Durante el proceso de investidura del president de la Generalitat la CUP desperdició la oportunidad de dar un golpe mortal a la derecha catalana. La burguesía siempre puede renunciar a aspectos secundarios, como ocurrió con la retirada en falso de Artur Mas, con el fin de mantener bien atados y protegidos sus intereses de clase. Por ello mismo la política de la CUP de colaboración con Convergència, sosteniendo a un Govern de la derecha que continúa aplicando el programa del capital, es un auténtico crimen para los millones de trabajadores y jóvenes que votamos por el cambio el 27S y el 20D, para todos aquellos que defendemos el derecho a la autodeterminación de Catalunya, para las mareas que han combatido los recortes y privatizaciones en la sanidad y la educación, o para los activistas de la PAH que han ocupado sedes bancarias e impedido desahucios.
Convergència y PP garantizan recortes y privatizaciones
Hemos comprobado la gravedad de esta decisión de la CUP cuando en el Parlament, una tras otra, se ha vetado la más mínima reforma progresista. Puigdemont ha continuado las políticas de austeridad y privatización. Tanto en la acción de gobierno como en el juego parlamentario se da una coincidencia constante de Junts pel Sí con el PP o Ciudadanos, demostrando sus intereses de clase comunes. Por su parte, ERC está subsumida sin condiciones en la aplicación de la política de Convergència. Es necesario decir las cosas tal y como son. Se puede acabar con la derecha, echar a Convergència y al PP, ¡pero no se ha querido!
En cualquier terreno podemos comprobar este diagnóstico. El reciente desalojo del Banc Expropiat en el barrio de Gràcia así lo ha demostrado respecto a la represión de los Mossos1, similar a la ejercida en el pasado por la extinta CiU contra Can Vies, el 15M o las huelgas generales. Y eso la misma semana en que se absuelve a los Mossos juzgados por el caso Esther Quintana y en que se autoinculpan los Mososs responsables de la muerte de Juan Andrés Benítez, que no irán a la cárcel al haber sido condenados a dos años de prisión y de suspensión de empleo y sueldo. Tras ese periodo podrán reincorporarse aprobando un cursillo de derechos humanos. ¡Esta es la nueva Generalitat!
En educación, el nuevo Govern ha acordado cerrar 54 aulas de colegios públicos, perdiéndose 90 plazas de profesores. En los últimos años la Generalitat ha cerrado 176 clases de infantil en centros públicos frente a 51 en los concertados. Por otro lado, la ILP para una nueva ley educativa para Catalunya que planteaba acabar progresivamente con los conciertos educativos, y que recogió más de 100.000 firmas, ha sido tumbada por Junts pel Sí y el PP. Lo mismo ha ocurrido con la eliminación de los conciertos a los colegios religiosos que segregan por sexos, uno de los puntos acordados con la CUP para la investidura, y que ha sido rechazado también con los votos de Junts pel Sí y el PP. Se ha rechazado la inmediata paralización de la reforma universitaria del 3+2, que se aplicará a partir de septiembre en tres universidades públicas catalanas, así como la reducción en un 30% de las tasas universitarias, esta vez por Junts pel Sí junto a PP, Ciudadanos y PSC. Y lo mismo podríamos decir respecto a la sanidad, servicios sociales y otros muchos asuntos.
¡Ningún acuerdo con la derecha! ¡Hay que echarles!
En este momento se negocian los nuevos Presupuestos de la Generalitat. El conseller de Economía, Oriol Junqueras (ERC), ya ha insinuado que no podrán atender las necesidades de la sociedad catalana. La presión se vuelve a centrar en la CUP, a la que quieren implicar en la aprobación de estos presupuestos antisociales. Desgraciadamente, esta formación no sólo no hace frente a dicha ofensiva, sino que señala que “el pacto de estabilidad no se rompería sin acuerdo por los presupuestos”, y que no sería ningún drama una prórroga de los anteriores, unos presupuestos que la propia CUP calificaba de “neoliberales”. Se presenta dicha decisión como si fueran ajenos al Govern, ocultando que está en sus manos impedir no sólo unos presupuestos antisociales, sino la continuidad de un Govern de facto de la derecha aliado en el día a día con el PP.
Tampoco es casualidad el reestablecimiento de los puentes entre el govern de Puigdemont con el gobierno de Rajoy, rebajando tensiones y abandonando el discurso de la desobediencia. De hecho, ante el posible voto en contra de la CUP a los Presupuestos, el Govern ya busca nuevos apoyos, señalando especialmente al PSC. Incluso la suspensión de parte de la ley antidesahucios por el recurso del PP al Constitucional es una clara demostración del cinismo de Convergència y de la utilización torticera que hace del sentimiento nacional y de las aspiraciones democráticas de muchos catalanes. ¿Por qué, si la ley estaba aprobada desde agosto de 2015, no fue llevada a cabo por la Generalitat, tal y como denunciaron muchos de los ayuntamientos del cambio? ¡Que no nos engañen!
En este momento, como se confirmó el 20D, la izquierda en Catalunya no sólo es mayoritaria en las calles, sino también en el parlamento. La última encuesta de la Generalitat situaba a Convergència en cuarta posición en votos, un auténtico descalabro. Otra encuesta respecto a las generales del 26J sitúa a En Comú Podem con un 34% de los votos, ocho más que el 20D. Fue esta terrorífica perspectiva la que hizo que la burguesía y sus representantes echaran el resto, apartando a Mas, y consiguiendo en el último minuto la implicación de la CUP. Algo similar a lo que han intentado a nivel estatal, sin éxito, con Podemos. ¡La CUP tiene que rectificar y romper con la derecha! ¡Hay que formar un frente de izquierdas en Catalunya con el objetivo inmediato de revertir todos los recortes sociales y defender el derecho a decidir de forma consecuente! Es evidente que ¡sí puede!
1. Para conocer la posición de IR al respecto ver: http://goo.gl/W59vXi
