El aumento brutal de los alquileres, que ha tenido como consecuencia la expulsión de los trabajadores del centro de ciudades como Lisboa y Oporto, los salarios miserables y los precios exorbitantes de los abonos de transporte —que llegaban a suponer el 30% del salario mínimo— han llevado a una situación en la que cada vez más trabajadores no pueden buscar empleo fuera de su localidad. Los capitalistas han empezado a tener un problema de acceso a una mercancía indispensable: la fuerza de trabajo.
¿Qué son los nuevos abonos de transporte sociales?
Además de una medida electoralista, los abonos de transporte sociales son una respuesta a las necesidades del capital (facilitándole el acceso a la fuerza de trabajo) y una renta para las empresas privadas de transporte. El Estado pagará todos los meses la diferencia de precio entre los viejos y los nuevos abonos, y como estos nuevos contratos se basan en una estimación del número de pasajeros, pagará siempre en exceso. El sector privado tendrá asegurados, e incluso aumentados, los beneficios por parte del Estado.
Manteniendo la mercantilización de los transportes, esta medida da a los capitalistas poder sobre la propia existencia del acuerdo, lo que significa que la sostenibilidad de los nuevos abonos es muy dudosa. Luís Cabaço Martins, administrador de Barraqueiro (empresa privada de autobuses), ya lo dejó claro al amenazar con que el acuerdo estaría en riesgo si el Estado no compensaba a las empresas o si pagaba “tarde y mal”. Y como típico patrón, también se quejó de las dificultades en “pagar salarios y combustibles” a pesar de las enormes ganancias de Barraqueiro.
¿Quién paga por esta medida?
La reducción del precio de los abonos aumenta la movilidad de los trabajadores y la utilización del transporte público. En abstracto, esto es muy positivo. Pero en la realidad concreta, con una red de transporte degradada e insuficiente, estamos hablando de la aceleración de la degradación, del hacinamiento, del caos.
Con 100.000 nuevos usuarios previstos para este año y los 10.000 nuevos abonos solicitados en Lisboa solo entre 25 y 28 de marzo, una crisis es inminente.
Los primeros efectos ya se sienten: la Transtejo Soflusa, con más pasajeros y sin aumento de la flota o contratación de trabajadores, ha decidido que a partir de ahora sus barcos con destino a Barreiro (ciudad en la margen sur del río Tajo con importantes barrios obreros) iniciarán el viaje solo cuando se complete la capacidad de personas, ¡independientemente del horario! En Fertagus, donde en abril de este año hubo 500.000 viajes con abono de transporte más que en el mismo mes del año pasado, se retiraron bancos de los vagones para que cupieran más pasajeros de pie. Todas las “soluciones” de los capitalistas obedecen a esta regla: no invertir ni aumentar los costos de mantenimiento. Los trabajadores son la última preocupación, precisamente porque no tienen otra alternativa que aceptar lo que hay.
Como si no bastara con todo esto, la medida es un fuerte golpe en las cuentas de las empresas públicas de transporte. Estas empresas ya estaban en una situación de falta de fondos pero ahora, con la canalización de fondos públicos para las empresas privadas y la reducción de los precios de los abonos, están en una situación peor aún. Tienen que pagar todo el mantenimiento, incluso cuando el beneficio va para empresas privadas. Es el caso de la Refer (pública), que hace el mantenimiento de las infraestructuras utilizadas por Fertagus (privada).
Por último, hay el problema de las deudas que estas empresas públicas contraen para trabajar, con contratos swap e intereses disparatados, que son sólo un mecanismo más para rellenar los bolsillos del capital financiero. No es difícil comprender que se está preparando la privatización de todo lo que queda.
Al final, la clase obrera pagará muy caro por estos abonos.
¡La lucha es por la nacionalización bajo el control obrero!
Las declaraciones de celebración del Bloque de Izquierdas y del Partido Comunista Portugués ante el acuerdo mantienen la máscara de izquierda de un gobierno del capital. Estas burocracias no sólo ignoran la situación de los trabajadores y de la inversión pública, sino que compiten inútilmente por el mérito de la medida. Es el PS, después de años de apoyo prácticamente acrítico por parte de las direcciones de la izquierda, quien se queda con todo el mérito.
Lo que se exige desde la izquierda es un plan de lucha para la expropiación y nacionalización de los transportes bajo el control de las organizaciones de trabajadores y usuarios. Sólo así es posible poner fin a los beneficios especulativos de las empresas privadas y lograr una inversión masiva en el sector para alcanzar de hecho el derecho a la movilidad. Es decir, transportes gratuitos y una red que cubra las necesidades de todas las localidades y regiones del interior. La planificación centralizada a nivel nacional posibilitaría una red de transporte realmente ecológica, con inversión en la transición de todo el sector a energías limpias. Para todo esto es indispensable la nacionalización de la banca —anulando las deudas de las empresas públicas— y garantizando que la indispensable tributación de los grandes beneficios no resulta en la fuga de capitales.
