Apenas pasa una semana sin que se anuncien despidos masivos en todo tipo de empresas, incluidas las grandes compañías del Ibex-35 que obtienen miles de millones de beneficios. El ejemplo del sector bancario es, por derecho propio, completamente escandaloso. Ante tamaño disparate, ¿qué hace el Gobierno de coalición? ¿Qué propone Yolanda Díaz como representante de UP y ministra de Trabajo?
El sector bancario compagina desde hace más de una década beneficios récord, el pago de salarios desorbitados a sus directivos, la subcontratación en condiciones cada día más precarias de una serie de tareas que antes realizaban sus propias plantillas, y una política de ataque frontal a los derechos laborales de los trabajadores del sector.
La crisis de 2008, la más grave que sufre el capitalismo desde 1929, está provocando un cambio radical en el funcionamiento del sector bancario. Trabajar en la banca ya no es sinónimo de estabilidad laboral, buenas condiciones de trabajo y carrera profesional asegurada. Lo que está a la orden del día en el sector es la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, un proceso que transcurre ante la indiferencia de los dirigentes de CCOO y UGT, que apenas se limitan a criticar la “pérdida de sensibilidad” de los banqueros, simulando ignorar que sus años de colaboración con la patronal en nombre de la “paz social” y de cesión sin lucha de los derechos conquistados en los años 70 y 80 han sentado los cimientos de lo que ahora está pasando.
El empleo arrasado
Justo antes del estallido de la crisis en 2008, el sector bancario empleaba en el Estado español a 278.301 trabajadores. La crisis provocó una primera oleada de destrucción de puestos de trabajo, que afectó, según datos del Banco de España, a algo más de 94.000 trabajadores.
A esta destrucción neta de empleo hay que sumarle la progresiva sustitución de trabajadores con buenas condiciones laborales por trabajadores en condiciones mucho más precarias - un proceso que ha afectado a otros 23.000 puestos de trabajo - y la externalización generalizada de tareas que, como la atención telefónica a clientes, la gestión de hipotecas o el mantenimiento de sistemas informáticos, venían siendo realizadas por la plantilla de los bancos.
Todo este proceso de retroceso sistemático de derechos laborales fue pactado por la patronal bancaria con CCOO y UGT. En entidades como Bankia, los dirigentes de la Federación de Servicios de CCOO jugaron un abierto papel de verdugos de sus propios compañeros, recibiendo como pago por su traición ascensos y prebendas como las conocidas tarjetas de crédito “black”.
Destruyendo conscientemente la organización sindical en la banca y minando la confianza de los trabajadores en sus representantes, los dirigentes de CCOO y UGT prepararon el terreno para los EREs anunciados en estas últimas semanas, que supondrán la destrucción de 20.000 puestos más, dejando la plantilla total del sector en torno a las 158.000 personas, 120.000 menos que hace trece años.
A la cabeza se encuentra Caixabank, que plantea despedir a 8.291 empleados, seguido por BBVA (3.798 despidos), Santander (3.572), Sabadell (1.800) e Ibercaja (750). De la prevista fusión de Unicaja con Liberbank se prevé que resulten 1.500 despidos más.
Beneficios milmillonarios gracias al rescate público constante
En las mismas fechas en las que se anunciaban los despidos masivos se hacían públicos los beneficios obtenidos por la banca en el primer trimestre de 2021. Las cinco entidades que cotizan en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) registraron un beneficio agregado de 7.825 millones de euros.
Estas cifras astronómicas no tienen nada que ver con una supuesta “buena gestión” de los banqueros, sino que son el resultado del constante trasvase de dinero público a las arcas de la banca. Cada vez más, los negocios de la banca dependen del continuo flujo de dinero público, agrandando así su papel parasitario, que se acreciente en las condiciones generadas por la crisis global del sistema capitalista.
Precisamente fue la gestión del sector financiero la que agravó las consecuencias de la crisis de 2008 y obligó al Estado español a entregar a la banca, a fondo perdido, 77.651 millones de euros, para tapar los agujeros creados por años de especulación ilimitada en el mercado inmobiliario.
Más allá de este costosísimo rescate, a través de un amplio mecanismo de avales públicos, la actividad comercial de la banca se desarrolla en unas condiciones en las que el riesgo que es connatural a su actividad lo asume el Estado, mientras que los beneficios van a llenar los bolsillos de los grandes oligarcas.
A través de los créditos del ICO y de otras ayudas aprobadas con motivo de la pandemia, la Hacienda Pública asume hoy el riesgo de impago de créditos por importe de 110.000 millones de euros, a la vez que garantiza casi 840.000 millones de depósitos bancarios de particulares y empresas. Al mismo tiempo, gracias a las medidas aprobadas por el gobierno del PP en 2013 para ampliar el alcance de los activos fiscales diferidos, medidas que el gobierno PSOE-UP ha mantenido, la banca ha podido reducir, solo en los dos últimos años, su factura fiscal en más de 3.000 millones e incrementar sus ingresos y beneficios en idéntica proporción.
Y por si todos estos regalos de dinero público fuesen poco, el tan publicitado Plan Europeo de Recuperación supondrá para el sector bancario una gran oportunidad de obtener grandes beneficios sin ningún tipo de riesgo. Los empréstitos de 750.000 millones de euros que la Unión Europea va a suscribir en los mercados de capitales generarán entre 2028 y 2058, su período previsto de devolución, unos réditos multimillonarios para el sector financiero y, a la vez, lo convertirán en el auténtico amo de la política económica, fiscal y comercial de la UE y de los países que la forman.
La carrera desesperada por el continuo incremento de beneficios en las condiciones impuestas por la crisis del sistema capitalista otorga a la banca, y a todo el sistema financiero, un papel decisivo en la acumulación y circulación del capital. Las tendencias que condujeron al dominio del capital financiero, analizadas por Lenin hace algo más de un siglo en su libro “El imperialismo, fase superior del capitalismo” se han profundizado hasta extremos nunca vistos.
La dictadura del capital financiero llega hoy a todos los rincones de la actividad humana e impone un empobrecimiento generalizado para la gran mayoría de la población trabajadora, empezando por sus propias plantillas.
El inmenso poder del capital financiero se comprueba en la lamentable capitulación del gobierno del PSOE-UP ante la banca y su política de despidos masivos y retribuciones obscenas para sus directivos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, militante del PCE, ha pedido a los banqueros un poco de “ética”, y Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, ha apelado a su “responsabilidad”, como si las consideraciones morales jugasen algún papel en el mundo de los grandes negocios.
Pero incluso unas declaraciones tan inofensivas han recibido respuesta del poder financiero por boca de Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, que ha recordado a Díaz y Calviño que los planes de despidos y de retribuciones de directivos del banco habían recibido el visto bueno del gobierno que, además, participa en el Consejo de Administración de la entidad.
Cada día es más evidente que bajo la fachada de la democracia parlamentaria opera, ya casi sin disimularlo, la dictadura del capital financiero. Cada vez que una decisión política choca con los intereses del poder financiero, la democracia queda sin efecto y, de una forma u otra, los intereses del gran capital se imponen.
Nacionalizar la banca y el sistema financiero es imprescindible para poner la economía al servicio de la población
La banca no es solo un sector económico más. El sector financiero es el corazón mismo del sistema capitalista, un corazón que bombea capital a todo tipo de actividades que permiten explotar trabajo asalariado y generar plusvalor. El capital financiero domina la economía mundial, desde la gran industria y el comercio hasta la atención a personas sin hogar o la asistencia sanitaria, y convierte todas las actividades que domina en una fuente de grandes beneficios, sin preocupación alguna por las necesidades sociales o por el impacto sobre el medio ambiente.
El proceso de concentración vivido en el sector financiero en las últimas décadas, consecuencia inevitable de la dinámica inherente al sistema capitalista, se ha acelerado como consecuencia de la crisis de sobreproducción de 2008. La obtención de beneficios en un mercado saturado es cada vez más difícil, y el capital necesita concentrarse para reforzar su capacidad de sobreexplotar a la fuerza de trabajo en todo el mundo.
La banca española no ha escapado a este proceso de concentración del capital. Sus accionistas tradicionales están siendo desplazados por las grandes empresas de gestión de activos que dominan hoy la economía mundial. Firmas como BlackRock, State Street o Vanguard, cuyos activos sobrepasan con mucho el PIB agregado de las grandes potencias capitalistas, ejercen hoy el control efectivo de la banca española y determinan sus políticas. Solo BlackRock controla ya el 20% del capital de los principales bancos españoles.
Como hemos visto, la banca canaliza recursos billonarios, en gran medida procedentes del dinero público, y los destina a generar beneficios para una ínfima minoría de oligarcas. En su camino hacia el beneficio destruye decenas de miles de puestos de trabajo, deteriora sistemáticamente las condiciones laborales, tritura los derechos conquistados por décadas de lucha obrera y convierte la democracia parlamentaria en un cascarón vacío, una farsa en la que ya solo creen los patéticos dirigentes de la izquierda reformista.
Es una ilusión pensar que este proceso de concentración del poder financiero, con su inevitable secuela de empobrecimiento creciente de la clase trabajadora, va a revertirse o transformarse en su contrario por obra y gracia de un “nuevo contrato social”, como plantea Yolanda Díaz en un artículo publicado el pasado 10 de mayo. Solo un programa socialista, que contemple como una de sus principales medidas la nacionalización de la banca y del sistema financiero será capaz de evitar las negras perspectivas que ofrece el capitalismo en crisis.
Cuando, a través de la expropiación sin indemnización, los ingentes recursos del sistema financiero se pongan al servicio de las necesidades de la inmensa mayoría de la población, se podrá asegurar los puestos de trabajo hoy amenazados, mantener las conquistas laborales y sociales ganadas en las décadas anteriores, y levantar un autentico escudo social para blindar la sanidad y la educación públicas, poner en marcha un ambicioso plan de vivienda pública con alquileres sociales y acabar con el desempleo y la pobreza.
No hay otra salida. Nacionalización de la banca ya.
