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CCOO ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) a indemnizar con un total de 375.000 a 15 de sus trabajadores por vulnerar su derecho a huelga. Un total de 51 trabajadores contratados por el sindicato fueron a la huelga en el mes de enero de este año para reclamar a CCOO, después de años con el sueldo congelado, una subida salarial de un 14% en total para el periodo 2020-2024. El sindicato en cambio ofrecía un 7,5%, incremento muy inferior al que dice defender frente a las empresas.

Tras varias semanas de huelga, la dirección de CCOO exigió a los trabajadores que se reincorporaran al trabajo asegurándoles que de no hacerlo incurrirían en responsabilidad profesional (15 de los huelguistas eran abogados y graduados sociales), exigible en el colegio correspondiente, en responsabilidad laboral y en responsabilidad civil. Ante estas amenazas los trabajadores se reincorporaron al trabajo, pero denunciaron al sindicato por vulnerar, como un vulgar patrón latiguero, su derecho a huelga.

Es muy significativo lo que el TSJG explica en su sentencia: “Por hipótesis, toda huelga produce daño a terceros en un sistema como el nuestro, de libertad de empresa, pues precisamente su ejercicio busca la presión al empresario derivada de la pérdida de beneficio que se produce con la paralización de la actividad laboral”.

Que los responsables de CCOO tengan que escuchar estos argumentos, vertidos contra su actuación, por un tribunal de justicia de un Estado capitalista, muestra el alto grado de degradación al que la cúpula dirigente ha llevado al sindicato.

Este caso se suma a otras sentencias contra CCOO de Baleares. El pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó a CCOO a indemnizar con 300.000 euros a tres trabajadoras por despido improcedente. Dos de las empleadas eran delegadas de personal, con lo que los despidos tienen todos los ingredientes de la clásica política patronal de persecución sindical.

En septiembre de 2012, la dirección de CCOO despidió a 24 trabajadores de la plantilla de Forem, la Fundación para la Formación y el Empleo de Comisiones Obreras, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 meses, aplicando uno de los aspectos más lesivos de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy.

Desde entonces, como lo ocurrido en Baleares y Galicia vuelven a poner encima de la mesa, hemos podido comprobar que estas prácticas patronales han ido extendiéndose, profundizándose y endureciéndose.

Esta actuación no es exclusiva de la dirección de CCOO; la cúpula de UGT también lo hace sin ningún complejo y con total naturalidad. Sin ir más lejos, el 1 de julio de 2022  UGT de Castilla León despidió a casi veinte trabajadores del sindicato aplicándoles también la reforma laboral. Se les rescindió el contrato y se les indemnizó con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

La burocracia que hoy controla con mano de hierro las estructuras de los grandes sindicatos es cada vez más ajena a los intereses de la clase obrera y cada vez se encuentra más mimetizada con los métodos y formas de la patronal.

Tras muchos años de defensa firme de la paz social y el diálogo con los distintos Gobiernos y la patronal, de pisar moqueta y codearse diariamente con ministros, presidentes, empresarios y banqueros, y compartir con ellos mesa y mantel, la distancia que separa a estos dirigentes sindicales de los trabajadores a los que dicen representar, es hoy más grande que nunca.

En muchas ocasiones al escuchar a los dirigentes confederales de CCOO y UGT, es difícil diferenciar su discurso del que podría hacer cualquier representante de la CEOE, tal es la profundidad con la que han asimilado e interiorizado su papel como cogestores de la sociedad capitalista.

Pero esta política de colaboración con Gobiernos y empresarios ha tenido otras consecuencias. La autoridad de CCOO y UGT ante los trabajadores se encuentre hoy muy cuestionada. Esta pérdida de influencia que viene produciéndose desde hace mucho tiempo ha llevado a su vez a que las estructuras sindicales tengan una dependencia cada vez mayor del Estado.

Al abandonar la lucha y la acción sindical con la que un sindicato de clase debe confrontar con los empresarios o con el Gobierno de turno en defensa de los intereses de los trabajadores, los dirigentes sindicales también consideran innecesario trabajar para fortalecer la capacidad de obtener su financiación de los recursos aportados por los propios trabajadores, a la vez que esta política también debilita la capacidad de estas organizaciones sindicales de obtener apoyo económicos de la clase obrera, dependiendo cada vez en mayor medida de las subvenciones estatales o de los acuerdos de financiación alcanzados con las empresas, quedando cada vez más atrapados en las redes del gran capital y de los Gobiernos a su servicio.

En estos tiempos en los que la crisis capitalista se profundiza y todas las lacras del sistema se agudizan, es más importante que nunca levantar una alternativa sindical combativa, de clase, e internacionalista, que confronte con la patronal, y con el capitalismo y que abra el horizonte para luchar por una sociedad libre de explotación y de todo tipo de opresión, una sociedad socialista.


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