Basta ya de paz social. Hay que retomar la movilización masiva en las calles
Casi un mes después del discurso de Pedro Sánchez en el Congreso explicando que atravesábamos una situación de emergencia y que era necesario adoptar “medidas drásticas” y asumir “sacrificios”, el Gobierno PSOE-UP ha presentado un nuevo plan para enfrentar la grave crisis económica que se vislumbra en el horizonte.
El lugar elegido por Sánchez para hacerlo – una reunión de empresarios del Ibex – pone en evidencia ante quién rinde cuentas este Gobierno, y quiénes serán los grandes beneficiarios de dichos planes.
De nuevo, haciendo uso de una demagogia lamentable, Pedro Sánchez intenta hacernos creer que todos los males que se ciernen sobre nosotros son consecuencia de Putin y su intervención imperialista en Ucrania. Y con esa excusa, exige “unidad” y “responsabilidad” como “en los peores momentos de la pandemia”. Pero al igual que con la Covid, quienes asumiremos esos “sacrificios” y pagaremos las consecuencias de la crisis económica, de la guerra imperialista, y del furibundo militarismo otantista de Sánchez, seremos las y los trabajadores.
El plan de choque por valor de 16.000 millones de euros, entre ayudas directas, reducciones de impuestos y créditos bonificados, se traducirá en una lluvia de millones para el Ibex35 y los grandes empresarios, junto a dos o tres medidas demagógicas que intentarán dar un barniz “social” a lo que es un nuevo paquete de rescate en beneficio del gran capital. ¡Esa es la realidad detrás de tanta propaganda y demagogia!
La inflación arruina a la clase trabajadora y enriquece a los capitalistas
El alza desbocada de la inflación, que en marzo ya se prevé alcanzará el 9,8%, superando pronto los dos dígitos, está destruyendo el poder adquisitivo y condenando a la pobreza a amplias capas de la población. Unas subidas de precios que no son nuevas, aunque se hayan visto agravadas con el estallido de la guerra, sino que venimos padeciendo desde hace meses y que son consecuencia directa de la decisión de los grandes monopolios capitalistas de incrementar sus beneficios mediante el acaparamiento y la especulación.
De hecho, como explicamos en nuestra anterior declaración sobre los planes del Gobierno, las empresas del Ibex35 lograron en 2021 beneficios históricos por valor de ¡64.021 millones de euros! En el caso de la banca española, 2021 ha supuesto beneficios récord desconocidos desde 2008, justo antes de la gran crisis financiera: casi 15.000 millones de euros en un año en que han despedido a 19.000 trabajadores del sector. Unos beneficios que aumentarán al calor de las subidas de los tipos de interés anunciadas por los Bancos Centrales.
Las oscilaciones del precio del gas, que llegó a subir un 200% en marzo, y las subidas del barril de petróleo de entre un 50% y un 60%, están generando beneficios extraordinarios. Solo las veinticinco principales empresas petroleras del mundo obtuvieron en 2021 unos beneficios de 187.000 millones de euros, gracias a las subidas de precios de los combustibles, una cifra que ya se está multiplicando gracias a la guerra.
Y lo mismo ocurre con las eléctricas que, de acuerdo con la regulación de la Unión Europea, repercuten en toda su producción eléctrica la subida del precio del gas, a pesar de que en el Estado español la electricidad generada consumiendo gas es solo el 15%. Este es el origen de los llamados “beneficios caídos del cielo” que, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, podrían hacer que las compañías eléctricas de la UE obtuviesen este año un beneficio extra de más de 200.000 millones de euros.
Los precios energéticos en el Estado español (IPC Energético) se han disparado en un año ¡un 44,3%!, sin embargo dicha subida ya era de un 40% en enero de este año, antes del estallido de la guerra. La electricidad, el gas, los combustibles llevan meses por las nubes, pero el Gobierno se niega a tocar los ingentes beneficios de los monopolios energéticos. Y lo mismo podríamos decir del precio de los alimentos, un sector que incrementó sus exportaciones en 2021 en un 11%, obteniendo más de 60.000 millones de euros.
La guerra de Ucrania, lejos de invertir esa tendencia al alza de los beneficios empresariales, la está consolidando y acelerando. Todas las guerras bajo el capitalismo son un gran negocio y esta guerra no es una excepción. Pero para el Gobierno del PSOE-UP los beneficios empresariales son intocables. De ahí que su única alternativa sea regar con dinero público a las grandes empresas esperando, sin éxito, que los precios dejen de escalar y evitar una más que probable explosión social. Así lo hemos visto con el paro de los camioneros, que de nuevo ha sido resuelto por el Gobierno en favor de las grandes patronales.
16.000 millones para los empresarios que acabaremos pagando la clase trabajadora
Una de las medidas consecuencia de dicha huelga, que ahora el Gobierno ha decidido generalizar en su plan anticrisis, ha sido una bonificación general de 20 céntimos en cada litro de combustible. Una bonificación de la que 15 céntimos serán pagados por el Estado, lo que supondrán 1.423 millones de euros, y los otros 5, siempre que sean grandes distribuidoras, lo asumirán las petroleras. Teniendo en cuenta que el precio de los combustibles casi se ha duplicado en los últimos meses, disparándose entre 65 y 75 céntimos, 5 céntimos menos en la facturación de las petroleras parece casi una broma. La compensación no alcanza ni la mitad de la subida que han sufrido los consumidores, y quedará en nada ante un mayor incremento de los precios.
Por otro lado, se anuncian ayudas millonarias en todos los sectores que, como durante la pandemia, acabarán principalmente en manos de la gran patronal: 500 millones a la industria electrointensiva, compensando en un 80% los peajes eléctricos; 450 millones para las grandes empresas del transporte; 6.000 millones de ayudas directas y reducciones de impuestos a los empresarios; y 10.000 millones destinados a créditos ICO, avalados por el Estado, que volverán, como ocurrió en la pandemia, a ser una fuente de negocio para los grandes bancos encargados de su gestión.
Cifras a las que se tiene que añadir el incremento anunciado por Pedro Sánchez del gasto militar en 2.000 millones de euros anuales, que se suma a la subida del 7,5% que ya había sido acordada en los PGE de 2022. Una prueba de que la deriva militarista del Gobierno PSOE-UP es anterior al estallido del conflicto ucraniano. De hecho, sí tenemos en cuenta el gasto militar más allá del Ministerio de Defensa, el incremento en los PGE de 2022 fue de un 124%, 22.796 millones de euros, correspondiendo el 21,38% de todas inversiones estatales al sector militar.
Todos estos gastos, por supuesto, no serán gratis, y golpearán unas finanzas públicas que ya estaban en una situación crítica. El déficit público cerró el año pasado en un 7,3% - el mayor de la UE, con la excepción de Malta - y la deuda pública ascendió a un 121,8% del PIB. Como ya pudimos comprobar durante la crisis financiera de 2008, los rescates y ayudas a la banca y a las grandes empresas, y ahora los gastos militares, los acabamos pagando las y los trabajadores.
¿Un nuevo “escudo social”? ¡Basta de mentiras!
La contrapartida que se ofrece a la clase trabajadora para que acepte esta orgía de subvenciones a los capitalistas son algunas medidas sociales manifiestamente insuficientes, y que no resuelven ni uno solo de los problemas de fondo que padecemos las familias obreras. De nuevo, la dirección de UP vuelve a hablar de “escudo social” de cara a adornar y encubrir la realidad de los planes el Gobierno.
El límite del 2% a las subidas de los alquileres durante los próximos tres meses no frenará la subida de los precios, solo se aplicará a los grandes propietarios y en los contratos que se renueven en dichos meses. Además, los propietarios descontarán esta medida y subirán el precio que exigirán en los nuevos arrendamientos. El fracaso de las tibias medidas ensayadas hasta ahora en materia de vivienda pone de manifiesto que el único camino para resolver este problema pasa por la expropiación de las viviendas en manos de bancos, fondos buitre y grandes inmobiliarias, y por la constitución de un gran parque de vivienda pública alquilada a precios asumibles.
La subida del ingreso mínimo vital en un 15% es una nueva burla a la población más desprotegida, ¡y solo se aplicará durante 3 meses! Subirá en torno a 120 euros, hasta los 565 euros al mes, una cantidad que condena a la indigencia. Pero además, tanto el IMV como otras ayudas, no están llegando a todos aquellos que lo necesitan. Según cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales solo un 43% de los 3,3 millones de personas que sufren graves carencias materiales en el Estado español han recibido alguna ayuda de emergencia social. A pesar de la demagogia del Gobierno, y de la campaña en redes de UP sobre el “escudo social”, los casi dos millones de personas en pobreza severa que no reciben ayuda alguna seguirán completamente abandonados.
El bono eléctrico, que intenta compensar las dificultades para hacer frente a las facturas de la luz y el gas, alcanzará con las nuevas medidas a 1,9 millones de hogares, algo totalmente insuficiente cuando, según el Informe de Pobreza Energética de 2018, casi 13 millones de personas sufren esa situación.
Este bono, igual que la rebaja el IVA, que se mantendrá, no es una rebaja de los precios de la luz, sino que una parte de ese precio se paga con dinero público. De esta manera se garantizan los inmensos beneficios de las compañías eléctricas, que en 2021 volvieron a batir récords: Naturgy ganó 1.214 millones de euros, Endesa, 1.902 millones e Iberdrola, 3.885 millones. ¡Más de 7.000 millones! Un verdadero escudo social acabaría con esos beneficios parasitarios nacionalizando el monopolio eléctrico y asegurando el suministro de energía gratuito o a un precio asequible.
Por último, el Gobierno plantea de nuevo la limitación de los despidos objetivos que "tenga que ver con el incremento de precios de la energía" a empresas que reciban ayudas públicas o que se beneficien de los ERTE subvencionados. En el primer caso, la empresa podrá alegar cualquier otro motivo y no resultará sencillo probar que no es así. En el segundo, la propia experiencia de la pandemia ha puesto en evidencia que el ERTE, más que una garantía para el trabajador, es una herramienta en manos del empresario para ahorrarse costes y flexibilizar aún más las condiciones laborales. Por otro lado, nada impide que dichos ERTE acaben convirtiéndose en ERE, como ha terminado ocurriendo a lo largo de la pandemia.
Hablar de “prohibición del despido” desde el PSOE y sobre todo desde UP es una completa falsificación. El trabajador despedido tendrá que acudir a los tribunales, pudiendo obtener 33 días de indemnización frente a los 20 del despido objetivo, es decir, 13 días más. La triste realidad es que el PSOE y UP decidieron mantener intactas en la reforma laboral de Yolanda Díaz las facilidades para el despido que introdujo el PP en 2012. Presumir ahora de defender el empleo es pura demagogia.
Pero además, hablar de “escudo social”, cuando la inflación está devorando literalmente los salarios resulta insultante. Al tiempo que se disparan los precios, los convenios firmados en los dos últimos meses recogen una subida salarial media del 2,59% y CCOO y UGT, obedeciendo al llamamiento del Gobierno de alcanzar un “pacto de rentas”, negocian con la CEOE subidas salariales en torno al 3% que significarán un hundimiento de los salarios reales.
Una pérdida de poder adquisitivo que se suma a la sufrida en 2021, que registró una media de subidas salariales en convenios colectivos del 1,47%, para 7,67 millones de trabajadores, con una inflación anual acumulada del 3,1% y del 6,7% en el mes de diciembre.
Una situación similar a la vivida con la crisis de 2008, que transfirió 42.000 millones de euros que antes correspondían a salarios al beneficio empresarial. Esta degradación en los salarios ha llevado a una parte importante de los asalariados, el 12,7%, a una situación de pobreza a pesar de tener un empleo.
La depreciación de los salarios se seguirá profundizando ante el imparable aumento de los precios que, por mucho que insistan Sánchez y sus ministros no son un costo que afecta a todos por igual. Es exactamente lo contrario: el alza de los precios significa siempre mayores beneficios empresariales a costa del poder adquisitivo de los trabajadores.
¡Abajo la paz social! Solo una movilización contundente en las calles evitará que paguemos esta nueva crisis
Por mucho que se envuelva en arengas patrióticas y en llamamientos a la unidad nacional, o por mucho que se adorne de la palabrería social, el plan que acaba de aprobar el Gobierno es una nueva reedición de los planes de rescate con los que las autoridades respondieron a la crisis financiera de 2008 y a la crisis desatada por la pandemia: más dinero para los más ricos, y más pobreza para la clase trabajadora.
El PSOE y UP son conscientes del profundo y extendido malestar social, pero confían en que el temor a un avance de la extrema derecha y la colaboración de CCOO y UGT en el mantenimiento de la paz social les permitan sacar adelante estas medidas con una mínima respuesta en las calles. Sin embargo, el cada vez mayor descredito del Gobierno, y de UP, y una situación que cada vez presiona más duramente a las familias obreras, estrecha el margen para poder mantener la paz social.
En este contexto, como hemos podido ver en el reciente paro de los camioneros, la demagogia de la extrema derecha puede avanzar, pero no por falta de conciencia o atraso por parte de la clase trabajadora, sino por el papel esquirol y traidor de la burocracia de CCOO y UGT, y el penoso papel de UP y gran parte de la izquierda parlamentaria. Son ellos los que con esta nefasta política de desmovilización y colaboración de clases asfaltan el terreno a la extrema derecha. Tal y como hemos explicado, la lucha de los camioneros, con un programa de clase y una dirección sindical de izquierdas combativa, habría cerrado el paso a la demagogia de Vox y animado a muchos otros sectores en una lucha unificada contra la patronal y los capitalistas.
La situación del Gobierno es de extrema fragilidad, y tanto la patronal CEOE como el PP son conscientes de ello. La CEOE aprovecha para presionar, exigiendo más bajadas de impuestos y recortes, hasta 60.000 millones ha señalado Garamendi, al tiempo que ponía en valor los 15 acuerdos firmados con el Gobierno en los últimos dos años, incluida la reforma laboral. Confían en que el PSOE, UP y las cúpulas sindicales sean capaces de evitar un estallido social, y aprietan al Ejecutivo para que ceda aún más en beneficio de los empresarios. Pero ante la perspectiva de estallidos sociales, llegado el momento, no tendrán problema en recurrir a un Gobierno de la reacción.
La estrategia de UP, sumido en un completo colapso, aceptando mansamente su papel de freno a la movilización social, ha fracasado. No solo no han empujado al PSOE hacia la izquierda, sino que se han convertido en una triste comparsa de un PSOE entregado al imperialismo norteamericano, a la OTAN y al gran capital. Las esperanzas que millones de personas pusieron en su proyecto han sido pulverizadas.
La guerra y la crisis económica no nos dejan alternativa a la clase trabajadora y a la juventud. La única vía para revertir una situación de empobrecimiento masivo y degradación social es la organización y la movilización a la altura del reto que el sistema capitalista nos está planteando. Y para ello es urgente levantar una izquierda combativa, de clase e internacionalista, que confíe en la fuerza del movimiento obrero.
