Euskal Herria. La Ley de Partidos debe ser derogada

Zapatero ha anunciado una nueva reunión con el PP en el mes de junio para retomar la unidad en la lucha antiterrorista ante el temor de una nueva escalada de atentados. La propaganda desatada por la derecha, en el sentido de que su política represiva colocó a ETA contra las cuerdas, es eso, propaganda, tan falsa como el propio PP. La política represiva que propugna el partido de Rajoy sólo ha servido para alimentar la espiral acción-represión-acción y promover una mayor rotación en los comandos de ETA llevando a la dirección a sectores cada vez más jóvenes, duros y desideologizados dispuestos a llevar a cabo atentados atroces como el de Barajas, donde murieron dos jóvenes trabajadores.
Todas y cada una de las concesiones que el PSOE está haciendo al Partido Popular en materia de recortes de los derechos democráticos sólo sirven para que la derecha se sienta más fuerte y confiada y para que eleve su nivel de exigencias. El aparato del PP y el sector de la burguesía española que lo respalda busca desesperadamente que el PSOE fracase, y que el llamado proceso de paz se rompa, porque creen que es su principal llave para volver a entrar en el Gobierno. Cualquier método es válido: desde la mentira recurrente respecto a la implicación de ETA en el 11-M hasta la preparación del pucherazo electoral manipulando los votos por correo, un método típico del caciquismo pepero.
El PP exige a Zapatero que aplique la Ley de Partidos de forma que la izquierda abertzale carezca de la posibilidad de estar representada en las instituciones con sus propias siglas, ASB y las agrupaciones de electores promovidas con el apoyo de miles de ciudadanos vascos. El PNV y EA, que demagógicamente dicen defender este derecho, están colaborando con la política represiva del gobierno central utilizando la Ertzaintza contra distintos actos de la izquierda abertzale, como la manifestación del 24 de febrero en Bilbao. Utilizar a los presos políticos vascos como rehenes y empujar a la izquierda abertzale fuera de las instituciones no va a convencer a los partidarios de la lucha armada para que la abandonen sino todo lo contrario. La última entrevista de ETA ha dejado constancia de esto, dejando encima de la mesa la posibilidad de nuevos atentados tras las elecciones del 27 de mayo.

Efectos de un nuevo atentado

Un nuevo atentado de ETA tendría una repercusión aún más negativa en la lucha por los derechos democráticos de Euskal Herria que el atentado de Barajas. La oposición a los métodos del terrorismo individual es abrumadora. Incluso en el seno de la izquierda abertzale, mayoritariamente, se exige buscar una salida y esa es una de las razones que ha impulsado a la dirección a apostar por el proceso, incluso a costa de hacer continuas concesiones. Uno de los problemas con que se ha enfrentado la dirección de Batasuna para llevar el proceso a puerto, además por supuesto de la intransigencia del Estado y la represión, ha sido que lo pintaron como una victoria cuando no lo era. Durante los últimos años han estado diciendo a sus bases que los derechos democráticos de Euskal Herria estaban al alcance de la mano, que era una oportunidad histórica, dejando entrever que la lucha armada había rendido sus frutos al fin. Este mensaje absolutamente falso ha chocado de lleno con una realidad tozuda de obstáculos y represión. La dirección de Batasuna y del sindicato LAB han lanzado el mensaje a ETA de que no tienen porqué seguirles en cualquier dirección. El mensaje de ETA después del atentado de Barajas fue criticado y Otegi afirmó que con la lucha armada no se puede lograr la independencia. Es más de lo que públicamente se había admitido anteriormente. El atentado de Barajas pilló desprevenida a la dirección de Batasuna. Nadie contó con ellos y echó atrás todos sus esfuerzos. El terrorismo individual, lejos de ayudar, es un tremendo obstáculo objetivo en la lucha por los derechos democrático-nacionales de Euskal Herria. Una nueva cadena de acciones armadas de ETA tendría un tremendo costo para todo el entorno de la izquierda abertzale. Esto provocaría importantes escisiones (aunque probablemente no serían inmediatas sino que pasarían unos meses) entre su ala más nacionalista proburguesa, que es auténticamente lunática, y su ala vinculada a la clase obrera. En las filas abertzales madura la necesidad de que el movimiento rompa con el PNV-EA, gire definitivamente a la izquierda, hacia la defensa de posturas socialistas que se han abandonado y hacia la búsqueda del apoyo de la clase obrera, en lugar de emplazar continuamente al PNV y a EA a la unidad.
En Euskal Herria se abre cada vez más una tremenda grieta social entre los intereses de la burguesía vasca, que está obteniendo beneficios escandalosos, y los de la clase trabajadora, que sufre recorte tras recorte. El 4,9% de los hogares vascos sufre riesgo de pobreza grave, siendo más acusado en Bizkaia, entre jóvenes menores de 25 años y en hogares encabezados por una mujer. En el País Vasco y Navarra el nivel de dificultad para llegar a fin de mes ha aumentado el último ejercicio en un 2,5%, y esta cifra no para de crecer. El Consejo Económico y Social Vasco ha revelado cómo, a pesar de la "mejora considerable" de las estadísticas de empleo y del aumento de ingresos del sector público, la protección social en Euskadi (19,2) es junto con la de Irlanda (16,5) la más baja de Europa (28,3 la UE de los 15), estando incluso 0,5 puntos por debajo de la media de todo el Estado (19,7). Las rentas del capital suben y las del trabajo bajan como demuestra que el porcentaje del PIB perteneciente a las rentas de trabajo ha descendido en Euskadi un 6,1%, pasando de 54,7% en 1993 a 48,6% en 2005. Para mantener el poder adquisitivo de 1993 habría que aumentar 4.400 euros más las rentas de cada asalariado. Sobran las razones para llevar a cabo en Euskadi una huelga general.

El auge del movimiento obrero

No es la represión lo que abrió las puertas a la negociación y frenó a ETA, sino la acción de las masas de la clase trabajadora, particularmente la impactante movilización que se produjo tras el atentado del 11-M, y los procesos revolucionarios en América Latina, que están demostrando que la acción de la clase obrera y las masas oprimidas sigue siendo el factor decisivo frente a todos aquellos que durante décadas la daban por desaparecida y la subordinaban a la lucha guerrillera. La huelga general en la Bahía de Cádiz contra el cierre de Delphi y los avances revolucionarios en Venezuela y más reciente en Ecuador representan la más severa denuncia de los métodos del terrorismo individual, que se basan precisamente en la desconfianza en que dicho movimiento puede llegar a producirse.
Es importante ver que el ascenso de la lucha de clases y la polarización social está afectando al propio aparato del Estado, que se resquebraja. El año pasado 150 juristas exigieron a Zapatero la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento de presos. La juez Garbiñe Biurrun, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco, pidió la absolución de Iñaki de Juana. Ha habido, además, una huelga de jueces en Euskadi exigiendo equiparación salarial, e incluso en la Guardia Civil vimos manifestaciones y protestas exigiendo derechos democráticos. La solución de la cuestión nacional en el País Vasco está en manos de la clase trabajadora de todo el Estado, de su unidad orgánica y su conciencia de clase, defendiendo el derecho a la autodeterminación y la eliminación de leyes regresivas para el conjunto del movimiento como la Ley de Partidos.