Frente a las maniobras de la burguesía ¡Luchar por un Gobierno de los trabajadores con un programa socialista!
Tras varios días de protestas masivas, respondidas por la clase dominante con una represión feroz que causó 2 muertos y centenares de heridos y detenidos, el domingo 15 de noviembre el Gobierno ilegítimo de Manuel Merino - nombrado apenas cinco días antes por el Parlamento - se veía obligado a presentar su dimisión.
Merino había sido designado presidente después de que prosperase una moción de censura contra su predecesor, Martín Vizcarra, acusándole de corrupción durante su mandato como gobernador. La moción de censura fue apoyada por 105 parlamentarios - 99 pertenecientes a 6 de los 8 partidos burgueses presentes en la cámara y 6 de los 8 diputados de la coalición de izquierda Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (FA) - . En contra votaron 17 diputados pertenecientes a las fuerzas burguesas que apoyaban a Vizcarra - el Partido Morado y parte de la bancada de Somos Perú – así como las otras dos diputadas del FA, contabilizándose además 4 abstenciones.
Tras su nombramiento, Merino incluyó en su gabinete a varios políticos burgueses que las masas identifican como responsables directos de la corrupción y políticas neoliberales que han marcado al país durante las últimas décadas. Esto fue la gota que desbordó el vaso de la indignación popular. Inmediatamente, centenares de miles de personas inundaron las calles mostrando su rechazo a la burda maniobra y exigiendo la dimisión del nuevo Gobierno.
Animados por el ejemplo de la insurrección en el vecino Chile, los y las jóvenes han sido el motor del movimiento. A medida que pasaban los días, crecía el clamor exigiendo “que se vayan todos” y cuestionando no solo al Gobierno de Merino sino al conjunto del régimen político responsable de la corrupción galopante y las políticas neoliberales de privatizaciones masivas, recortes e incremento de la desigualdad social.
Si algo ha quedado claro en estos días es precisamente el rechazo masivo a ese régimen que fue forjado tras el golpe de estado impulsado por Alberto Fujimori en 1992 y legalizado en la Constitución aprobada bajo su mandato que aún hoy sigue vigente[i]. El choque entre los partidos burgueses que apoyaron a Vizcarra y los que promovieron su destitución no es más que el último episodio de una crisis política que viene de largo[ii] y refleja la propia descomposición de ese régimen contra el que ahora las masas se levantan. Los últimos seis presidentes han sido condenados o están procesados por corrupción y al menos tres de ellos abandonaron el cargo tras movilizaciones masivas exigiendo su dimisión.
El “milagro económico peruano” levantado sobre la explotación y la pobreza.
Durante los últimos años, la propaganda de los medios de comunicación burgueses ha presentado a países como Perú, Chile o Colombia - gobernados por regímenes de derechas caracterizados por su servilismo al imperialismo estadounidense - como modelos económicos exitosos. El “milagro económico peruano” ha sido uno de los titulares más machaconamente repetidos. Pero lo cierto es que las bases sobre las que se levantó ese supuesto “milagro” son buena parte de la explicación del hartazgo y la degradación de las condiciones de vida que han servido de combustible a las movilizaciones que han barrido al Gobierno Merino.
Entre 1999 y 2019 la economía peruana creció un promedio del 5% frente al 2,7% regional, con picos del 8,9% y 9,7% en 2007 y 2008. Este crecimiento se basó en la subida en aquel momento de los precios de las materias primas y las inversiones llegadas al país para explotar los recursos naturales y minerales. Tras desplomarse al inicio de la crisis mundial (0,9% de crecimiento en 2009), repuntó al 8,9% en 2010 y, favorecida por las exportaciones a China, mantuvo cifras por encima del 4% hasta 2016, ralentizándose desde entonces. Según datos oficiales, entre 2005 y 2018 la pobreza se redujo del 52% al 21%. Aunque los criterios para obtener estas cifras son cuestionados por distintos expertos, lo cierto es que el “milagro económico” solo lo fue para la clase dominante y sectores de las capas medias que temporalmente se beneficiaron.
La realidad fue muy distinta para la clase trabajadora, que sólo vivió un incremento en cuanto a la explotación y la precariedad. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado este mismo mes de noviembre el trabajo informal afecta al 75,2% de la población activa, uno de los mayores niveles del continente. Otro informe, titulado "Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018", de Oxfam, denuncia que Perú está "largamente por debajo de los estándares de la OCDE" en todos los aspectos que miden la brecha entre ricos y pobres. Este mismo informe arroja datos como que “doce millones de peruanos (40% de la población total del país) están en riesgo de volver a ser considerados pobres”, y el 43,5% de los niños menores de 3 años sufre anemia, “lo que afecta al desarrollo cognitivo” y “la desnutrición crónica infantil la sufren el 12.2% de los niños menores de 5 años”.
Esta situación se ha agravado duramente en los últimos dos años – coincidiendo con la caída del crecimiento económico, que fue el menor de la década: un 2,2% -. La pandemia sólo ha acelerado y empeorado este proceso de pauperización de las masas. Según una encuesta elaborada en agosto por el Banco Mundial “Cerca del 30% de los encuestados mencionó haber perdido su empleo en mayo, y alrededor del 15% declaró lo mismo en julio de este año. El 80% de los hogares encuestados reportaron una disminución del ingreso familiar. De ellos, la mitad volvió a mencionar una caída del ingreso en julio. En uno de cada cinco hogares encuestados, algún adulto se saltó una comida debido a falta de recursos en el último mes; y en uno de cada cuatro, algún miembro no pudo realizarse una consulta médica.”.
El levantamiento social de los últimos días, desatado por las maniobras antidemocráticas y corrupción de la clase dominante, hunde sus raíces en esta dramática situación. Este malestar creciente va a continuar. La cuestión es cómo organizar toda esa furia con el plan de acción y el programa que los oprimidos necesitan para vencer.
El Gobierno de transición: una maniobra de la clase dominante para ganar tiempo y que todo siga igual
La clase dominante ha sido capaz de ver nítidamente el fondo de este levantamiento por parte de las masas. El miedo a que pudiese transformarse en una insurrección, ha hecho que una parte de los mismos representantes de la burguesía que apostaron por Merino hayan decidido sacrificarle a los pocos días. Han pactado con sus adversarios - también burgueses - que apoyaban a Vizcarra, un Gobierno de transición “plural” que prepare nuevas elecciones presidenciales en abril de 2021.
Este Gobierno de transición está presidido por Francisco Sagasti - un ex economista del Banco Mundial y dirigente del Partido Morado (principal apoyo parlamentario de Vizcarra durante los últimos meses) - . Sagasti ha prometido un Gobierno con representación de “todas las sensibilidades” y criticado la corrupción y a la casta política por las políticas “aplicadas durante años”, intentando conectar con las masas. Incluso ha invitado a los familiares de los dos jóvenes manifestantes víctimas de la represión a su toma de posesión. Para dar más de credibilidad a sus palabras, la Fiscal de la República ha abierto una investigación contra Merino, su jefe de gabinete y el Ministro de Defensa por la represión contra las manifestaciones.
Inicialmente, Sagasti y su partido incluso parecían dispuestos a aceptar la vicepresidencia de un Gobierno liderado por una de las 2 diputadas del Frente Amplio (FA) que rechazaron la moción de censura. Finalmente, esta propuesta no tuvo suficiente consenso entre los sectores decisivos de la clase dominante, que apuestan porque sea un representante directo suyo quien pilote el Gobierno de transición, utilizando a los dirigentes del FA como punto de apoyo. Sagasti ha sido nombrado presidente por 96 votos a favor (muchos de ellos de diputados que apoyaron a Merino), 26 en contra y 0 abstenciones. Como parte de su fórmula, la diputada del FA Mirtha Vásquez ha sido designada Presidenta del parlamento.
Todas estas maniobras buscan utilizar a los dirigentes del FA para dar un barniz progresista al nuevo Gobierno y contener el malestar social mientras ganan tiempo para intentar cerrar la crisis política que mantiene enfrentados a los principales partidos de la clase dominante desde la caída del último presidente electo, el empresario Pedro Pablo Kuczinsky, en 2018.
¡Basta de pactos y colaboración de clases con la burguesía!
Por un frente único de la izquierda con un programa socialista para vencer
Uno de los aspectos más significativos de las recientes movilizaciones es que la inmensa mayoría de quienes se han echado a la calle no la han hecho apoyando a Vizcarra y exigiendo su retorno a la presidencia sino para echar a Merino y protestando cada vez de un modo más claro contra el conjunto de la corrupta y desprestigiada casta política burguesa. Incluso quienes reclaman la derogación de la Constitución de 1993 no lo hacen porque tengan ilusiones en una nueva constitución sino porque identifican correctamente la actual como un marco jurídico que facilita las políticas capitalistas de recortes y ataques a sus derechos y quieren acabar con esas políticas capitalistas ya.
Este instinto de clase de las masas y su determinación por transformar su realidad confrontando con los responsables de su miseria, contrasta con la actuación de los dirigentes reformistas de la izquierda política y sindical. El seguidismo y colaboración de clases con distintas fuerzas burguesas de los dirigentes del FA ha tenido resultados nefastos, provocando diferentes desgajamientos y escisiones y reduciendo su apoyo del 18% y 2,9 millones de votos en 2016 a poco más de 900.000 votos y un 6% de apoyo en las legislativas de enero de este año.
Por lo que respecta a la segunda fuerza de izquierda - el frente Juntos por Perú - , tuvo un 4,6% en enero, quedando fuera del parlamento por la norma antidemocrática que exige un umbral mínimo del 5% para obtener representación. Aunque recoge parte del ambiente crítico de las bases de la izquierda con el FA, los dirigentes de Juntos por Perú tampoco plantean en la práctica un programa cualitativamente diferente ni han intervenido decididamente en el levantamiento de masas de los últimos días con una política de independencia de clase.
Por su parte los dirigentes de los dos partidos comunistas - PCP-Unidad y PCP-Patria Roja – mantienen una influencia sindical importante respectivamente en la principal central sindical, la CGTP, y en uno de los sindicatos con más tradición de lucha: el sindicato de los educadores SUTEP. Pero ninguno de ellos ha utilizado su fuerza para impulsar la unificación de todo el malestar en un llamado a la huelga general por parte de CGTP y el SUTEP. Una convocatoria de estas características – que llamase también a la CUT (central sindical que participa en el FA) a unirse a la lucha - podría haber jugado un papel central en la situación.
Con un programa que vinculase el rechazo a las maniobras de los políticos burgueses corruptos con las reivindicaciones sociales - un plan de inversión masivo en la sanidad pública para combatir la pandemia, la defensa de la educación pública, por el empleo, la vivienda y salarios dignos etc. - las masas podrían haber dado un gran paso adelante en la lucha por sus reivindicaciones. Si además esta huelga general se hubiera levantado sobre la formación de asambleas obreras y populares, comités de acción en los barrios, centros de trabajo y de estudio para organizar, unificar y extender la lucha, darle continuidad, un programa y objetivos claros – esto habría sido un gran muro para impedir el paso a los intentos de la clase dominante por descarrilar la lucha con la represión y las maniobras por arriba – como ahora vemos con el Gobierno de transición - .
Esta es la tarea central hoy: organizar y movilizar en las calles la indignación social masiva y ofrecerle un programa y un plan de acción concreto para vencer. Pero en lugar de esto, la consigna de la CGTP es “Por una Asamblea Constituyente y un Gobierno de transición con participación popular” ¡Esto es un escándalo que le viene como anillo al dedo a la burguesía! Significa agitar por un Gobierno de colaboración de clases en el que la presencia de la izquierda será utilizada para sacar a las masas de la calle e intentar engañarlas y desmoralizarlas con promesas mientras la clase dominante aplica las políticas de austeridad y recortes que tiene en su agenda.
Incluso en caso de que la burguesía convocase algún tipo de Asamblea o Convención Constituyente - donde la izquierda participaría masivamente como forma de golpear al régimen– la tarea de sus organizaciones y partidos no debería ser nunca la de fomentar ilusiones en que los derechos democráticos y sociales puedan resolverse mediante una forma de parlamentarismo burgués como la Asamblea Constituyente -. ¡La experiencia ha demostrado en incontables ocasiones lo contrario! Su tarea tendría que ser la de participar enérgicamente y utilizar esa campaña como altavoz de las consignas que permitan al movimiento ir más lejos en su lucha por derrocar un sistema que les aplasta: desnudando la naturaleza de clase de la democracia burguesa, sus leyes, constituciones y parlamentos, denunciando los planes de la clase dominante, defendiendo un programa socialista e impulsando la formación de comités de acción y asambleas para organizar la lucha por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Hoy más que nunca, los dirigentes de los partidos de izquierda que participan tanto en el FA como en Juntos por Perú, en la CGTP, la CUT, el SUTEP y demás sindicatos, las organizaciones feministas, los movimientos sociales deben romper con todas las trampas de la colaboración de clases que les tiende la clase dominante y conformar un frente único de la izquierda. El objetivo no es buscar acuerdos o pactos con formaciones burguesas - como han hecho confluencias anteriores, con resultados nefastos - sino luchar por un programa socialista que unifique todas las reivindicaciones democráticas y sociales de las masas y plantee la nacionalización de los bancos, las grandes empresas y la tierra para ponerlas bajo gestión directa de los trabajadores y el pueblo y planificar democráticamente la economía para satisfacer las necesidades sociales.
La tarea central para los militantes y activistas revolucionarios es intervenir dentro del movimiento de masas planteando este programa y construir una organización revolucionaria que pueda ganar la dirección del movimiento y llevarlo a la victoria.
Notas.
[i] [i] Esta Constitución, que es la que hoy perdura, fue hecha al dictado de la oligarquía y el imperialismo, eliminando toda una serie de garantías democráticas y sociales que contenía la constitución de 1979,aprobada bajo el influjo del ascenso de la lucha de clases que vivió Perú durante toda esa década. Diversos artículos que establecían cortapisas al libre despido, la privatización de sectores estratégicos o las inversiones extranjeras, fueron eliminados, concediendo barra libre a la burguesía nacional e internacional.
[ii] El rechazo de las masas obreras y populares a la represión, saqueo de los recursos nacionales, corrupción y ataques a los derechos democráticos y sociales que caracterizaron al fujimorismo y el malestar con la continuidad de esas mismas políticas - con muy leves modificaciones bajo gobiernos posteriores - se ha expresado en diferentes estallidos sociales durante los últimos veinte años: por ejemplo en la victoria de Ollanta Humala en 2011, quien prometió cambios políticos y sociales profundos y finalmente traicionó las expectativas populares, o con los 2,9 millones de votos obtenidos por el FA en la primera vuelta de las presidenciales de 2016 .
La ausencia de un programa socialista por parte de los dirigentes del FA que unificase las reivindicaciones democráticas y sociales más sentidas por los trabajadores, campesinos y jóvenes, vinculándolas a la lucha por transformar la sociedad, posibilitó que una parte del rechazo social al fujimorismo y del descontento con los partidos burgueses tradicionales fuesen capitalizados por la candidatura populista PPK (Peruanos por el Kambio) de la que formaba parte Vizcarra. [ii].
