La disposición para saquear el patrimonio de Bankia que han demostrado Blesa y sus amigos, desbocada en cuanto fueron conocedores de que el banco iba a ser intervenido, ha desatado la indignación de millones de personas. Estos elementos despreciables, que durante años nos han hablado de que “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”, que desahuciaron a miles de familias de sus casas y que pusieron en marcha la estafa multimillonaria de las preferentes, han sido blindados por el gobierno del PP. Después de inyectar cerca de 30.000 millones de euros de dinero público para evitar la desaparición del banco, estos miserables siguen en libertad y dándose la vida padre.

Saqueo de los recursos públicos

Este escándalo vuelve a subrayar una práctica común a la que durante décadas se ha entregado con entusiasmo la burguesía de este país, pero también miembros muy destacados del aparato político y sindical de las principales organizaciones obreras: el saqueo de los recursos públicos. De los 83 directivos y consejeros que utilizaron la tarjeta no declarada, 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CCOO y otros cuatro por UGT.

En el caso del PP, el monto malversado asciende a 3.520.400 euros, y en el del PSOE a 1.438.000. En una frenética carrera para intentar “soltar lastre” y hacer aparecer estas prácticas como algo “aislado” y que todos “ignoraban”, tanto el PP como el PSOE se han apresurado a cesar a algunos de estos exconsejeros con cargos políticos o responsabilidades en el gobierno regional de Madrid o sus instituciones. Ha sido el caso de Ángel Gómez del Pulgar (miembro de la ejecutiva de la FSM), de Carmen Cafranga o de Pablo Abejas (director general de Economía de la Comunidad de Madrid, del PP). Pero no engañan a nadie. Los vínculos entre las direcciones del PP y del PSOE con las grandes empresas, multinacionales y bancos, es demasiado evidente. Estas prácticas han sido habituales a lo largo de los últimos cuarenta años, y salen ahora a la superficie impulsadas por la profunda crisis política y económica, y en el clima de mayor movilización social desde la caída de la dictadura.

Hay también cuatro consejeros de IU implicados, que suman más de 800.000 euros de gastos. Respecto al más conocido de ellos, Moral Santín, que llegó a ser vicepresidente de la entidad durante el mandato de Blesa, y uno de los que más han gastado (456.500), la dirección de IU trata de capear el temporal recordando que en 2012 fue suspendido de militancia. No obstante, hay que señalar que en su momento el propio coordinador de IU Madrid, Ángel Pérez, dijo responder personalmente de la honestidad de Santín, y era vox populi entre los afiliados los desmanes, tejemanejes y chanchullos de este personaje, siempre protegido por diferentes sectores del aparato que le necesitaban para asegurarse sus cuotas de poder. El caso de Moral Santín revela que algo ha funcionado muy mal en la dirección de IU en los últimos años, y que en demasiadas ocasiones se ha despreciado el sacrificio y la honestidad de miles de militantes que se han dejado la piel en la lucha. No basta con exigir una comisión de investigación, o de personarse como acusación particular contra Santín y el resto de mangantes. Esta contradicción y otras igual de lacerantes, como defender un discurso contra la austeridad y los recortes pero aplicarlos en los hechos de la mano del PSOE en Andalucía, pone de manifiesto un gran déficit de credibilidad política que sólo puede resolverse con un cambio radical en la práctica de IU.

Los frutos de la política de pacto social y desmovilización: corrupción en las cúpulas de CCOO y UGT

Esto último es, sin duda, el aspecto más indignante para los millones de trabajadores que asistimos estupefactos al último espectáculo de corrupción, derroche e inmoralidad en que han vivido inmersos dirigentes sindicales que durante décadas han ostentado responsabilidades de primer orden en las organizaciones obreras. En el caso de CCOO, sus seis consejeros se apropiaron, con estas tarjetas, de casi 800.000 euros en diez años, y los cuatro de UGT de 365.000.

Hasta el momento han sido dos dirigentes los que han presentado su dimisión. Ni más ni menos que el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, hombre de confianza de la dirección confederal y que gastó 44.200 euros en tres años; y el ex secretario general de CCOO-Madrid, y actual miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, Rodolfo Benito, que gastó 140.600 euros en poco más de diez. En ambos casos, los respectivos secretarios generales de UGT y CCOO se han apresurado a arropar “cálidamente” a los sindicalistas.

En el caso del secretario de UGT, Candido Méndez, ha manifestado que José Ricardo Martínez ha afrontado el problema de "una manera muy digna" y que “de su decisión de dimitir no se puede, en ningún caso, deducir que haya hecho un uso reprobable" de la tarjeta de Caja Madrid. Igualmente, Rodolfo Benito ha contado con el respaldo personal del propio secretario general de CCOO, Fernández Toxo, quien dice no sentirse decepcionado por éste, y subraya que Benito “entiende que no ha actuado de forma ilegal ni en beneficio propio”, que “desconocía que estuviera eludiendo sus responsabilidades con Hacienda” y que su decisión de dimitir “le honra”. “Tanto para ellos como para la organización ha sido una tremenda y desagradable sorpresa conocer esta franja de opacidad que resalta más aún la gravedad del asunto”, señaló Toxo.

Estas declaraciones representan un completo escándalo y un desprecio mayúsculo a los militantes de CCOO y UGT, y al conjunto de la clase obrera que está sufriendo las consecuencias dramáticas de esta crisis. Cándido Méndez ha insistido en que la comisión ejecutiva federal del sindicato UGT desconocía lo que estaba ocurriendo en Caja Madrid. De igual manera, Toxo intenta presentar este asunto como un enorme malentendido, en el que se han visto envueltos un puñado de sindicalistas. El hecho de que Rodolfo Benito derrochara de media casi 12.000 euros al año tan sólo en “gastos de representación” de Caja Madrid no le parece a Toxo nada extraño ni reprobable, por el sencillo motivo de que hace mucho tiempo que él y toda la cúpula del sindicato se han alejado de las condiciones materiales que padecemos el conjunto de los trabajadores, y comparten mesa y mantel con la patronal y la burguesía.

¡Las Comisiones Ejecutivas Confederales de CCOO y UGT deben dimitir! ¡Por un sindicalismo de clase, combativo y democrático!

Ni Toxo ni Méndez desconocían lo que ocurría en Caja Madrid y en Bankia. Todo lo contrario. Lo sabían y muy bien, porque esta es la práctica habitual con la que se conducen las cúpulas de CCOO y UGT en sus relaciones con los bancos, con el gobierno del Estado, con los autonómicos y con el conjunto de las administraciones, por no hablar de la CEOE. El papel que han asumido como “hombres de Estado”, les arrastra, inevitablemente, a chapotear en todas las cloacas de ese mismo Estado, a financiarse de ese mismo Estado y participar en decenas de consejos de administración de empresas públicas y privadas, y a compartir con este mismo Estado, y sus adalides, objetivos comunes. La política del pacto social y de la desmovilización, les garantiza un lugar en el stablishment. Todo, obviamente, a costa de dejar en la estacada a millones de trabajadores.

La corrupción y degeneración en la cúpulas sindicales son el fruto inevitable de practicar durante décadas una política de paz social y consensos que han supuesto en muchos casos la promoción a órganos de responsabilidad de los elementos más derechistas, arribistas y faltos de escrúpulos, mientras muchos sindicalistas honestos abandonaban frustrados la primera línea o sufrían la represión en sus empresas.

La corrupción en los sindicatos es el reflejo de una carcoma que recorre el sistema capitalista en todos sus niveles, y la consecuencia inevitable de las políticas del “mal menor”, de los acuerdos donde se hipotecaron nuestros derechos y se cerraron empresas a cambio de beneficios materiales para una cúpula burocrática. Y amenaza con derribar todo el edificio sindical creado con el esfuerzo y sacrificio de nuestra clase.

Por eso, frente a este rosario de escándalos y corrupción, ante el espectáculo de la connivencia cada vez más habitual con la patronal y el gobierno, ante la desmovilización consciente que nos desarma frente a los ataques, no son suficientes las dimisiones de los que son pillados “con las manos en la masa”. Los máximos dirigentes confederales son responsables de haber tolerado e impulsado esta corrupción monstruosa que amenaza llevarse por delante toda la estructura sindical. La dimisión de las ejecutivas confederales, tanto de CCOO como de UGT, debe estar encima de la mesa, junto con la de todos los cuadros implicados de una u otra manera en casos de corrupción. A la vez hay que impulsar un proceso de debate democrático a todos los niveles de las organizaciones sindicales, donde el protagonismo se le de a la base militante, sin el peso muerto y asfixiante de una aparato degenerado. Hay que dar la voz a la militancia y a la clase obrera para recuperar nuestros sindicatos como herramientas de lucha. Levantar un sindicalismo de clase, combativo y democrático, con un programa revolucionario, socialista y anticapitalista, es la única manera de defendernos de la agresión patronal y de rescatar a los sindicatos en beneficio del conjunto del movimiento obrero.