En los últimos meses la deuda pública se ha convertido en uno de los protagonistas principales de los debates económicos. Pero al hablar de deuda pública lo habitual es que se centre toda la atención en la deuda del Estado central y que se deje de lado la deuda de las administraciones periféricas. Y sin embargo, tanto por su volumen como por su impacto sobre los trabajadores, el problema de la deuda local y autonómica merece una respuesta urgente por parte de las organizaciones de la clase obrera. El volumen de la deuda de municipios y autonomías asciende a más de 120.870 millones de euros, de los que 35.600 son de municipios y 85.200 de las comunidades autónomas. Y aunque en porcentaje del PIB estas cantidades son relativamente bajas (el 11,5% en 2009) el ritmo desmesurado de su crecimiento (más del 20% en 2009 en relación al año anterior) anuncia que nos acercamos a una situación catastrófica, especialmente en algunos grandes municipios.
La causa última de este endeudamiento masivo hay que buscarla en las características de la gran expansión económica de los años anteriores a 2007, y muy especialmente en el boom inmobiliario. Este boom fue posible en muchos municipios gracias a las fuertes inversiones municipales en habilitación de suelo urbano y en ampliación de las redes de transporte público, que facilitó que las compañías inmobiliarias y los bancos obtuviesen grandes beneficios durante esa época. Las administraciones contaban con que los efectos fiscales de la expansión urbanística compensasen a largo plazo esas inversiones, pero el brusco estallido de la burbuja inmobiliaria los dejó endeudados y con una reducción muy significativa de sus ingresos. Y por si fuera poco, la expansión urbanística incrementó notablemente los gastos corrientes de los municipios (mantenimiento de calles, alumbrado público, limpieza, etc.) agravando aún más el problema.
En los primeros momentos de la crisis las ayudas del gobierno central, especialmente el Plan E, permitieron a los municipios capear el temporal. Pero los recortes presupuestarios que se han ido concretando a lo largo de 2010, junto con los que se preparan para 2011, dejan a las administraciones periféricas en una situación desesperada.

La deuda de la Generalitat, más cara que la griega

Muy demostrativa de esta crítica situación financiera ha sido la decisión del gobierno autónomo de Catalunya de recurrir, para poder pagar sus gastos corrientes, a una emisión de deuda dirigida a los particulares, algo inédito hasta ahora en el Estado español. Ante la imposibilidad de encontrar financiación en las instituciones bancarias, que son conscientes de la gravedad de la situación financiera de Catalunya (su deuda asciende a la cantidad de 22.605 millones de euros), el gobierno catalán ha tenido que ofrecer un tipo de interés del 4,75%, que supera ampliamente al tipo de los depósitos bancarios. Pero lo más grave es que ha tenido que aceptar unas comisiones completamente abusivas por parte de los bancos que aseguraban la emisión: nada menos que un 3% adicional, lo que eleva el coste total de estos títulos a un 7,75%, que es mayor que el que está soportando el gobierno griego.
Este hecho pone de relieve, una vez más, el papel parasitario de la banca, un sector que después de haber sido rescatado de la quiebra con cantidades ingentes de dinero público, obtiene beneficios de escándalo mediante las operaciones con la deuda emitida por los Estados para poder pagar ese rescate.

Primeras situaciones de impago

Pero los efectos de esta situación de endeudamiento extremo van más allá de lo financiero. Desde hace varios meses se suceden noticias de ayuntamientos que no pueden pagar a sus trabajadores o a sus proveedores. Los 500 trabajadores del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) no se presentaron en su trabajo el 14 de octubre, después de aguantar más de dos meses sin cobrar, y la misma situación se está dando en otros municipios andaluces como La Línea, anticipando lo que puede llegar a ser una situación generalizada cuando se ejecuten los recortes presupuestarios previstos para 2011.
También las empresas concesionarias de servicios municipales, fundamentalmente de limpieza viaria y recogida de basuras, acumulan un retraso en los pagos por un importe de 3.425 millones de euros. En muchos municipios se ha procedido a recortar estos servicios, con un notable impacto en las condiciones de limpieza y salubridad.
El caso de Madrid es muy representativo de la situación que se avecina en todo el Estado. El mes de mayo, el ayuntamiento presidido por Ruiz-Gallardón, que bate el récord de endeudamiento con un agujero de 6.777 millones de euros, decidió unilateralmente recortar en un 15% los contratos de servicios del municipio. Las empresas concesionarias, que son las grandes constructoras FCC, ACS, Ferrovial, etc. intentaron compensar este recorte con despidos salvajes. Sólo la firme actitud de los trabajadores de la recogida de basuras decidiendo contestar con una huelga a la amenaza de 120 despidos, consiguió parar, de momento, ese ataque.
Pero aunque se han parado los despidos, no se ha evitado que las empresas concesionarias recorten el empleo. Este verano, en Madrid se ha realizado en los servicios de limpieza 2.000 contratos de sustitución menos que en 2009, y ya se anuncia la supresión de las contrataciones de refuerzo que se realizaban en otoño e invierno. En las barriadas obreras es notorio el estado de abandono de jardines, calles e instalaciones municipales en general. Los servicios sociales que fueron una conquista del movimiento vecinal y del movimiento obrero tras años de dura lucha, desaparecen o se degradan a gran velocidad.

Unificar la lucha por la dignificación de los barrios

Ante esta situación, los partidos de izquierda con responsabilidades municipales y las organizaciones sindicales tienen que dar una respuesta contundente y unificada. Defender los servicios municipales y el empleo de forma aislada en cada municipio va a ser muy difícil. Hay que unir las fuerzas de los 110.000 trabajadores del sector con las del movimiento vecinal y plantear una alternativa de ámbito estatal. Debemos partir del hecho de que mantener las plantillas de trabajadores de las contratas municipales es imprescindible para mantener nuestros barrios en unas condiciones dignas. Lo que no es imprescindible en absoluto es que esos servicios se realicen a través de la intermediación de compañías privadas que se llevan un beneficio gigantesco a cambio de nada. Debemos reclamar la municipalización de los servicios municipales exclusivos de un municipio, y la nacionalización de aquellos servicios que se prestan de forma conjunta a varios ayuntamientos. La privatización de servicios, apoyada muchas veces por PSOE e IU, se ha demostrado como un gran error, que sólo beneficia a los intereses de las compañías concesionarias. Recuperar estos servicios para los ayuntamientos es la única forma de que, a través del control obrero y con la participación de las asociaciones de vecinos, podamos asegurar que el dinero público se dedica a mejorar la calidad de la vida en pueblos y ciudades.
Tampoco es aceptable que esta situación sea aprovechada por la banca para extorsionar a las administraciones locales. El problema de la deuda pública, que amenaza ya las más básicas condiciones de vida, sólo puede ser atajado mediante la nacionalización de la banca, sin indemnización alguna y bajo control de los trabajadores, para que sus inmensos recursos sean puestos al servicio de las necesidades sociales.