Las negociaciones para reformar la negociación colectiva que actualmente mantienen los dirigentes de CCOO y UGT con la CEOE tienen una gran importancia porque atañe a la columna vertebral del movimiento obrero organizado. La lucha histórica por un sindicalismo de clase fue, en primer lugar, la lucha contra la imposición por parte de la patronal de las condiciones laborales y, en segundo lugar, la lucha para superar la negociación individual e imponer el derecho a negociar colectivamente las mismas.
Lamentablemente, todo indica que los dirigentes de CCOO y UGT están dispuestos a seguir por esa senda de claudicación. En el acuerdo de criterios básicos para afrontar la negociación de esta nueva reforma, suscrito por ambos sindicatos y la patronal el pasado 26 de enero, se recoge la necesidad de “dinamizar” la negociación colectiva, de “adecuarse con el mayor realismo” a las dificultades provocadas por la crisis económica y de “racionalizar” los convenios. Traducido a un lenguaje que los trabajadores entiendan, esto significa lo siguiente.
4 Dinamizar la negociación colectiva: Se refiere a la llamada ultractividad, es decir, la prórroga automática de los convenios tras finalizar su vigencia, una circunstancia muy favorable a los trabajadores, puesto que permite afrontar la negociación del nuevo convenio sin una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Mientras la patronal quiere que la ultractividad desaparezca transcurrido un tiempo dado sin que se haya firmado un nuevo convenio (uno o dos años), los sindicatos están dispuestos a introducir cambios (que evidentemente empeorarán lo que tenemos ahora), pero sin llegar al extremo que plantea la patronal. Los tiros podrían acabar yendo por una mediación o un arbitraje una vez transcurrido determinado plazo sin conseguir llegar a un nuevo convenio. Una vez más, la política de la resignación y el mal menor.
4 Adecuarse a las dificultades: Es lo que se conoce como flexibilidad interna de las empresas, es decir, el aumento del poder empresarial para cambiar las condiciones laborales (jornada, cambios de puesto de trabajo, descuelgue del convenio superior, etc.) con la excusa de que así se contribuiría al mantenimiento del empleo. También en este aspecto los dirigentes sindicales están dispuestos a hacer concesiones, cosa nada extraña puesto que, al fin y a la postre, no sería más que generalizar las concesiones continuas que llevan años haciendo a nivel de empresa.
4 Racionalizar los convenios: El objetivo fundamental de la patronal es potenciar los convenios de empresa. De esta manera, intentan fragmentar al movimiento obrero, para así debilitarlo. Por su parte, los dirigentes sindicales quieren impulsar los convenios de ámbito estatal. Aunque en teoría esto da más fuerza a los trabajadores, no podemos olvidar el contexto concreto que vivimos. En estos momentos, cuando los dirigentes de CCOO y UGT están actuando sin tener en cuenta para absolutamente nada la opinión de las bases, la desaparición de los convenios provinciales no redundaría en beneficio de los trabajadores, sino que favorecería las actuaciones burocráticas al margen de los mismos, puesto que alejaría la negociación de la base y dificultaría todavía más el control del proceso de negociación. Porque, lamentablemente, los hechos demuestran que no podemos tener ninguna confianza en que los dirigentes consulten a las bases antes de firmar un convenio. Recordemos el convenio de Justicia en 2008, firmado por los secretarios generales de las federaciones estatales de Administración Pública de CCOO y UGT tras saltar en paracaídas sobre el Ministerio. No sólo firmaron el convenio sin consultar a los trabajadores ni a sus afiliados, es que lo firmaron a espaldas de los propios representantes de ambos sindicatos en la mesa de negociación (quienes se habían comprometido a realizar un referendo para decidir sobre la firma), que fueron puenteados de forma impresentable.
Y por si esto no fuera suficiente, en las últimas semanas los dirigentes sindicales han aceptado la incorporación a las negociaciones de dos nuevos aspectos: el absentismo y el papel de las mutuas en el control de las bajas por enfermedad común, ambos a propuesta de la patronal, que busca aumentar su autoridad también en esos frentes. No hay que insistir en qué supondría para los trabajadores que las mutuas, que ya controlan las bajas por accidente y son mercenarias de la patronal, extendiesen su actuación a las bajas por enfermedad.
Según el citado suplemento de economía de El País, también se está hablando de un nuevo contrato para jóvenes propuesto por la CEOE, que, según el artículo, “en la práctica, se trata de consagrar un modelo de salarios bajos hasta en torno a los 35 años”.
¿Salarios y flexibilidad a cambio de seguridad?
Más “flexibilidad” en las condiciones de trabajo a cambio de más “seguridad” en el empleo será, con toda probabilidad, el argumento central para tratar de vendernos como un avance este nuevo y grave retroceso. El problema del desempleo masivo que genera la economía española, sobre todo en momentos de crisis, no se debe a la falta de “flexibilidad” en las empresas o a los salarios, sino fundamentalmente al carácter parasitario de la burguesía española. En el período de crecimiento, el grueso de las inversiones se concentró en el ladrillo, o sea, en la especulación, utilizando una mano de obra que no podía ser más flexible. Este sector ha sido devastado por la crisis y el estallido de la burbuja; ahora, el único sector alternativo que los banqueros y capitalistas españoles están desarrollando es el negocio de vivir a costa del dinero de todos, con planes de ayudas públicas que no tienen fin.
Tanto los dirigentes sindicales como los empresarios ponen continuamente a Alemania como prueba de que es posible evitar el desempleo con más flexibilidad laboral. Incluso si la economía española fuese comparable con la alemana, este ejemplo no vale. En realidad, los retrocesos de los derechos laborales impuestos a los trabajadores alemanes no han evitado el desempleo masivo, sólo lo han encubierto. Oficialmente hay tres millones de parados, pero no se cuenta a los mayores de 58 años, ni a quienes asisten a cursillos de formación e integración, ni a los parados que buscan trabajo mediante agencias privadas de colocación, ni los 1,2 millones de parados que no están registrados en las oficinas de empleo. Sumándolos todos, el paro asciende a 5,3 millones, a los que hay que añadir otros 4,2 millones de personas que, según los sindicatos alemanes, trabajan involuntariamente a tiempo parcial o ganan tan poco que su salario no les alcanza para vivir, dado que los salarios reales llevan veinte años congelados.
Pero lo peor de estas negociaciones para la reforma de la negociación colectiva es el secretismo con que se están llevando. No hay ninguna información. Pero del análisis del contexto y de la actuación de las direcciones de CCOO y UGT se puede deducir que, a menos que la patronal les pida tanto que no se lo puedan conceder, estamos en vísperas de otro ejercicio de “responsabilidad” por parte de Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, totalmente metidos en su papel de hombres de Estado. Como ya demostraron con las pensiones, por ellos no va a quedar.
Lo que ahora se necesita es que los afiliados nos organicemos y creemos una fuerte corriente combativa en CCOO y UGT para impedir que los dirigentes de nuestros sindicatos avalen un nuevo recorte en nuestros derechos y para obligarles a abandonar la política de pactos y consensos en la que están embarcados.
