El fiscal pide hasta 4 años de cárcel
Hay novedades en el caso de la ocupación de las pistas de El Prat y, desde luego, nada favorables a los trabajadores. El fiscal pide entre 3 y 4 años de cárcel para 27 de los 400 trabajadores que en julio de 2006 ocuparon las pistas del aeropuerto de El Prat en protesta por la inminente segregación del servicio de tierra de la compañía Iberia, y sus consecuencias en forma de despidos y subcontratación en precario.
La fuerte campaña de criminalización dirigida contra estos trabajadores, que se inició entonces, parece haber dado una vuelta de tuerca más con esta nueva petición del fiscal, que en concreto pide cuatro años de cárcel para dos dirigentes de UGT, Omar M. (en la época, secretario general de política institucional de la Federación de Transportes) y José Luis G. (miembro del comité de empresa y secretario general de la Federación de Transportes del Baix Llobregat), a los que acusa de haber alentado al resto de trabajadores a ocupar las pistas, en una asamblea celebrada previamente; y penas de tres años para los otros 25 trabajadores a los que se acusa de delito contra el tráfico aéreo, desobediencia grave y resistencia a la autoridad, alternativamente de desórdenes públicos.
En todo este tiempo, los trabajadores han tenido que soportar una auténtica persecución por parte de la compañía, que durante un año y medio se ha dedicado a sancionar, incluso aleatoriamente, a muchos trabajadores sin siquiera haber probado su participación en la ocupación de las pistas y sin darles la oportunidad de defenderse. Muchas de estas sanciones han sido declaradas improcedentes por su falta de consistencia y en algunos casos por irregularidades en el reconocimiento de algunos trabajadores sancionados, que en la época del incidente se encontraban, incluso, en situación de baja temporal. Esta situación, no es simplemente un hecho aislado, sino que se da en un contexto de constante precariedad en los contratos y en los servicios. Se contrata temporalmente para cubrir servicios estructurales y permanentes en los casos de servicios en tierra. No es de extrañar que la empresa se sirva de todo tipo de estratagemas para dar un escarmiento público a los trabajadores.
La petición del fiscal: un serio aviso
Tampoco es casualidad que esta desproporcionada petición del fiscal se produzca en un contexto como el actual, donde cada día se suman más y más trabajadores a la lucha en defensa de sus puestos de trabajo y donde también la policía se está empleando con contundencia extrema, como en el caso de Panrico (Cornellá) y Esteban Ikeda (Barcelona), allí varios trabajadores han tenido que ser hospitalizados debido a las brutales cargas policiales.
Esta petición del fiscal, unida a esta escalada de represión hacia los trabajadores, constituyen serios avisos al movimiento obrero en general y a sus dirigentes en particular, a los que se les deja claro que quien no esté dispuesto a aceptar la nueva situación ya sabe lo que le espera.
Ante esta situación UGT y CCOO no deberían permanecer impasibles y confiados esperando una sentencia favorable del juez, sino que deberían lanzar una contundente campaña pública, informando en los centros de trabajo, sacando el caso a la luz y demostrando al conjunto de los trabajadores que es posible parar estos brutales ataques a nuestra clase, con unidad y con la enorme fuerza que posee la clase trabajadora, ahora más que nunca dispuesta a la lucha.
