El 3 de septiembre un portavoz de la Federación del Automóvil de CCOO manifestaba su opinión de que la caída de la demanda de automóviles en el Estado español no tendría consecuencias en el empleo, puesto que su producción se destinaba fundamentalmente a la exportación, y en alusión a los temores suscitados pedía "huir del catastrofismo y hablar con rigor".
El 3 de septiembre un portavoz de la Federación del Automóvil de CCOO manifestaba su opinión de que la caída de la demanda de automóviles en el Estado español no tendría consecuencias en el empleo, puesto que su producción se destinaba fundamentalmente a la exportación, y en alusión a los temores suscitados pedía "huir del catastrofismo y hablar con rigor".
El día 9, las factorías de Ford en Almussafes (Valencia) y General Motors en Figueruelas (Zaragoza) anunciaban su decisión de suprimir 1.900 empleos mediante expedientes de regulación de empleo temporales. Ford obtuvo 750 millones de beneficio en el 2º trimestre del 2007. Aún así, en mayo de este año presentó un nuevo plan de reducción de plantilla en EEUU porque no "prevemos beneficios para el año 2009, aunque estamos teniendo un notable crecimiento fuera de Norteamérica". Sin embargo, tan sólo tres meses después, la Ford en el Estado español ha lanzado un expediente que afecta a 1.300 de los 7.500 trabajadores que tiene en plantilla, planteando que los empleados volverán a incorporarse en enero si las condiciones siguen siendo las mismas. Suponemos que, si como apuntan todos los indicadores las condiciones empeoran, podrían prolongar el expediente o hacerlo definitivo en forma de despido colectivo.
General Motors suprimirá 600 empleos durante todo un año, medida que justifica con la caída de un 10% de la demanda. Pero durante el año 2007 la GM obtuvo un 10,5% de beneficios en mayo, un 6,8 en agosto y un 9,6% en octubre. Aún así planteó despedir a 75.000 trabajadores en EEUU, amparándose en las pérdidas históricas obtenidas ese año en ese país. En realidad, los números rojos que presentaba la multinacional se debían a los 38.300 millones de dólares de "gastos especiales" que correspondían a su brazo financiero (GMAC Financial Services), sin este agujero derivado de la especulación habría obtenido unos beneficios de 64 millones de dólares.
Crisis en el sector del automóvil
Indudablemente, la aguda crisis económica internacional ya está teniendo un impacto brutal en sectores como el automóvil. El descenso de las ventas en el Estado español un 40% en agosto es un dato indiscutible. Pero esos datos por sí solos no presentan una imagen real de la evolución de los beneficios empresariales durante más de una década de crecimiento ininterrumpido, beneficios que se han engordado aún más a costa de abaratar y precarizar el empleo y deteriorar las condiciones laborales.
Luis Valero, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, reconocía que "tras la bonanza económica de los últimos años, a los fabricantes de coches les han ido las cosas bien" pero que, tras estos primeros expedientes, era "probable" que se produjeran otros muchos. De hecho, los despidos colectivos en el sector han aumentado un 15% en el primer semestre de este año.
La patronal tratará de volcar todo el peso de la situación en las espaldas de los trabajadores. Pero una cosa es ser conscientes de la gravedad de la situación económica y prepararnos para defendernos de los ataques que ya están llegando y otra muy distinta actuar como la pata "izquierda" de las multinacionales del sector. Las declaraciones del responsable del Metal de UGT-Aragón, Luis Tejedor, son absolutamente deplorables. Implican asumir plenamente los argumentos de la patronal y condena a los trabajadores a resignarse ante los despidos. Tejedor declaraba que "va a ser inviable mantener el actual volumen de puestos de trabajo" y pide a las compañías "información clara y transparente" para que las empresas auxiliares puedan reaccionar a tiempo y actuar "de la forma menos traumática posible en términos laborales"(!!). En torno a la General Motors en Zaragoza operan más de 150 empresas auxiliares con una plantilla de 16.500 trabajadores. Ante este escenario la única reacción es pedir a las empresas que avisen lealmente cuándo, cuánto y por cuánto tiempo van a reducir la producción y recortar empleo para que la gente pueda ir buscándose otro trabajo. Pero para hacer ese tipo de declaraciones no hace falta ser un dirigente obrero, basta con ser un empresario paternalista, cínicamente preocupado por el futuro de sus muchachos.
Unificar los conflictos en defensa de nuestros puestos de trabajo
En la base de estas actitudes está la ausencia de una alternativa política capaz no sólo de obtener avances en nuestras condiciones de vida bajo el sistema capitalista sino también de defender un sistema político alternativo que, precisamente, evite este tipo de caos económico que condena a millones de trabajadores al paro, la precariedad, y el constante temor por su futuro.
Las direcciones de CCOO y UGT tienen ante sí la enorme responsabilidad de encabezar las luchas en el difícil periodo que se avecina. Es un error caer en la trampa de aceptar despidos y empeoramiento de las condiciones laborales con la excusa de la crisis económica, como lo ha sido tolerar la moderación salarial y la pérdida de derechos durante los años de vacas gordas con el falso argumento de que era necesario aceptar sacrificios para que los patrones invirtieran.
Lo que toca ahora no son declaraciones minimizando el impacto de la crisis, ni hacerse eco de los argumentos interesados de la burguesía, sino establecer un plan de lucha que permita utilizar la fuerza de los trabajadores para defendernos ante la ofensiva que vendrá. Eso pasa por unificar los conflictos, huir de visiones localistas y parciales y defender consignas que cuestionen la legitimidad de un puñado de empresarios para determinar el destino de millones de obreros. Ante las pretensiones de aprovechar la situación para empeorar aún más los salarios, defender la mejora del poder adquisitivo frente a los beneficios empresariales multimillonarios del último periodo. Ante la cascada de cierres y deslocalizaciones que se avecinan, recuperar la demanda de la nacionalización de las empresas bajo control obrero.
Al conocer la noticia del expediente de Ford en Almussafes, un portavoz del comité de empresa declaraba que no iban a permitir que la empresa volcara toda la crisis en las espaldas de los trabajadores y pedía "un equilibrio entre los intereses empresariales y los intereses de los trabajadores". Ese equilibrio no es posible, porque ambos intereses son irreconciliables.
