El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del ‘Solo Sí es Sí’. Desde entonces varios tribunales territoriales han revisado escandalosamente a la baja las condenas a violadores, agresores y pedófilos. Incluso el abogado de La Manada ha anunciado que solicitará la revisión de la pena de uno de los condenados para lograr una reducción de, al menos, un año.

Evidentemente, la judicatura machista, clasista y franquista, está utilizando huecos y carencias[1] que la ley contiene para redoblar los ataques contra las mujeres y demostrar quién manda aquí.

El anuncio de las primeras rebajas de penas y excarcelaciones ha sido cogido con las dos manos por una derecha y extrema derecha envalentonada. El Partido Popular, en un ejercicio de sinvergonzonería mayúsculo y haciendo demagogia mentirosa, y su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, han tardado poco en exigir el cese de Irene Montero como ministra de Igualdad y en salir a defender a jueces y fiscales. “Las mujeres españolas pueden estar tranquilas con el trabajo y labor que desarrollan” ha dicho esta ricachona reaccionaria.

Que el PP se presente ahora como el defensor de los derechos de las mujeres es un insulto para todas las jóvenes y trabajadoras que hemos llenado las calles contra las sentencias machistas y hemos denunciado a esta justicia franquista. Los herederos de la dictadura, los que gobiernan con Vox, los protectores de los empresarios violadores, los que justifican nuestra explotación más salvaje, los homófobos y tránsfobos, los de la Patria, Familia, Dios y Bandera, son los enemigos declarados de los derechos de la mujer porque siempre han estimulado todas las formas posibles de violencia contra nosotras.

El PSOE cierra filas con el PP y sale a la defensa de los jueces machistas

Pero no solo la extrema derecha está cargando contra la ley del Solo Sí es Sí e Irene Montero. Tras las declaraciones de la ministra de Igualdad –que señalaba a los jueces como responsables de las reducciones de condenas a los magistrados– la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha decidido utilizar el mismo lenguaje que el Partido Popular. “Absoluto respeto a los jueces en su trabajo y desempeño”, “los jueces son los que tienen que interpretar las normas conforme a su espíritu y confío en que esto vaya a ser así”, “hay separación de poderes”… ha dicho para su vergüenza y la de todas las mujeres que sufrimos el machismo y su violencia.

En un momento en que Vox ha presentado una petición al Congreso para reprobar a Irene Montero, cuando los medios de comunicación del sistema están utilizando este caso para atacar con todavía más fuerza al movimiento feminista - y todo esto a pocos días del 25N -, el PSOE vuelve a demostrar en qué barricada se coloca cuando se trata de condenar el carácter reaccionario y fascista de la Judicatura.

¡Hay que depurar ya el aparato del Estado!

Ahora mismo, Irene Montero está siendo el blanco de los ataques de la derecha y de personajes del feminismo más institucionalizado y de moqueta. Libres y Combativas hemos sido y seguimos siendo muy críticas con la gestión de Unidas Podemos en el Gobierno central, pero eso no nos impide ver que al frente de esta campaña están nuestros enemigos de clase y persiguen una finalidad política muy clara: golpear, desmoralizar y perseguir al masivo movimiento en las calles que ha colocado los derechos de las mujeres trabajadoras y jóvenes en el centro del debate.

Enviamos nuestra solidaridad a Irene Montero contra estos ataques de la reacción, pero también le decimos que no pensamos que la solución a que los jueces y juezas machistas “apliquen erróneamente la ley” pase por “reforzar la formación obligatoria al personal judicial”. La única forma de combatir el carácter reaccionario, franquista y machista del aparato judicial es depurarlo por completo,  no con cursos de formación o pactando con el PP la colocación de dos ultraderechistas al frente del Tribunal Constitucional.  

Libres y Combativas siempre nos hemos posicionado a favor de todas aquellas medidas que hagan avanzar en derechos a las más oprimidas y explotadas de la sociedad. Queremos que las leyes sean lo más progresistas posibles y que nuestros agresores reciban castigos ejemplares. Sabemos que los cambios en la legislación son en muchos casos el fruto de la lucha de masas por abajo. ¿Existiría la Ley del Solo Sí es Sí si en 2018 no hubiera habido una rebelión en las calles contra la sentencia de la Manada? ¿O sin que una marea morada de millones de mujeres y hombres cada 8M demuestre su fuerza y carácter de clase? Por supuesto que no.

Pero el simple hecho de aprobar una ley no garantiza que se vaya a cumplir, o que nuestro derecho a la libertad sexual –en este caso concreto– esté protegido. A la mayoría de jueces y juezas no les falta educación con perspectiva de género, les sobra fascismo y odio de clase. Por eso, la única solución pasa por depurar el aparato del Estado, la judicatura, la policía, el Ejército, de esta calaña de fachas con toga que no dudarán en seguir aplastándonos en cuanto tengan la posibilidad.

Y hay que hacerlo ya. Pero hay que hacerlo en base a la movilización más decidida y enérgica, en base a la organización de las mujeres trabajadoras y jóvenes. La violencia machista es una lacra social que nace del capitalismo. Solo derribando este sistema podremos ser libres.

 NOTA:

[1] La nueva legislación elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, pasando todos estos delitos a ser ‘agresión sexual’. Al ampliar ese delito bajo la ley del Solo Sí es Sí, se elaboró una horquilla más amplia que abarca de los 4 a los 15 años de condena. Los castigos para algunas conductas como agresiones en grupo o bajo los efectos de las drogas se endurecieron, pero algunas penas mínimas de otros supuestos se rebajaron. Es por eso que algunos condenados han empezado a pedir la revisión de sus penas –el Código Penal establece que pueden beneficiarse con carácter retroactivo de las nuevas legislaciones siempre que les sean favorables–.

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