Una legislatura aún más bronca y polarizada
Tras conocerse el acuerdo entre el PSOE y Junts que garantiza definitivamente la investidura de Pedro Sánchez, el PP y Vox no han tardado ni un minuto en salir en tromba anunciando la destrucción de España y movilizando sus escuadras fascistas. Un carnaval nauseabundo, aderezado con cánticos del Cara al Sol, saludos romanos y gritos de Franco, Franco, Franco.
Feijoó ha prometido utilizar todos los medios a su alcance para frenar el “acuerdo de la vergüenza”, mientras Ayuso y Abascal utilizan un tono abiertamente golpista. El jefe de Vox ha llamado a la resistencia patriótica, afirmando como un matón que, o Sánchez acaba sentado en el banquillo de los acusados o acabaran ellos, los legionarios de Vox, en la cárcel. ¡Así sea! También ha manifestado su apoyo a cada una de las manifestaciones que se produzcan, avalando y azuzando a las falanges de extrema derecha que tomaron violentamente las calles de Madrid esta última semana. Y lo mismo Ayuso, que señala, sin sonrojarse, que nos encontramos ante el comienzo de una dictadura.
Este lenguaje que azuza la violencia callejera de extrema derecha e interpela a un aparato del Estado plagado de jueces, militares y policías que militan y simpatizan con la reacción fascista, no es ninguna broma, y no es una simple escenificación. Nos encontramos ante un fenómeno que no es nuevo, como ocurrió en los años 30 con el ascenso de la CEDA y Falange, y los discursos incendiarios de Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera. Mano dura contra el separatismo y el comunismo, nacionalismo españolista fanático y constantes llamamientos a los estamentos del Estado para desobedecer las leyes de su propio orden social y ponerse detrás, ¡o al frente!, de las huestes fascistas.
El aparato del Estado contra la amnistía
En las movilizaciones de estos días han participado reconocidos dirigentes del PP y Vox de todos los territorios, encabezando a miles de pequeñoburgueses rabiosos y llenos de odio contra la izquierda, “gente de bien” como dice Feijóo, y que no han dudado en proteger a las bandas fascistas y su actuación violenta.
Pero si la acción callejera y extraparlamentaria movilizando a estas escuadras fascistas es una táctica absolutamente consciente, la otra pata de la ofensiva es utilizar a fondo el aparato del Estado. Así se ha visto, por ejemplo, con el CGPJ, el órgano de Gobierno de los jueces, que aprobó por mayoría una declaración política contra la amnistía, señalando que supone la “degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España”.
En la misma línea se sitúa la actuación del juez García-Castellón de la Audiencia Nacional, artífice de los burdos montajes contra Podemos, imputando a Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo para tratar de frustrar la amnistía y la investidura de Sánchez, o la posición de los sindicatos policiales en abierta rebelión contra el Gobierno y conectando con los llamados de Abascal a que los antidisturbios incumplan las ordenes de sus mandos. Desde la Transición no se habían escuchado discursos tan claros y explícitos a favor de un golpe de Estado.
La rabia de esta caterva de reaccionarios, y de sus huestes fascistas, no cederá fácilmente y es proporcional al duro golpe que han recibido, primero con los resultados electorales, y ahora, con un acuerdo y una amnistía que supone reconocer la fuerza del movimiento por la autodeterminación y la República en Catalunya, y la ilegitimidad de la brutal actuación del régimen del 78 y del aparato del Estado tanto en 2017, reprimiendo salvajemente el referéndum del 1 de octubre, como en 2019 con la sentencia del Supremo.
Desdiciéndose de todo lo dicho al respecto durante los últimos años, el PSOE ha tenido que firmar un documento que, entre otras cosas, dice: “las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Este acuerdo, por tanto, no es solo una maniobra por arriba, ¡que lo es!, sino también una consecuencia directa de la lucha de clases. Sánchez no ha tenido más remedio que reconocer que el apoyo social a la lucha por la república catalana y a la independencia sigue siendo muy fuerte, y que para conseguir desactivarlo y poder urdir un nuevo Gobierno de coalición necesitan de la colaboración activa de los dirigentes de ERC y Junts. Y esto implica hacer concesiones significativas. Ese es el carácter contradictorio de esta ley de amnistía: intentar profundizar la desmovilización social y política en Catalunya, al tiempo que se constata la enorme fuerza del movimiento de liberación nacional.
Por su parte, Junts y ERC han dejado claro su renuncia definitiva a conseguir el derecho a decidir mediante la movilización popular. El texto acordado es claro al respecto: en el caso de que se pudiera celebrar un “referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya”, se debe acordar en el marco de la Constitución, de conformidad con su artículo 92, como decisión competente del Gobierno central, el rey y las instituciones del Estado. Sin duda, un brindis al sol porque el régimen del 78 jamás tolerará un referéndum así.
Hay otros aspectos de gran interés para la burguesía catalana, la Generalitat, Junts y ERC, a la hora de llegar a este pacto con el PSOE, como garantizar la vuelta a Catalunya de las empresas que cambiaron su sede social, nuevos traspasos de competencias, como ya se ha acordado con las infraestructuras ferroviarias, o la cesión de todos los impuestos en línea con el régimen fiscal especial que existe en Euskal Herria y Nafarroa.
En el PSOE confían en el sentido práctico de los grandes poderes económicos y financieros, muy bien representados por el reciente editorial del Financial Times apoyando la amnistía como una necesidad para cerrar “brechas políticas y sociales”. Sectores decisivos del gran capital —desde Foment del Treball, uno de los pilares de la CEOE, a la banca, pasando por representantes cualificados de la burguesía catalana, española y europea— ven con buenos ojos una medida que puede profundizar la desmovilización popular y arrinconar el mandato del 1 de octubre de 2017. Dar carpetazo a la mayor crisis política que ha enfrentado el régimen del 78 en décadas bien vale una ley de amnistía.
Sin embargo, la clase dominante está dividida en un asunto que levanta ampollas en sus filas, donde los orígenes franquistas de las fortunas y los lazos con el PP y Vox son evidentes. Y por otro lado , aunque Sánchez consiga alzarse con la investidura y formar Gobierno, no podrá conjurar una polarización social y política que tiene sus bases en la crisis y descomposición del sistema capitalista, y que está detrás del estallido de la cuestión nacional en Catalunya. La amnistía, aunque cuenta con una simpatía masiva en Catalunya, no eliminará los factores que impulsan el movimiento de liberación nacional.
Una cosa está clara: la legislatura que Pedro Sánchez y sus socios esperaban blindar será mucho más bronca e incierta que la anterior.
El nuevo Gobierno de coalición
La escenificación golpista de la reacción augura un combate muy duro en los próximos meses. Sin embargo, Pedro Sánchez y todos sus socios, ya sea Sumar, Podemos IU, ERC y EH Bildu, persisten en su intención de blindar la paz social a toda costa. Una paz social que no parará a la extrema derecha ni en el parlamento, ni en los tribunales, ni en las calles. ¡Al revés!
Hay pocas dudas de que el nuevo Gobierno de coalición estará más escorado hacia posiciones socialdemócratas de derechas. Un Ejecutivo que se levanta sobre el hundimiento de Podemos y que aunque no dejará de explotar la política de gestos, actuará para que el gran capital siga acumulando beneficios récord, y mantendrá su lealtad al imperialismo norteamericano como ha quedado claro con la actitud cómplice de Sánchez ante el genocidio israelí en Gaza.
Obviamente la constitución de un Gobierno PSOE-Sumar aparece a los ojos de una gran mayoría de nuestra clase como un millón de veces preferible a un Gobierno PP-Vox, y aún más ahora que muestran su verdadero carácter ultraderechista y golpista. Desde Izquierda Revolucionaria entendemos esa opinión y hemos dejado siempre clara nuestra posición de combatir a la derecha en las urnas y en las calles.
Pero la cuestión es concreta. Si el PSOE y Sumar siguen manteniendo sus actuales políticas, no cerrarán el paso a la extrema derecha durante mucho tiempo. Y menos aún si se les cede las calles con la excusa de no caer en provocaciones. Las fuerzas parlamentarias supuestamente a la izquierda del PSOE, subordinándolo todo a la negociación de sus cuotas de participación en el Gobierno central o en futuros Gobiernos autonómicos, están hipotecándose y dando un cheque en blanco que les arrastrará a justificar lo injustificable, permitiendo que la amenaza de la reacción pueda seguir avanzando.
Jamás confiaremos en que el PSOE cumpla sus promesas por voluntad propia. Solo podemos basarnos en nuestras propias fuerzas para arrancar derechos y conquistas sociales, nunca en la gestión de unos partidos que han dejado muy claro su lealtad al sistema, a los poderes fácticos, al imperialismo y el militarismo.
Debemos aprender del estrepitoso fracaso de la nueva izquierda surgida tras la crisis de 2008. Solo la movilización independiente de la clase trabajadora, armada con un programa revolucionario e internacionalista, puede cambiar el rumbo del mundo y evitar el fascismo y la barbarie.
