El Gabinete presidido por Pedro Sánchez se encuentra entre los más fieles ejecutores de las órdenes emitidas desde la OTAN y la Casa Blanca, y entre los que repiten y difunden con más convicción y entusiasmo la propaganda que continuamente produce la poderosa maquinaria imperialista de Occidente.
La política exterior es la continuación de la política interior
Si en política exterior esa es la realidad, en lo que se refiere a la política interior la acción del Ejecutivo de coalición ha estado caracterizada por la firme defensa de los intereses de los grandes capitalistas y el incumplimiento sistemático del acuerdo suscrito por el PSOE y UP.
Las promesas, repetidas hasta la saciedad, de revertir las principales contrarreformas implementadas por el PP, se han convertido en su contrario.
La “ley mordaza” sigue vigente en lo fundamental y a pleno rendimiento. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, desde que esta entró en vigor en 2015 hasta 2020, se han interpuesto un total de 1.155.727 sanciones, siendo este último año el más duro con cerca de 376.000 sanciones.
En cuanto a la calidad de nuestra democracia, la actividad desplegada por el aparato del Estado para preservar los intereses de la oligarquía ha continuado desenvolviéndose sin el menor obstáculo. El pasado 19 de abril, The New Yorker hizo público que más de 60 dirigentes y cargos electos independentistas catalanes y vascos fueron espiados con el software Pegasus[1] entre 2017 y 2020. Entre ellos se encontraban Pere Aragonés, Quim Torra y Artur Mas.
Reafirmando una vez más el compromiso del Ejecutivo con el podrido régimen del 78 y sus más turbias instituciones, todas ellas con un amplio historial de represión policial y política y guerra sucia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el ministro del Interior, Grande Marlaska, en nombre del Gobierno, han defendido sin rubor “el trabajo” del CNI y su derecho a espiar con total impunidad.
Un "escudo social" que brilla por su ausencia
Pero es en el terreno de la política social donde la demagogia y los retrocesos han llegado más lejos. Se han vendido como derechos y logros lo que no son más que migajas o flagrantes incumplimientos de sus promesas.
El número de desahucios no deja de crecer a pesar de que oficialmente se insiste en que están prohibidos. En concreto las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales encadenan dos años de aumentos: en 2021 un 57,4% respecto a 2020, año en el que ya en plena pandemia lo hicieron en un 41,6%. Lo último ha sido entregar la gestión de los fondos del banco malo, Sareb, a los grandes fondos especulativos como denuncia una investigación elaborada por El Salto. Un escándalo absoluto teniendo en cuenta la falta de vivienda pública y el precio desorbitado de los alquileres.
Como ya hemos analizado en otros artículos[2], los aspectos centrales de la reforma laboral del PP se han mantenido, desmintiendo la intensa campaña propagandística del Gobierno, con Yolanda Díaz y los ministros de UP en primera línea.
El alcance del Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrella, es una inapelable muestra del rotundo fracaso del Ejecutivo. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios sociales han denunciado que solo se concede una de cada cuatro solicitudes y que únicamente el 12% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza lo recibe.
El pasado enero Cáritas hacía público un demoledor informe señalando que 11 millones de personas viven en condición de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. De estos 1,4 millones son jóvenes (650.000 más que en 2018). Los datos del estudio reconocían que dos millones de hogares dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave; esto es, firma 3 o más contratos al año o trabaja en 3 o más empresas distintas en el mismo periodo o se encuentra en paro 3 meses o más al año.
Casi 2 millones de familias tienen a todos sus miembros desempleados y de estas 600.000 carecen de algún tipo de ingreso periódico. Los hogares en esa situación encabezados por mujeres han pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021. En el caso de los hombres, su número ha crecido en el mismo periodo del 15% al 18%.
Este hundimiento de las condiciones de vida de millones de familias trabajadoras contrasta con los beneficios récord de los capitalistas. Durante 2021 las ganancias de las grandes empresas ascendieron a 53.215 millones de euros.
El Gobierno como garante de la paz social
Es indudable que esta catástrofe social provoca un profundo descontento, rabia y malestar que más pronto que tarde inevitablemente estallará. Ese escenario, temido por Gobierno, la CEOE y las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, es el que intentan evitar.
Con la guerra en Ucrania en su apogeo y una inflación desbocada, el Gobierno apela una y otra vez a reforzar la política de "unidad nacional" para afrontar un escenario muy negativo y que se puede prolongar. El Banco de España lo reconocía en su boletín económico del pasado 5 de marzo: “El entorno es muy volátil y las previsiones están plagadas de una extraordinaria incertidumbre”. Y las previsiones que proyecta son cada vez menos optimistas y están en constante revisión a la baja. En la última plantea que “tras el 0,9% estimado para el primer trimestre del año, la economía apenas avanzará un 0,1% en el segundo trimestre, para elevarse al 0,4% y al 0,7% en los trimestres siguiente”.
En este contexto el Gobierno ha lanzado un plan “anticrisis”, que será aprobado con toda seguridad en el Congreso, con el objetivo de paliar los efectos negativos de la guerra de Ucrania en la economía. Este nuevo conjunto de medidas[3] responde al mismo formato que todos los implementados en estos dos años de gestión. Lluvia de millones para los grandes capitalistas, acompañada de una ruidosa campaña propagandística de raquíticas medidas sociales temporales, como el bono de descuento para el combustible que apenas ha supuesto una bajada real del precio de los carburantes para el consumidor, subida de un 15% de la cuantía de un IMV que pocos de los que lo necesitan lo cobran, limitar hasta junio la subida del precio del alquiler al 2%...
Como complemento de este plan, y cuando la inflación se encuentra en torno al 10%, el Gobierno está patrocinando la firma de un pacto de rentas entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Pero este pacto está encontrando dificultades para materializarse, porque a pesar de que las demandas de las cúpulas sindicales son irrisorias (piden una subida salarial del 3,4% para este año, un 2,5 para 2023, un 2% para 2024 y cubrir el 75% de la subida real de la inflación de 2022), la patronal se niega en redondo.
De todas formas, desde el punto de vista de las ganancias empresariales, para la patronal el pacto de rentas no es imprescindible. Los escasos 19 convenios firmados en 2022 recogen un incremento salarial entre el 3,49% y el 2%, y en los vigentes firmados en años anteriores y que afectan a 4,37 millones de trabajadores, la subida media es del 2,26%. La patronal, con la complicidad de los dirigentes de CCOO y UGT, no necesita firmar ningún pacto de rentas para poder seguir acumulando suculentos beneficios a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Gobernar a favor de los capitalistas allana el terreno a la demagogia del PP y VOX
Las encuestas electorales muestran un avance cada vez mayor de la derecha y la ultraderecha de VOX. Esta es la consecuencia de la política del Gobierno del PSOE-UP y de la estrategia de desmovilizacion de CCOO y UGT. La desmoralización y el escepticismo a que aboca este doble lenguaje y la negativa a tomar medidas de izquierda reales, se extiende entre capas de la clase obrera.
La derecha lo percibe y está actuando en consecuencia. El PP de Feijóo continúa, en la práctica, con la táctica de no dar respiro al Gobierno e insiste en una oposición frontal, sin hacer ningún asco a una alianza de fondo con el partido de Abascal. El Gobierno de coalición con VOX constituido en Castilla-León es una clara muestra de todas las estupideces que desde el PSOE, e incluso desde la direcciónde UP, se han dicho sobre un "cordón parlamentario" para frenar el avance de la ultraderecha.
Aunque es evidente que hay sectores del gran capital muy satisfechos con la política de Pedro Sánchez y desearían un entendimiento entre PSOE y PP, las presiones sobre Feijoo responden a condiciones objetivas. El giro a la derecha de la base electoral que se disputan PP y VOX es sólido; una parte nada despreciable se ha pasado ya a los de Abascal y la mayoría de los que permanecen fieles al PP consideran que la mejor política frente al PSOE es la línea dura contra la izquierda seguida por Isabel Díaz Ayuso.
Unidas Podemos y el cretinismo parlamentario
Lejos de obligar al PSOE a hacer una política de izquierdas, UP se ha mimetizado con la socialdemocracia oficial y cedido en todos los frentes.
La traición al pueblo saharaui y la firme posición otantista sostenida por el Ejecutivo en la guerra imperialista en Ucrania, han sido respondidas por parte de la formación morada con lastimosas quejas que no han ido más allá. En el colmo del esperpento, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, llamaba a una movilización masiva contra el envío de armas a Ucrania ¡que el Gobierno del que ella forma parte realiza y que su compañera Yolanda Díaz ha defendido públicamente!
Para los ministros de UP sigue sin haber razones para salir del Gobierno y organizar la lucha en las calles. ¡Qué error más lamentable! Indudablemente, esta política está pasando una dura factura a UP. Su declive es manifiesto y las grietas en su seno son cada vez más profundas.
En este contexto de retroceso de UP en el que existen claros elementos de descomposición, Yolanda Díaz que junto a Alberto Garzón son los ministros que más firmemente defienden la línea política del Gobierno en todos los asuntos, está postulándose como cabeza de un nuevo proyecto político. El papel de Podemos en esta iniciativa es todavía una incógnita, aunque ya ha provocado cruces de reproches entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos.
Por su parte, Pedro Sánchez ya ha manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa de la ministra de Trabajo. El pasado 19 de abril, en una entrevista en Antena 3, el presidente ignoraba ostentosamente a Podemos: "`queda claro’ que solo hay dos opciones, ‘o un Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha, o un Gobierno de centro izquierda del partido socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz’".
Los últimos años, incluidos los dos de Gobierno PSOE-UP, encierran grandes lecciones para la clase obrera y la juventud. La principal es que la única vía para conquistar derechos, para lograr que se lleve a cabo una política en beneficio de la mayoría de la población, para revertir la situación de empobrecimiento masivo y degradación social que sufrimos, es la organización y la movilización a la altura del reto que el sistema capitalista nos está planteando.
La guerra, la crisis social, la catástrofe económica que oprime a la mayoría, demuestran que el capitalismo no se puede reformar, que el Parlamento es solo un espacio para encubrir como funcionan las cosas, que las decisiones que afectan a millones las toman un puñado de banqueros, grandes monopolios y plutócratas a los que nadie vota en una urna. Frente a este engaño monstruoso tenemos una tarea urgente: levantar una izquierda combativa que confíe en la fuerza del movimiento obrero, que luche por derrocar este sistema podrido con el programa de la transformación socialista de la sociedad.
Notas:
[1] Ese programa informático israelí permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos.
[2] Claves para entender por qué la CEOE aplaude la reforma laboral de Yolanda Díaz. Un análisis más allá de la propaganda y la demagogia
[3] El plan anticrisis del Gobierno: una lluvia de millones para las grandes empresas
