¡Juan Carlos I no puede ser inmune por sus actuaciones privadas!

El pasado 24 de marzo la justicia británica rechazaba los argumentos de los abogados del emérito sobre su posible inmunidad ante la demanda por acoso presentada por su examante Corinna Larsen.

Matthew Nicklin, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales señalaba que los actos narrados en la demanda “no pueden atraer inmunidad funcional” ya que “no entran en la esfera de actividades gubernamentales o soberanas”, negando dicha inmunidad más allá de la abdicación. Es decir, que aunque siguiera siendo rey tampoco estaría protegido por dicha inmunidad al tratarse de actos de su esfera privada.

La sentencia ha puesto en evidencia tanto a los tribunales españoles como a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que tan solo hace un mes daba carpetazo a la investigación abierta en torno a su fortuna oculta en el extranjero, el cobro de comisiones ilegales y el presunto lavado de dinero. Una actividad también privada, pero que en este caso tanto el Supremo, como la Fiscalía y el propio Gobierno han querido proteger bajo la figura de la inmunidad de la Corona.

En diciembre de 2020, los abogados de Corinna Larsen presentaron una denuncia contra Juan Carlos de Borbón. En ella, la examante del rey emérito le responsabilizaba de la “vigilancia ilegal” y el “hostigamiento” al que fue sometida por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en sus residencias de Londres y Montecarlo, entre los años 2012 y 2015, así como de difundir datos falsos sobre ella para difamarla y ocasionarle un perjuicio económico. Junto a la demanda, solicitó además una orden de alejamiento de no menos de 150 metros y una compensación económica por daños y perjuicios.

Desde entonces, el abogado de la defensa, Sir Daniel Bethlehem – exasesor legal de los Gobiernos del Reino Unido e Israel y experto en relaciones internacionales -, ha recurrido a todos los argumentos posibles para justificar la inmunidad de su cliente y evitarle el “trago” de tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Ha invocado desde la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Ley de Inmunidad británica de 1978, hasta el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht, firmado en 1713 para poner fin a la Guerra de Sucesión española, y que instaba a los monarcas de España y Gran Bretaña a “no esforzarse por intentar nada para destruir o perjudicar el otro”.

A pesar de todo esto, está por ver el recorrido de este procedimiento, habiendo señalado el mismo magistrado a los abogados de Corina Larsen que “había observado un relato muy difuso en el escrito acusatorio, con mucha narrativa y pocas pruebas”. Una cosa es poner en evidencia a la Corona y a los tribunales españoles, y otra amenazar al emérito por actuar como lo hace la familia real británica o cualquier otro representante de la clase capitalista.

Los tribunales, la Fiscalía y el PSOE garantizan la impunidad de la Corona

Desde que en 2020 salieran a la luz todos los escándalos sobre la fortuna de Juan Carlos I, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, de la mano de la derecha, ha hecho todos los esfuerzos posibles por lavar la cara a la monarquía, dar un balón de oxígeno al reinado de Felipe VI y restaurar la maltrecha legitimidad de esta institución podrida.

De hecho, las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Fiscalía del Supremo, que fueron consecuencia del inicio de investigaciones por tribunales extranjeros, no pretendían condenar al exmonarca, sino crear la apariencia, como el propio emérito dijera hace años, de que “todos somos iguales ante la ley” y rebajar la indignación tras conocerse las corruptelas y negocietes del mismo. Unas corruptelas que eran un secreto a voces, y que tal y como ya ha sido públicamente acreditado se practicaron desde su nombramiento por Franco.

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El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, de la mano de la derecha, ha hecho todos los esfuerzos posibles por lavar la cara a la monarquía y restaurar su maltrecha legitimidad. 


Al margen de cuál sea el resultado final del proceso judicial que se celebrará en Londres, lo que sí ha quedado en evidencia es al servicio de quién está la justicia española. Una justicia que se emplea con dureza contra raperos, contra activistas sociales, contra el movimiento independentista catalán, o contra las mujeres con sus sentencias patriarcales, pero que hace todo lo que está en su mano para blanquear a la corrupta monarquía borbónica.

A pesar de las corruptelas, del cobro de comisiones, del lavado de dinero, o del acoso o espionaje a costa del erario público, el PSOE ha dejado claro que no está dispuesto a “entrar en una dinámica que pueda lastrar, enturbiar o perjudicar la estabilidad" que “la institución de la Corona” ofrece. Por eso mismo, una demanda por acoso que afecta directamente al CNI, es decir, al Gobierno, no es ni siquiera investigada. ¿Quién autorizó ese espionaje? ¿Con qué fondos? ¡Es un completo escándalo!

¡Basta de palabrería! Con la monarquía se acaba en las calles

Tras conocerse la sentencia del tribunal inglés, Jaume Asens, portavoz de UP en el Congreso ha señalado que "Inglaterra es hoy otro espejo incómodo que nos recuerda los límites vergonzantes a los que nos somete la cúpula judicial". Sin embargo, más allá de estas palabras, UP continúa participando en un Gobierno con el PSOE que se cuadra y obedece fielmente los dictados de esta cúpula judicial.

Lo sucedido ahora con Juan Carlos I es otro ejemplo de lo poco dispuestos que se muestran los dirigentes de UP a ir más allá de las simples palabras. Tras conocerse las intenciones del exmonarca de volver a España tras el cierre de las investigaciones por la Fiscalía, la vicepresidenta Yolanda Díaz se limitaba a señalar que tiene que “rendir cuentas sobre lo que ha hecho mientras era rey de España”. Pero, ¿quién le va a hacer rendir cuentas? ¿No deberían hacerlo ellos desde el Gobierno? ¿No es esta la lógica de estar en el Gobierno?

Por su parte, el portavoz de UP en la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a derogar “de una vez” el decreto que concede a Juan Carlos I el título del rey emérito y anunciaba que estaban preparando un recurso “contra la no investigación de la Fiscalía”. ¿Un recurso ante la misma justicia franquista que no ha dejado por un momento de proteger al emérito?

La Corona, los tribunales, el CNI, todos son parte del mismo entramado en defensa de los intereses de una minoría de privilegiados. Y solo se acabará con ellos mediante la movilización masiva en las calles, contra la monarquía corrupta y contra el sistema que la sustenta. La lucha por una república socialista que ponga fin a los recortes, a la miseria, que acabe con la corrupción y las desigualdades es más necesaria que nunca.


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