¡Basta de priorizar los beneficios privados sobre la vida de millones de personas!
La extensión de la pandemia de covid-19 ha dejado completamente en evidencia el carácter criminal del sistema capitalista. Durante más de un año de crisis sanitaria a nivel internacional, hemos comprobado cómo bajo el sistema capitalista el beneficio privado siempre está por encima de los intereses de la mayoría, por encima de la vida de millones de personas.
El colapso de los hospitales, la escasez de camas, materiales y de personal en la sanidad pública chocaba sangrantemente con las cientos de clínicas privadas que cerraron sus centros y enviaron a sus trabajadores a ERE y ERTE en los primeros y más dramáticos meses de la pandemia. Mientras que en la primera ola morían más de 45.000 personas en el Estado español1, muchos de ellos sin poder ser atendidos por unos recursos dramáticamente insuficientes, el Gobierno no intervino la sanidad privada para poner sus centros y personal a disposición del interés general. La privada reabrió sus puertas como si nada cuando se hubo asegurado de hacer un tremendo negocio a costa de nuestra salud.
Este mismo criterio es el que están siguiendo las grandes empresas farmacéuticas. A pesar de que las vacunas son la vía para detener la sangría de muertos en todo el mundo, el máximo beneficio económico por encima de cualquier otra consideración es lo que está guiando la actuación de estas multinacionales, empezando por la posesión de las patentes de dichas vacunas.
El negocio del siglo de las vacunas: financiación pública, beneficios privados
Durante los primeros meses de vacunación, algunas de las grandes farmacéuticas, como AstraZeneca, han incumplido en varias ocasiones los acuerdos firmados con la UE, tanto respecto al número de vacunas que debía suministrar como a los plazos de entrega. Uno de los motivos que alegaban eran los problemas de producción, por lo que constantemente han insistido en la necesidad de la “colaboración público-privada” (es decir, recibir más dinero público) para acelerar la ampliación y adaptación de la producción. Mientras esto sucedía, las juntas de accionistas de AZ, Pfizer y Janssen se han repartido 21.610 millones de euros entre dividendos y recompras de acciones en los últimos doce meses2, una cifra que podría pagar la vacunación, como mínimo, de toda la población africana.
Ver cómo estas empresas obtienen beneficios multimillonarios en un contexto de crisis sanitaria y económica salvaje, y cómo se les niega a millones de personas la posibilidad de acceder a las vacunas (9 de cada 10 dosis administradas lo han sido en los países ricos, mientras que la población de los países pobres deberá esperar meses o inclusos años para tener a la mayor parte de su población inmunizada3), es todavía más sangrante si tenemos en cuenta de dónde ha venido la mayor parte de la financiación para su desarrollo.
El estudio más amplio realizado hasta ahora sobre la financiación de las vacunas revela que para el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca la farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación que la han hecho posible. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el Gobierno de Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones), mientras que el resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos y fundaciones que apoyan la investigación científica.
Pero la de AZ no es la única que ha sido desarrollada fundamentalmente con financiación pública, lo mismo ocurre, en mayor o menor medida, con las vacunas de Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Curevac o Novavax. Y en el caso de la de Moderna el gobierno de EEUU destinó 3.400 millones de euros para su desarrollo, ensayos clínicos y producción, una cantidad que es más de cuatro veces superior a todo el presupuesto en I+D de esta empresa en el año 2020, año en el que su vacuna fue desarrollada. En definitiva, estas multinacionales están haciendo el negocio del siglo con las vacunas para la covid.
Por la nacionalización de la industria farmacéutica
Esta situación escandalosa ha reabierto la cuestión de que las patentes de las vacunas —y de otros tratamientos— estén en manos privadas. Este es uno de los mejores ejemplos del carácter reaccionario del capitalismo. En vez utilizar el conocimiento técnico y científico fruto de siglos de progreso humano colectivo, estas multinacionales lo utilizan con un único objetivo, su propio beneficio. La liberación de las patentes permitiría ampliar la producción y vacunar al conjunto de la población mundial a una velocidad mucho mayor, lo que reduciría el riesgo de que surjan nuevas variantes del virus que hagan ineficaces las vacunas ya existentes. Por supuesto, las potencias como EEUU o la Unión Europea han mostrado su oposición frontal a esta propuesta.
Evidentemente, la patronal farmacéutica española, Farmaindustria, también se opone a la liberación las patentes. En sus propias palabras: “Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media diez años, grandes costes y, sobre todo, alto riesgo”. La realidad es que la industria farmacéutica solo se lanza a investigar en las áreas en las que prevén grandes beneficios. Prueba de ello es que no se investiga acerca de enfermedades raras u otros campos “no rentables”; campos donde solo con la financiación pública o de determinadas organizaciones y fundaciones se logra impulsar los estudios de nuevos tratamientos, cuyos beneficios, una vez que se ponen a la venta, van a parar de nuevo a manos privadas.
Otro argumento de las multinacionales es que la propiedad privada de las patentes no es el problema sino que la capacidad de producción es limitada y apenas existen centros en todo el mundo capaces de producirlas. ¿Pero acaso no se podrían haber dedicado esos 21.610 millones de euros repartidos entre los accionistas de las farmacéuticas a ampliar y mejorar la producción en lugar de a llenar sus bolsillos?
Durante la pandemia vimos cómo algunas empresas adaptaron su producción para fabricar respiradores que escaseaban en las UCI, cómo empresas de perfumería producían gel hidroalcohólico o diferentes industrias fabricaban mascarillas y otros EPI. Aunque fueron pocos ejemplos, si esto se hizo bajo la propiedad privada que prioriza el beneficio económico a cualquier otra consideración, ¿qué no sería posible con la liberación de las patentes, la nacionalización de las farmacéuticas y de los sectores fundamentales de la economía para que los inmensos recursos generados por la clase trabajadora sirvan al conjunto de la humanidad?
La lógica del beneficio privado de unos pocos supone una condena para millones de personas en todo el mundo. Hoy más que nunca es necesaria la movilización y la organización para la transformación socialista de la sociedad. La única forma de frenar el avance de la pandemia, de los contagios y muertes, pero también la única forma de garantizar una vida digna, con acceso a una sanidad y servicios públicos universales y de calidad, libre de precariedad, explotación y opresión, es poner bajo el control de los trabajadores y las trabajadoras las palancas fundamentales de la industria y la economía, para ponerlas a funcionar al servicio de la mayoría.
1. Más de 45.000 personas murieron a causa de la COVID en la primera ola de la pandemia en España
3. Un estudio revela que el 97% de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue pública
