Fracasan las maniobras golpistas, pero el sabotaje de los capitalistas continuará
Tras casi dos meses de incertidumbre, marcados por todo tipo de maniobras de la clase dominante y el imperialismo para impedir la proclamación del candidato de la izquierda elegido por el pueblo, Pedro Castillo era investido presidente de Perú el 28 de julio.
La movilización de las masas desbarata los planes del imperialismo y la oligarquía
La ofensiva contra Castillo empezó durante la campaña electoral (ver artículo). Los medios de comunicación capitalistas desataron una avalancha de calumnias, terror e histeria anticomunista sin precedentes en la historia reciente del país contra este maestro rural, dirigente de la huelga de profesores de 2017 que denunciaba la corrupción, la desigualdad y el incremento de la pobreza, resultado de las políticas capitalistas de las últimas décadas y del saqueo del país por las multinacionales.
Las propuestas de Castillo: elevar drásticamente los presupuestos de la sanidad y educación públicas, acabar con la Constitución neoliberal y antidemocrática de 1993, desarrollar una reforma agraria y recuperar el control de los recursos mineros y gasíferos por parte del Estado (incluso habló de nacionalizaciones y priorizar la intervención estatal en la economía)... conectaron con millones de oprimidos. En poco más de tres meses pasó del 2% de intención de voto a convertirse en el presidente más votado de la historia del país.
Las maniobras antidemocráticas continuaron y prolongaron sin motivo el recuento de papeletas, mientras intentaban organizar un fraude. Solo la movilización de centenares de miles de trabajadores y campesinos, yendo a los centros electorales a defender su voto y rodeando la sede de la Junta Nacional Electoral (JNE) en Lima, lo impidió.
Una vez confirmada la victoria de Castillo, los intentos de la derecha y amplios sectores de la clase dominante de anular el resultado no cesaron. Keiko Fujimori, la corrupta candidata de la derecha y ultraderecha, se negó a reconocer su derrota y lanzó una violenta campaña golpista exigiendo la anulación de 200.000 votos favorables a Castillo y su proclamación como ganadora. Para ello ha contado con el apoyo de la mayoría de los desprestigiados partidos burgueses tradicionales, de los grupos empresariales y mediáticos más poderosos del país, de las multinacionales que saquean los recursos mineros y gasíferos, así como de reconocidos portavoces de la derecha peruana e internacional como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el presidente colombiano Duque y elementos como Uribe y Aznar.
Utilizando sus posiciones dentro del aparato estatal y judicial paralizaron la proclamación, intentando ganar tiempo mientras Fujimori y su aliado Rafael López Aliaga, líder de la formación ultraderechista Renovación Popular, convocaban movilizaciones violentas de sus bases y pedían a los militares que “interviniesen” para “impedir un gobierno de la izquierda radical”. Aliaga, que se presenta públicamente como “el Bolsonaro peruano”, llegó a pedir “la muerte de los comunistas”.
Decenas de ex altos mandos militares firmaron un manifiesto público llamando al ejército a “salvar al país del comunismo”. Las bandas fascistas, agrupadas en un movimiento autodenominado “La Resistencia”, promovieron ataques y agresiones físicas contra militantes y seguidores de la izquierda que permanecían acampados ante la JNE exigiendo el reconocimiento de la victoria de Castillo. Los ataques fascistas se extendieron a personas que por tener rasgos indígenas o pertenecer a los sectores más humildes de la población eran “sospechosos” de apoyar a Castillo.
Esta ofensiva golpista de la derecha generó un sentimiento imparable de disposición a luchar y unidad entre las bases de la izquierda, obligando a los dirigentes de los principales partidos a superar divisiones que la mantenían fragmentada y conformar el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, al que también se incorporaron los principales movimientos campesinos y sindicatos obreros.
Sectores del movimiento feminista y LGTBI de la izquierda anticapitalista, al tiempo que mantenían sus críticas a las posiciones reaccionarias de Castillo y otros dirigentes de su partido Perú Libre respecto a los derechos de la comunidad LGTBI y las personas trans, al aborto, la eutanasia o la inmigración, correctamente, llamaron también a movilizarse contra la estrategia golpista de la derecha.
Divisiones y cambio de táctica en la burguesía
Tanto el imperialismo estadounidense como la Unión Europea se mantuvieron a la espera durante más de tres semanas. Sin embargo, a medida que aumentaba la polarización en la calle, sectores decisivos del imperialismo y un sector (inicialmente minoritario) de la burguesía peruana, agrupado en torno al presidente en funciones Francisco Sagasti, viendo la fuerza y decisión mostrada por las masas obreras y campesinas en defensa del voto y temiendo que la movilización —en un contexto de crisis económica profunda, giro a la izquierda, incluso de procesos revolucionarios abiertos en otros países latinoamericanos— pudiese transformarse en una insurrección, empezaron a apostar por un plan B: reconocer la victoria de Castillo para intentar rebajar la tensión y desmovilizar a las bases de la izquierda, mientras utilizan el diálogo, combinado con su control de la economía y el Estado, para atar de pies y manos al nuevo gobierno y que defraude las expectativas de las masas.
Instituciones que han apoyado reiteradamente golpes de Estado contra la izquierda, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitieron comunicados llamando a la derecha peruana a aceptar los resultados. El diario La República, tras promover durante meses la misma campaña anticomunista que el resto de la oligarquía, empezó a advertir a la Junta Nacional Electoral que se proclamara ganador a Castillo “cuanto antes” para evitar el peligro de una escalada incontrolable de polarización. Paralelamente, conminaba a los partidos burgueses tradicionales a aislar a Fujimori, y a Castillo a que —dado lo ajustado de los resultados— se comprometiese a renunciar a los aspectos “más radicales” de su programa en aras de garantizar el “consenso” y la “gobernabilidad”.
Pero el miedo a que reconociendo la victoria de Castillo aumentase la confianza del movimiento obrero y popular en sus fuerzas y pudiese animarle a exigir más, agudizó la crisis política que ya existía en la oligarquía peruana[1]. Otro sector, inicialmente mayoritario, desoyó durante semanas los llamados a la calma del imperialismo y apostó por mantener la estrategia de impedir la llegada de Castillo al gobierno.
Reflejando las distintas presiones a derecha e izquierda, Castillo y otros dirigentes de Perú Libre apelaron inicialmente a sus bases a movilizarse para defender los votos. Pero a medida que un sector de los imperialistas y de la burguesía peruana llamaban a negociar, rebajaron la presión en la calle.
Como parte de esta estrategia, Castillo escogió al economista Pedro Francke para intentar ganarse la confianza de los empresarios. Francke subrayó el compromiso de no acometer ninguna expropiación, pidiendo responsabilidad y compromiso a los empresarios, y habló de aumentar los impuestos a los más ricos de manera consensuada para financiar un plan de choque contra la pandemia.
Este giro hacia la moderación y desmovilización lejos de desactivar la ofensiva golpista la animó. Las bandas fascistas actuaron con más virulencia. Los empresarios respondieron a las promesas de diálogo intensificando la fuga de divisas. Como ha ocurrido otras veces en la historia, el látigo de la reacción volvió a espolear a las masas. Aunque portavoces de Perú Libre y otros partidos del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad descartaron convocar un paro nacional, este se produjo el 6 de julio impulsado por la presión de las bases obreras y campesinas desde abajo y fue clave para terminar de inclinar la balanza dentro de la clase dominante.
El plan B de la clase dominante
Por el momento, los partidarios de reconocer a Castillo para frenar la escalada en la calle han conseguido imponerse. Pero los partidos burgueses, con mayoría en el nuevo parlamento[2], ya se han encargado de mostrar cuál será su estrategia.
Fujimori, Aliaga y otros dirigentes del bloque que apostó por impedir violentamente el nombramiento de Castillo han designado una mesa presidencial de la cámara integrada exclusivamente por ellos. También han anunciado que actuarán coordinadamente, utilizando su mayoría para sabotear cualquier medida progresista. Si Fujimori y Aliaga consiguen sumar a sus diputados los de los otros partidos burgueses, pueden lanzar un impeachment o moción de censura contra Castillo cuando consideren que la correlación de fuerzas en la calle les favorece.
Los empresarios, peruanos y extranjeros, también han dejado muy claro qué piensan de las promesas de respeto a la propiedad privada y al diálogo. En pocas semanas, 14.000 millones de dólares han sido retirados del mercado financiero peruano, un 6% del PIB. Si Castillo intenta llegar a un acuerdo con ellos, exigirán una concesión tras otra, se aprovecharán de cualquier ayuda o exención fiscal del gobierno, a la vez que preparan la ofensiva para poner a uno de los suyos al frente del país.
Lo mismo ocurre con la Casa Blanca. Del silencio atronador durante las primeras semanas de maniobras golpistas, la administración Biden ha pasado al reconocimiento de Castillo y a prometer el envío de vacunas y ayuda económica. No es ninguna casualidad. Los distintos gobiernos peruanos han impulsado junto a los de Colombia y Chile la Alianza del Pacífico, creada por Washington como contrapeso a Venezuela, Cuba o Bolivia en la región. Por otra parte, el crecimiento de las exportaciones de materias primas peruanas a China ha convertido al emergente imperialismo asiático en su primer socio comercial.
Un objetivo de la administración Biden a corto plazo, además de evitar una explosión social, es atar en corto al gobierno de Castillo y evitar que la polarización política pueda empujarle a buscar una aproximación a China y sus aliados en la región. Si consiguiese este objetivo, en cuanto puedan se desembarazarán de él. Su meta central es garantizar a las multinacionales estadounidenses el control absoluto de las riquezas minerales y gasíferas peruanas en la lucha que se libra por la hegemonía continental y mundial.
Solo la movilización y organización de las masas y un programa socialista pueden garantizar la transformación social
Según diferentes encuestas, más del 50% de la población peruana ve con ilusión el nuevo gobierno y cerca del 70% (es decir, incluidos muchos votantes de Fujimori) espera de Castillo planes sociales que hagan frente a la pandemia y reduzcan la pobreza y desigualdad.
En su discurso de toma de posesión, Pedro Castillo insistió en algunas de las ideas que le dieron el apoyo de millones durante la campaña: denuncia del colonialismo y el saqueo de las multinacionales, lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad, priorizar la sanidad y educación públicas... No obstante, más allá de una ayuda de 700 soles (178 dólares) a los sectores más humildes para hacer frente al impacto de la pandemia o ayudas para la “plena recuperación de las mujeres víctimas de violencia sexual” no planteó más medidas concretas.
Respecto a su política económica anunció “un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica y, a cambio, la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente”.
En este mismo sentido, y aunque en el momento de escribir estas líneas no se conoce aún la composición del gabinete, antes de tomar posesión prometió “un gobierno para todos, de todas las sangres”. Además se especula con la posible continuidad del actual presidente del Banco Central y algunos ministros del gobierno de Sagasti. El objetivo es enviar un “mensaje de confianza” a los capitalistas.
Pero es imposible gobernar para todos. El único modo de cumplir las promesas que ha hecho Castillo es aplicando medidas socialistas. “El profe” tendrá que elegir: o basarse en la movilización de las masas para aplicarlas, enfrentándose a la oligarquía, o ceder a las presiones y cantos de sirena de los sectores de la burguesía que, tras hacer todo lo posible por impedir su victoria, ahora intentan domesticarle.
La pobreza, desigualdad y corrupción forman parte del ADN del capitalismo peruano. En este momento ostenta la tasa de mortalidad más alta del mundo por Covid-19: 180.000 muertes reconocidas oficialmente sobre una población de 32.510.000 habitantes. Instituciones internacionales y ONG nada sospechosas de izquierdistas lo achacan a la precaria situación de la sanidad pública, los recortes y privatizaciones y la extensión de la economía informal, cuya tasa es también la mayor de Latinoamérica: un escalofriante 75,2% de la población activa.
La pandemia ha agravado la crisis del capitalismo peruano. Durante años los medios capitalistas han destacado el “milagro económico peruano”, con un crecimiento promedio entre 1999 y 2019 del 5% frente al 2,7% regional. Pero ese crecimiento se fundamentaba en inversiones especulativas, en el saqueo de las materias primas por las multinacionales y la extrema precariedad laboral, resultado de décadas de ofensiva neoliberal.
Además, ha tenido una de las distribuciones más injustas del continente. Mientras la oligarquía se hizo de oro y amplios sectores de clase media limeña y de otras grandes ciudades —que hoy constituyen el núcleo duro de la reacción— también se beneficiaron, los barrios pobres de las grandes ciudades y regiones rurales y mineras del interior solo vieron crecer la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
En 2019, Oxfam alertaba de que el 40% de la población peruana estaba “en riesgo de volver a ser considerada pobre”. Un 43,5% de los niños menores de tres años sufría anemia y un 12,2% de los menores de cinco, desnutrición crónica. Esta situación, gestada en pleno crecimiento económico, se agravó durante 2019, con los peores datos de crecimiento del PIB de la década, haciéndose insoportable desde entonces. En tan solo seis meses de pandemia se perdió el 37,5% del empleo total, la mayor destrucción porcentual de puestos de trabajo del mundo.
En un contexto de crisis económica internacional y lucha entre las diferentes potencias imperialistas por cada palmo del mercado mundial, las multinacionales —sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro país— exigirán más concesiones y facilidades para saquear los recursos del país y expoliar a trabajadores y campesinos. Si Castillo cede a esas presiones defraudará totalmente a las masas que lo han aupado al gobierno, y acabará enfrentado a su base social.
Solo hay un modo de evitar ese desenlace y derrotar los planes del imperialismo y la oligarquía: apoyarse en la enorme disposición a la lucha mostrada por los trabajadores y campesinos para impulsar su movilización y organización revolucionaria y aplicar un genuino programa socialista. Un programa que expropie los recursos del país (minas, gas, bancos, tierra y grandes empresas) y los ponga bajo la administración directa de los trabajadores y el pueblo, levantando un Estado obrero sobre la base de comités y consejos formados por delegados y delegadas, elegibles y revocables en todo momento, para planificar democráticamente la economía e iniciar la transformación socialista de la sociedad.
Este es el programa que deben defender los activistas obreros, populares y estudiantiles más combativos, demandando al gobierno que aplique de manera inmediata un plan de choque contra la pandemia que incremente drásticamente los recursos en sanidad, educación, vivienda, lucha contra la pobreza y el desempleo... Hay que decir alto y claro que esos recursos existen, pero están en manos de los oligarcas y deben ponerse en manos del pueblo trabajador y al servicio de las necesidades sociales.
A ello hay que unir la exigencia de un giro de 180º a los dirigentes de Perú Libre respecto a la cuestión de género, LGTBI o la inmigración, tienen que abandonar con urgencia las posiciones reaccionarias que mantienen en estos puntos y aplicar políticas que garanticen el derecho al aborto libre y gratuito de las mujeres, castigo ejemplar a las violaciones y violencia de género, respeto pleno a los derechos de las personas trans y LGTBI, plena igualdad de derechos de todos los trabajadores migrantes llegados al país con los trabajadores nacidos en Perú y lucha conjunta por una genuina transformación revolucionaria de la sociedad.
Estas ideas deben ir unidas a la defensa de la movilización independiente de la clase obrera, la juventud y los campesinos, impulsando asambleas y comités de acción en los barrios, centros de trabajo y estudio y pueblos. Esta sería la forma más eficaz de organizar la lucha contra el sabotaje y planes golpistas de la burguesía, y de construir una organización revolucionaria basada en el programa y métodos del marxismo para luchar por la transformación socialista de la sociedad.
Notas.
[1] Esta crisis se ha expresado durante los últimos tres años en la destitución de varios gobiernos por el parlamento y su fragmentación en siete partidos burgueses. La insurrección que derribó al derechista Merino en 2020 la agudizó, forzando la convocatoria de las legislativas y presidenciales en 2021 con el objetivo de encontrar un gobierno capitalista estable capaz de aplicar los planes de ajuste, recortes y ataques que necesitan. La victoria, contra todo pronóstico, de Castillo y, sobre todo, el movimiento de masas que ha despertado, desató el pánico en la clase dominante haciendo estallar todas estas divisiones a un nivel superior.
[2] Aunque Perú Libre será el grupo mayoritario con 37 escaños y en colaboración con Juntos por Perú, la otra candidatura de izquierdas, tienen alrededor de un tercio de la cámara, el partido de Fujimori unido al del ultraderechista Aliaga y el resto de partidos burgueses tendrán mayoría absoluta.
