante estos años.

Y como colofón y de la misma forma que en otros acuerdos de este tipo, la empresa, el comité de empresa y los Gobiernos de Feijóo y de PSOE y Unidas Podemos, haciendo piña en el esfuerzo común para presentar lo pactado como “el acuerdo menos malo”, y como “una oportunidad para modernizar y preparar la factoría para un futuro viable”. Esta es la misma melodía que los trabajadores de la Nissan escucharon antes de firmar el cierre de la planta, o la que los trabajadores de la antigua Inespal han venido escuchando antes de que Alcoa echase el cierre de cada una de las factorías.

En estas condiciones, los trabajadores, puestos entre la espada y la pared, sin ningún tipo de alternativa y con esta como la única propuesta del comité después de año y medio de lucha, votaron a favor de firmar en estos términos con la empresa.

A pesar del chantaje brutal al que han sido sometidas las plantillas, el descontento entre los trabajadores es evidente y el propio resultado de las votaciones es una prueba de ello. Entre los obreros de la principal casi el 44% de la plantilla no ha votado a favor del acuerdo, mientras que entre los de auxiliares más del 58% de los que han depositado su papeleta, lo han hecho en contra.

¿Es realmente inviable producir aluminio en Europa?

El coste desorbitado de la energía eléctrica ha sido la excusa que la multinacional ha utilizado para justificar esta paralización, siguiendo el ejemplo de otras fundiciones europeas con una envergadura similar que también han anunciado la reducción de su producción para 2022(1).

Pero esta excusa es absolutamente falsa. En los 3 primeros trimestres del año pasado Alcoa obtuvo un beneficio global neto de 708 millones de euros como consecuencia de unas ventas que aumentaron un 27,8% respecto al mismo período del año anterior. De hecho, solo entre julio y septiembre, ya con la electricidad disparada (especialmente para las familias trabajadoras), su beneficio global neto fue de 290 millones de euros.

Esto ha sido posible porque el precio del aluminio primario se ha disparado. Mientras que a lo largo del año 2020 su precio medio fue de 1.700 dólares por tonelada, muy similar al de 2019, en los tres primeros trimestres de este año se aproxima a los 2.500, llegando a sobrepasar los 3.200 dólares por tonelada durante algunos días del mes de octubre. La perspectiva que muchos analistas trazan para 2022 es que el precio medio del aluminio se sitúe en los 3.000 dólares por tonelada.

El motivo de esta subida radica en que mientras la demanda se dispara, de la mano de sectores tradicionales como la automoción o la aeronáutica, y de muchas de las tecnologías asociadas a la transición energética, la oferta se reduce, debido, entre otros factores a la reducción de la producción en China (quien produce el 57% del aluminio primario mundial y prevé recortar su capacidad de producción anual alrededor del 7%).
Con este panorama la perspectiva del sector para 2022, según ING Group, es que habrá un déficit de ¡1,5 millones de toneladas de aluminio en el mercado mundial! Y las previsiones son que esta situación pueda seguir así durante años.

El motivo de este parón nada tiene que ver, por tanto, con unas supuestas pérdidas provocadas por el precio de la energía y mucho menos por una mala perspectiva para el sector, se trata de un chantaje puro y duro para poder empeorar las condiciones laborales de los obreros y para obtener la energía a precio regalado.

De esta forma, mientras hacen caja aprovechándose de una situación que ellos mismos contribuyen a generar, ejercen presión para obtener más beneficios fiscales mediante mecanismos como la creación de un estatuto “hiperelectrointensivo”(2), y para ser los máximos beneficiados de los bajos precios de la energía proveniente de unas fuentes renovables para cuyo desarrollo no pondrán un solo euro, seremos los trabajadores quienes lo hagamos a través de la factura de la luz y de los impuestos.

La única alternativa realista pasa por la nacionalización bajo control obrero

Nos encontremos ante el cierre definitivo o ante un nuevo pulso para maximizar sus beneficios, lo que está claro es que las políticas procapitalistas de los diferentes Gobiernos hasta la fecha, incluido el de PSOE y Unidas Podemos, no solo no han servido para frenar la voracidad de las empresas, sino que se han llevado por delante a un grupo industrial que hace dos décadas contaba con 4.500 trabajadores en la plantilla principal.

Por eso, seguir insistiendo en estrategias orientadas a buscar un socio capitalista o a satisfacer a Alcoa suponen una condena de antemano para cualquier lucha. Lo hemos visto recientemente con las plantas de A Coruña y Avilés, cerradas y en concurso de acreedores tan solo 2 años después de su venta al grupo Parter Capital Group; o con la reciente espantada del grupo Great Wall Motors que se iba a encargar de reindustrializar la Nissan de Barcelona.

El contrapunto al papel del Gobierno y los representantes sindicales lo han puesto los trabajadores de Alcoa que mediante huelgas, paros y piquetes durante año y medio han ganado el apoyo del resto de la clase trabajadora y la juventud de la comarca de A Mariña, consiguiendo una simpatía total que provocó que miles de personas abarrotaran las calles de Viveiro o Burela y secundaran una jornada de huelga comarcal seguida masivamente.

Este camino tan trillado seguido por el comité de Alcoa es un auténtico callejón sin salida. Es imprescindible llevar a cabo un cambio radical de estrategia y utilizar todo el potencial para la lucha demostrado por los trabajadores de Alcoa y la clase obrera de la comarca, para dar una batalla por garantizar de verdad el futuro de miles de familias.

En primer lugar, dotando a esta lucha de un objetivo que garantice una sostenibilidad real del empleo y del medioambiente. Esto pasa por romper con la lógica capitalista según la cual las empresas deben ser gestionadas buscando la maximización de beneficios.

Hay que exigir al Gobierno:

1. Expropiación sin indemnización, y reclamar a la multinacional la devolución de todas las ayudas recibidas.
2. Nacionalización bajo control de los trabajadores de las plantas de Lugo, Avilés y A Coruña, y conformación de un gran grupo público de producción de aluminio.
3. Elaboración de un plan para modernizar las plantas, para asegurar su sostenibilidad productiva y medioambiental, garantizando que la producción de aluminio se convierte en uno de los pilares de una transformación energética real.

Para lograr estos objetivos y como es evidente que esto no forma parte de los planes de este Gobierno, es imprescindible elaborar un plan de movilizaciones orientado a extender y radicalizar la lucha:

1. Hay que romper con la atadura que supone el compromiso de paz social y reiniciar las movilizaciones.
2. Unificando un calendario de movilizaciones conjunto con los trabajadores de las factorías de Avilés y A Coruña que concluyan con la convocatoria de huelgas en las distintas comarcas.
3. Coordinándose con otros colectivos en lucha del resto del Estado para organizar movilizaciones en torno a un plan de rescate general de la clase trabajadora.

¡Alcoa no se cierra! ¡La lucha es el único camino!

Notas:

1Rumanía carece de electricidad. ALRO producirá 60% menos de aluminio  --   La mayor fábrica de aluminio de Europa, en Francia, reduce producción por el disparatado precio de la electricidad

2 Con las bonificaciones que tenían hasta ahora estaban pagando la energía eléctrica a 4 céntimos por kilovatio/hora frente a los 9 del resto de la industria y los 23 que pagábamos las familias trabajadoras, lo que les permitió ahorrarse más de 1.000 millones de euros entre 2008 y 2018.
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