El 7 de octubre, tras año y medio al frente de la Generalitat, se rompía el Govern ERC-Junts. La ejecutiva del partido posconvergente anunciaba su salida tras una consulta interna a sus 6.465 afiliados. Con una participación del 79,18%, el 55,73% votaba abandonar el Govern y un 42,39% mantenerse.
Una ruptura consecuencia directa del terremoto político que significó la Diada. La masiva manifestación convocada por ANC, además de mostrar las enormes reservas y fuerza del movimiento de liberación nacional de Catalunya, se convirtió en un clamor contra los partidos del Govern. Los dirigentes de ERC y Junts tuvieron que escuchar como más de 700.000 mil personas, buena parte de sus votantes, les abucheaban y gritaban “Govern dimissió”, hartos de sus políticas para restaurar puentes con el régimen del 78, plegarse a las exigencias de la burguesía catalana y española, y enterrar la lucha por la república catalana y la amnistía.
Una crisis en el Govern y en la cúpula del movimiento independentista, que representa una oportunidad histórica para la izquierda independentista. Las condiciones para que la CUP pueda disputar la dirección del movimiento de liberación nacional a ERC y Junts, con un programa revolucionario, son cada vez más favorables. La crisis del Govern pone en evidencia la imposibilidad de avanzar hacia la república y la independencia sin basarse en la acción directa de masas, mediante la movilización y la lucha, y rompiendo con el régimen del 78 y con el capitalismo.
Fracaso del Govern. La lucha por la república catalana y la colaboración de clases
A pesar de la represión y la criminalización, y de las toneladas de mentiras y propaganda tanto desde la derecha españolista como desde el PSOE, la fuerza del movimiento independentista en las calles y en las urnas ha sido abrumadora. Así lo han demostrado las movilizaciones masivas de estos últimos años, las mayores de todo el Estado y de Europa, y así se vio en las últimas elecciones al Parlament con una rotunda victoria de independentismo.
El mensaje no podía ser más claro: conquistar la república, una república del pueblo y no de la burguesía catalana, con políticas de izquierdas consecuentes, sin recortes, en defensa de una sanidad y educación públicas de calidad; sin desahucios, por el derecho a una vivienda digna; y sin más ataques a los derechos sociales y laborales.
Pero el Govern ERC-Junts ha ido en la dirección contraria, reduciendo la lucha independentista a meros discursos y escenificaciones. Una renuncia que se ha hecho extensiva a todas las reivindicaciones democráticas, nacionales y sociales: negativa a confrontar a la justicia franquista, a defender el catalán de los ataques del poder judicial y de la derecha españolista, a defender los servicios públicos revirtiendo los recortes y las privatizaciones, a acabar con la precariedad laboral de miles de interinos, etc… Al mismo tiempo se han garantizado los intereses y beneficios de eléctricas, bancos o fondos inmobiliarios.
Y no solo eso. Incluso se han implicado en la represión, actuando como acusación particular en procesos judiciales contra activistas independentistas y manteniendo a los Mossos d'Esquadra como fuerza de choque contra los sectores más combativos del independentismo y los movimientos sociales. Así solo se beneficia al españolismo y a la reacción.
A pesar de las acusaciones mutuas entre ERC y Junts, la realidad es que ambos son plenamente partícipes de estas políticas y estrategia. Sin embargo, la creciente crítica entre las bases del movimiento independentista, que se evidenció en la Diada, ha terminado por hacer estallar el Govern.
Un sector de Junts ha apostado por pasar a la oposición, intentando recuperar algo de crédito entre su base. Otro, temeroso de perder los ingresos e influencia que proporciona el poder institucional, se opuso. Una nueva crisis del espacio posconvergente, de la derecha tradicional catalana, que refleja el profundo giro a la izquierda operado en el movimiento de liberación nacional de Catalunya.
De hecho, algunos de los dirigentes favorables a salir del Govern, como Miquel Sàmper, exconseller d'Interior de Junts, dejaba muy claro el objetivo de esta operación: “al menos no nos tendremos que comer el sapo de subir el impuesto de patrimonio aunque no queremos, o la protección de las okupaciones aunque no creemos en eso, o que no podamos ampliar el aeropuerto cuando estamos a favor”. Es decir, que ni siquiera pueden aceptar las escasas y limitadas medidas sociales planteadas desde ERC.
Por su parte, los dirigentes de ERC -pese a los discursos incendiarios de Rufián en el Congreso de los Diputados- están desempeñando en Catalunya el mismo papel que el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel estatal. Aunque se aprueben algunas tímidas medidas sociales, bienvenidas por la clase trabajadora, en lo fundamental tanto el Gobierno PSOE-UP como el Govern se están plegando a los intereses del Ibex35 y la patronal, aceptando las reglas de un aparato del Estado plagado de reaccionarios. Los escandalosos datos de pobreza, del 26% en Catalunya, así lo demuestran.
Las tareas de la CUP y la lucha por la hegemonía en el movimiento de liberación nacional
Durante los últimos años se ha producido un intenso debate en el seno de la izquierda independentista. Frente a quienes defienden una política de colaboración de clases, supeditándose a Junts y ERC, la CUP y la mayoría de sus militantes han optado por combatir dicha política. Han rechazado la entrada en el Govern y sus presupuestos procapitalistas, que mantienen los recortes y las privatizaciones; se han pronunciado contra la guerra imperialista en Ucrania y contra la OTAN, negándose a aplaudir a Zelenski; y han priorizado la lucha en las calles del independentismo de clase y combativo, y de los movimientos sociales.
Tras la ruptura del Govern, la presión sobre la CUP ha vuelto a intensificarse, calificándoles Aragonés como “socio prioritario” y reuniéndose primero con ellos. Una maniobra que ha sido rechazada por la CUP, señalando que el Govern está llegando a acuerdos con el PSC y otras formaciones, pero no con la CUP. De hecho, el acuerdo de investidura con la CUP firmado por Aragonés ha sido incumplido en todos sus puntos, tal y como han denunciado activamente.
A pesar de esta oposición contundente, muy positiva, la CUP debe sacar todas las conclusiones de lo que significó la crisis revolucionaria de 2017. Recientemente Anna Gabriel señalaba: "Creo que sentido de la realidad nos ha faltado en un momento u otro a todos los agentes del independentismo". Muchos otros dirigentes se han expresado en el mismo sentido.
Sin embargo, no faltó ningún sentido de la realidad. Tanto el 1O como el 3O, el movimiento de masas, mediante la acción directa, impulsando la organización mucho más allá de sus propios dirigentes, de la Generalitat, de ERC y de lo que hoy es Junts, pusieron contra las cuerdas al aparato del Estado, frustraron la acción represiva de los antidisturbios y la Guardia Civil, y materializaron el derecho a decidir y la independencia en los hechos. Sería un error minusvalorar aquellos acontecimientos, que tuvieron un carácter revolucionario, y decir que no teníamos fuerza.
Sí la teníamos, se demostró en los hechos, pero no existió una dirección revolucionaria. Esa es la tarea de todos los que nos reclamamos revolucionarios en Catalunya, y por supuesto de la CUP y sus militantes. Recientemente la diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, señalaba que "hay una lucha por la hegemonía del independentismo entre ERC y Junts" y que “necesitamos cambiar la correlación de fuerzas". Coincidimos plenamente, pero para ello la CUP debe plantearse disputar directamente dicha hegemonía. Solo así se podrá cambiar la correlación de fuerzas.
Para hacerlo es necesario jugar un papel de dirección en la lucha de masas, no solo impulsándola, sino encabezándola y orientándola, e interviniendo de forma organizada. Es necesario construir posiciones sólidas en el movimiento sindical, intervenir directamente en las luchas y huelgas de trabajadores, y evitar cualquier cesión ante la política sindical del “mal menor”, en la que también caen en muchas ocasiones los sindicatos alternativos. Es necesario realizar una labor parlamentaria de agitación, exigiendo medidas directas contra los capitalistas, como la expropiación y nacionalización de las eléctricas, y acompañar dichas acciones de campañas militantes masivas y combativas. Y es necesario abandonar cualquier ilusión de que los dirigentes de ERC o Junts vayan a impulsar la lucha por la independencia y la república.
En las condiciones actuales, con una política genuinamente anticapitalista y revolucionaria, recurriendo a la acción directa de masas, tarde o temprano habrá grandes oportunidades. Desde Izquierda Revolucionaria nos preparamos para ello. Para que esta vez sí, cuando las masas ocupen las calles y demuestren en los hechos su fuerza revolucionaria, como hicieron el 1O, poder culminar el proceso y conquistar la República Socialista catalana de los trabajadores y la juventud.
