Las conclusiones sobre el caso Kitchen, recientemente presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, dejan al desnudo la colaboración del aparato del Estado con el PP en sus intentos por ocultar sus tramas corruptas.
Jueces, vocales del Consejo General del Poder Judicial y los máximos responsables de la policía actuaron de forma criminal al servicio de los intereses de esta banda de reaccionarios, preparando además un montaje de falsas acusaciones contra Podemos apoyándose en la escuadra mediática. Otra olla podrida de esta democracia ejemplar.
Los hechos son tan graves que la fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez y para el exjefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, 19 años para el comisario jubilado y antiguo torturador, José Manuel Villarejo, y diferentes penas entre dos años y medio y 15 años para cuatro altos cargos de la policía.
Estas acusaciones no son una sorpresa. Eugenio Pino ya fue condenado a un año de prisión por falsificar pruebas contra dirigentes independentistas catalanes y el comisario Villarejo fue encarcelado en 2017 por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Bajo la presidencia de Mariano Rajoy los órganos de seguridad del Estado tuvieron carta blanca para realizar todo tipo de actividades delictivas, algunas en beneficio del PP y otras en beneficio propio, aprovechando la impunidad que les garantizaba el Gobierno.
El aparato del Estado, a la cabeza de la ofensiva reaccionaria
La caída del Gobierno Rajoy no cambió sustancialmente las cosas, como lo demuestran los mensajes que la instrucción judicial del caso Kitchen ha sacado a la luz. En esos mensajes uno de los principales acusados, Francisco Martínez, número dos de Interior con Rajoy, habla tranquilamente con jueces y policías de cómo obstaculizar la investigación de sus delitos.
Destacan por su gravedad las conversaciones mantenidas con Ramón Navarro, actual presidente de la Audiencia Nacional. En ellas, y en sus cenas en casa del magistrado, Martínez solicita ayuda para intentar rehuir las consecuencias penales de sus actos. Esta ayuda incluyó contactos completamente irregulares con otros jueces intervinientes en el caso y el desvelamiento de las declaraciones de otro de los policías acusados, algo absolutamente ilegal.
También son escandalosas las conversaciones de Martínez con el inspector Pedro Agudo, jefe de gabinete de Ignacio Cosidó, director general de la Policía con el PP. Martínez anima a Agudo a falsificar acusaciones contra Podemos utilizando un conflicto por la custodia de un menor. Teniendo en cuenta la oscura trayectoria de Agudo, sus negocios a través de la academia Legispol, su implicación en el asunto de la empresa de seguridad Interligare, su colaboración con Villarejo para echar tierra al escándalo del “pequeño Nicolás”, o su amistad con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (conocido por su persecución judicial a Podemos y por su laxitud con los casos de corrupción del PP), no hay duda de que Martínez sabe elegir a sus cómplices.
Pero lo más sorprendente es que el policía Agudo no solo no ha sido expedientado, sino que ha sido promovido por el Gobierno del PSOE-UP a un puesto de relevancia en los Servicios Centrales del cuerpo. De hecho, todos los implicados en estas tramas, sean jueces o policías, continúan tranquilamente sus carreras profesionales y siguen ocupando puestos clave en el aparato del Estado.
Repetidas veces hemos oído en boca de dirigentes de Podemos acusaciones a las “cloacas del Estado”. Pero no nos equivoquemos. Estas tramas de corrupción y delito no se organizan desde ninguna “cloaca”, se organizan desde el corazón mismo de las instituciones del Estado, desde sus más altas magistraturas.
Este aparato de Estado cumple la función para la que ha nacido: defender los privilegios de la clase dominante y reprimir cualquier intento de acabar con el sistema capitalista. Cuando fue necesario, ese aparato de Estado utilizó la violencia más desenfrenada para ahogar en sangre la rebelión de la clase trabajadora. Los pactos de la Transición de los años 70 lo mantuvieron intacto y nos dejaron en herencia unos tribunales, un ejército y unos cuerpos de seguridad repletos de franquistas. Hoy, el aparato de Estado vuelve a ocupar un lugar central en la escena política, superando las instituciones parlamentarias cuando no se muestran lo suficientemente útiles para asegurar los intereses de la burguesía.
Las complicidades del PSOE
La alianza tácita del PSOE con el PP en todos los considerados “temas de Estado” condena al Gobierno de coalición a la impotencia frente a esta ofensiva. Ya sea con su negativa a derogar la ley mordaza, con su capitulación en la Ley del Solo Si es Si, o en su disposición a decir amén al imperialismo norteamericano en todo cuanto exige, esta debilidad se agrava por la implicación directa de altos cargos del PSOE en las tramas de corrupción que surgen al calor de las milmillonarias subvenciones institucionales a las empresas.
Si el caso de los ERE en Andalucía fue emblemático, ahora el escándalo del "Tito Berni" es solo otra muestra de la forma de hacer negocios entre la burguesía española y sus políticos a sueldo. Por supuesto, el PP y sus portavoces están aprovechando para echar tierra sobre su propia corrupción, y el PSOE, pieza fundamental en la estabilidad del sistema, se ve atado de pies y manos para denunciar que la corrupción de Tito Berni es solo la punta del iceberg del funcionamiento habitual del capitalismo español.
Frente a esta ofensiva reaccionaria impulsada desde el aparato de Estado, y frente a la corrupción orgánica, responder con la charlatanería de siempre, con las comisiones de investigación parlamentarias, con el tú más que yo… puede llenar titulares, pero no aporta solución alguna. Este fallo multiorgánico del sistema no se resuelve apelando a esa medicina, sino con la lucha de masas y una política revolucionaria. Solo así acabaremos con las causas que generan esta gangrena viciosa.
• Ilustración de Miguel Rojas
