El recibimiento en Caracas, con alfombra roja y honores de jefe de Estado, de Chris Wright, secretario de Energía del Gobierno ultraderechista totalitario de Donald Trump, ha hecho oficial lo que el propio Trump y su secretario de Estado Marco Rubio anunciaron tras la brutal intervención imperialista del 3 de enero contra Venezuela, cuando asesinaron más de 100 personas (entre civiles y militares) y secuestraron al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro: “El petróleo venezolano es nuestro y nosotros decidiremos cómo, cuándo y en qué condiciones se explota”.
Por si quedase alguna duda, Wright “entregaba” 1.000 millones de dólares correspondientes a las primeras ventas de petróleo venezolano desde la agresión estadounidense a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto mientras inspeccionaba, como un virrey imperial, las instalaciones petroleras venezolanas de la Faja del Orinoco, de las que Hugo Chávez expulsó a las petroleras estadounidenses y que durante la revolución bolivariana eran consideradas una palanca fundamental para acabar con el dominio que había mantenido desde el primer tercio del siglo XX el imperialismo yanqui sobre los recursos de Venezuela.
Tras su visita, Wright se mostraba satisfecho y prometía entregar otros 5.000 millones durante los próximos meses si el Gobierno venezolano sigue portándose bien y cumpliendo con la agenda que ha marcado Washington. Y de momento, más allá del discurso oficial del Gobierno de Caracas, que sigue declarándose “chavista”, antiimperialista y bolivariano, la realidad es que la Casa Blanca está consiguiendo que aplique todas y cada una de sus exigencias y en un tiempo récord.
La visita del secretario de Energía estadounidense, uno de los máximos defensores del fracking y representante directo de las petroleras estadounidenses, se produce solo 12 días después de que el 30 de enero la Asamblea Nacional venezolana aprobase la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Esta reforma se presenta como un paso imprescindible hacia la reactivación de la industria petrolera pero ¿cuáles son sus modificaciones y a quién benefician?
Una reforma dictada por Washington, las petroleras y los empresarios
Uno de los cambios más importantes de esta reforma es la reducción de las regalías, el pago que exige el Estado venezolano a las empresas privadas extranjeras por explotar sus recursos petroleros. Desde las leyes habilitantes planteadas por Chávez en 2001, las regalías habían quedado fijadas en un mínimo del 30%. Con la nueva LOH se reducen al 20%, incluso al 15%.
¿En qué beneficia esto al pueblo, que además ha visto empeorar sus condiciones de vida de forma dramática durante la última década? Obviamente en nada. Los beneficiados por esta medida son las petroleras (estadounidenses y de otros países), la burguesía tradicional que organizó diferentes golpes de Estado contra Chávez, el paro petrolero y el sabotaje económico contra el pueblo y la llamada boliburguesía, surgida de las mismas filas de la burocracia que dirige el Estado. Uno de los principales promotores de la reforma de la LOH ha sido el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN y presidente de la patronal Fedeindustria, Orlando Camacho. La reforma también ha sido aplaudida por los líderes de la patronal Fedecámaras, que estuvieron detrás de todos los golpes e intentos de magnicidio contra Chávez y durante los últimos años han suscrito numerosos acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro defendiendo insistentemente un proceso de “negociación” y “diálogo” entre el Gobierno, los empresarios y el imperialismo estadounidense que terminase de liquidar todos los avances conquistados por la clase trabajadora venezolana durante los Gobiernos de Chávez.
Paralelamente a la reforma de la LOH, el Gobierno ha anunciado una Ley de Salud que significa enterrar definitivamente las Misiones (programas sociales de Hugo Chávez) y conceder barra libre a las empresas de seguros y clínicas privadas para hacerse con el control de facto del sector de la salud, incluyendo subvenciones del propio Estado para garantizar sus beneficios. Cuando apelan al “diálogo”, la “negociación” y la “reconciliación nacional” tanto los capitalistas como la burocracia se refieren a esto: el reparto de cuotas para seguir saqueando los ingresos del petróleo mientras la clase trabajadora y el pueblo ven como sus condiciones de vida y derechos laborales y sociales siguen deteriorándose.
La reforma de la LOH rompe con un principio que Chávez consideraba esencial, defendió insistentemente y ratificó un año antes de su fallecimiento, en enero de 2012: “Nosotros no aceptamos que aquí manden tribunales de Washington o de donde sean. Venezuela es un país soberano y se respeta”.
Las modificaciones aprobadas por la AN incluyen el reconocimiento de mecanismos de arbitrajes independientes ajenos a los tribunales venezolanos. Esto significa dejar en manos de los propios imperialistas y sus tribunales cualquier conflicto, dando plenas garantías a la inversión extranjera para burlar cualquier obligación de transferir tecnología, respetar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores e incluso de desarrollar nuevas inversiones. Cualquier diferencia entre el Gobierno y las petroleras imperialistas sobre cuánto, cómo y dónde invierten, si cumplen o no sus contratos, etc. podrá ser resuelta por los tribunales internacionales, que están al servicio de las multinacionales petroleras y los Gobiernos imperialistas que protegen sus intereses.
Más corrupción y saqueo de los ingresos del petróleo
A pesar de la narrativa antiimperialista del Gobierno y sus intelectuales orgánicos, el Estado venezolano ya había prorrogado de forma anticipada (desde 2024 hasta 2047) las operaciones a la trasnacional norteamericana Chevron. Ahora estamos conociendo la otra parte de los acuerdos, que ya fue expresada el año pasado por el director ejecutivo de Chevron, señalando que Venezuela “tiene una gran riqueza geológica y recursos abundantes”, “los vaivenes que se observan en lugares como Venezuela son desafiantes, pero nosotros jugamos a largo plazo” y “estamos comprometidos con el país y queremos ser parte de la reconstrucción de la economía venezolana cuando las circunstancias cambien”. Trump ha cambiado a tiro limpio esas circunstancias y las multinacionales yanquis (y otras como Repsol) están dispuestas a aprovecharlo para hacer caja.
Además, con la nueva LOH se mantienen y amplían los contratos de participación productiva (CPP). Los CPP se extendieron como parte de la llamada Ley Antibloqueo, que -con la excusa de ocultar la entrada de inversores privados desconocidos para luchar contra las sanciones estadounidenses- facilitó una privatización encubierta de áreas de explotación y yacimientos de PDVSA, acelerando la fusión del aparato estatal (la burocracia y la cúpula militar) con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo ello fue clave para tramas de corrupción como la que encabezó el expresidente de PDVSA y ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, que –como denunció el propio Gobierno- supuso el robo de 24.000 millones de dólares al Estado venezolano.
Ahora las empresas vinculadas a los CPP podrán explotar y vender abiertamente, sin fiscalización ni retribución al Estado, con el aval de una burocracia que se garantiza la discrecionalidad de a quién dar las concesiones. Las CPP incluso permiten manejar la comercialización de la producción y la gestión de cuentas bancarias en diversas divisas (dólares, euros, yuanes…), trasladando las ganancias a sus jurisdicciones (territorios o países), saqueando los recursos del pueblo venezolano. Los ingresos que proporciona el petróleo seguirán controlados por unos pocos y en condiciones de total opacidad, alimentando el monstruo de la corrupción y la burocracia.
Levantar una alternativa revolucionaria
Estamos ante una “reforma” de la LOH que responde a las exigencias que venían planteando desde hace años la burguesía, la boliburguesía y los imperialistas. Exigencias que Chávez y el pueblo venezolano siempre combatieron y consideraron inaceptables. Y que, se pinte como se pinte, significa terminar de liquidar las medidas antiimperialistas en materia petrolera y minera que aplicó Hugo Chávez durante los catorce años de revolución bolivariana.
De 2002 a 2013 estas medidas permitieron entre otros avances reducir la pobreza del 67% al 22% y la pobreza extrema del 21 al 7%, situar el salario mínimo de las y los trabajadores venezolanos como el más alto de Latinoamérica (hoy es el más bajo) y llevar adelante las Misiones, que permitieron erradicar el analfabetismo, prohibir los desahucios y construir centenares de miles de viviendas, aumentar la financiación de la sanidad pública y llevar la atención médica a los barrios populares donde no existía y lo mismo con la educación pública, garantizando el acceso a millones de personas antes excluidas.
Estas medidas progresistas y antiimperialistas ya habían sido paulatinamente desmanteladas. Al año siguiente de la muerte de Chávez las Misiones ya experimentaron una disminución de su financiación del 50% y desde entonces han sido recortadas y reducidas a la mínima expresión. Las concesiones a los imperialistas chinos y rusos y a la propia burguesía venezolana ya habían significado la creación de las Zonas Económica Especiales, donde quedaban suspendidos derechos laborales conquistados con su lucha por la clase obrera bajo los Gobiernos revolucionarios e incluso antes, así como los controles medioambientales y otras medidas favorables al pueblo.
Tras la agresión imperialista del 3 de enero, Trump y su Administración están planteando una agenda aún más brutal contra la clase obrera y el pueblo venezolano. Y la nueva LOH es un primer paso en ese camino. El imperialismo yanqui no solo no oculta su pretensión de ser el amo y señor del petróleo venezolano sino que presume ante el mundo de ello, intentando enviar un mensaje intimidatorio a otros países.
Y mientras Trump proclama que Venezuela y todo el hemisferio le pertenecen los defensores de esta nueva LOH, la socialdemocracia y la izquierda reformista institucional de todo el continente nos dicen que no se puede hacer otra cosa y solo piden “respeto a la legislación internacional y la democracia”. ¡Como si la legalidad internacional bajo el capitalismo no hubiese significado siempre el dominio del más fuerte, como explica Lenin en su libro sobre el Imperialismo y repitió muchas veces Chávez! ¡Como si el “Estado de derecho” y “la democracia” bajo el capitalismo no fuesen otra cosa que una farsa, un señuelo que los capitalistas utilizan para engañarnos mientras quienes mandan son los dueños de los bancos y las grandes empresas!
La liquidación del legado de Chávez y de todos los avances conquistados durante la revolución bolivariana por un Gobierno que de palabra se sigue declarando “chavista” y “antiimperialista” ha provocado una desmoralización tremenda entre las masas. A lo que se une la lucha por sobrevivir cada día como consecuencia del colapso económico de los últimos años.
Todo ello ha golpeado la moral y organización de las masas. De momento el imperialismo yanqui con la colaboración de los capitalistas y la burocracia está pudiendo imponer sus planes sin prácticamente resistencia. Pero la indignación que se está acumulando en el corazón de las masas es enorme y acabará convirtiéndose en movilización y recuperación de la lucha por retomar el programa de la revolución socialista y levantar una izquierda revolucionaria antiimperialista, anticapitalista y antiburocrática.
La rebelión de masas en todo el mundo que desató el genocidio sionista contra el pueblo palestino y el levantamiento de masas de la clase obrera y la juventud en EEUU en estos mismos momentos muestran el camino a seguir y dónde está la fuerza para derrotar al trumpismo y al fascismo.
