>La CUP debe decir NO a Puigdemont
La crisis del Régimen del 78 se ha expresado con contundencia en el terreno de la cuestión nacional. A las movilizaciones contra los recortes y planes de ajuste, en defensa de la educación y la sanidad públicas, o contra los despidos y los recortes salariales, se ha sumado la movilización en defensa de los derechos democráticos, y concretamente de los derechos democrático nacionales de Catalunya.Millones de jóvenes y trabajadores han inundado durante los últimos años las calles de Catalunya en defensa del derecho de autodeterminación y contra las imposiciones españolistas del PP y el aparato del Estado.
Dicha movilización, especialmente entre amplios sectores de la juventud, expresa una voluntad de cambio que va más allá de los límites en que pretende situarla la derecha nacionalista de Convergencia (ahora PDC), vinculándose la lucha por el derecho de autodeterminación con la batalla por acabar con los recortes y la lógica del sistema capitalista. El propio ejemplo de lo ocurrido en Grecia, o en otros muchos países, donde el capital financiero y la troika imponen con puño de hierro sus políticas salvajes contra la mayoría de la población, es un claro ejemplo de la absoluta necesidad de vincular la lucha por la liberación nacional con la lucha por acabar con el capitalismo.
El neofranquismo del PP y del aparato del Estado amenaza los derechos democráticos
Las grabaciones del Ministro del Interior Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya han puesto de nuevo de relieve el funcionamiento del aparato del Estado, que no duda en utilizar cualquier método o medio a su servicio para garantizar los intereses delos banqueros y grandes empresarios. Sin embargo dichas grabaciones no son ninguna novedad, ya que este ha sido el método utilizado permanentemente contra la CUP, Podemos, las candidaturas del cambio, o contra centenares de activistas sociales, con el fin de desacreditar o combatir cualquier expresión de lucha que pusiera en cuestión los intereses de la clase dominante.
El PP no solo se ha convertido en una auténtica amenaza para los derechos sociales de la mayoría, sino también para el conjunto de los derechos democráticos. La aprobación de la "Ley Mordaza", los constantes casos de persecución respecto de numerosos activistas sociales y sindicalistas, o la represión cada vez más creciente de las fuerzas del orden son claros ejemplos de para qué se prepara la burguesía y de la deriva autoritaria del Gobierno del PP. Una deriva que resucita nítidamente el españolismo rancio heredado de la dictadura, en el ADN del PP y del aparato del Estado, y que no puede permitir y aceptar el ejercicio de los derechos democrático-nacionales. Una nueva demostración de cómo el espíritu del franquismo ha continuado dominando el aparato del Estado, como se vio también bajo los Gobiernos del Felipe González con los GAL, y de la falta de depuración del mismo tras la muerte del dictador, algo en lo que colaboraron las distintas fuerzas políticas de la Transición, incluidos los partidos nacionalistas catalanes.
Combatir dicho neofranquismo requiere ahora, como en los años 70, una política contundente de clase, que se apoye en el movimiento de masas y en la lucha en las calles, lo que sin duda va mucho más allá del camino dispuesto a recorrer por el nacionalismo de derechas. No basta con meras declaraciones parlamentarias, que finalmente siempre quedan en agua de borrajas, y que no contribuyen a dar confianza al movimiento en su lucha contra el aparato del Estado y el PP, y en defensa de los derechos democrático nacionales de Catalunya.
Convergencia, PP y Ciutadans, ¡juntos en el Parlament! ¡Basta de engaños!
Convergencia está dispuesta, como ocurrió ya en la investidura, a aprobar todas las resoluciones que sean necesarias siempre que se garanticen sus privilegios e intereses de clase. En este caso se trata de superar el trámite de los presupuestos, de vital importancia para mantener sus negocios y los de sus amiguetes, como ocurre con el PP. Al igual que ocurrió durante la investidura, estamos asistiendo de nuevo a todo un espectáculo para tratar de conseguir que de nuevo la CUP vuelva a ceder y apruebe las cuentas del Govern de Puigdemont. Al tiempo que se confronta públicamente con el PP, nos encontramos con que el grupo de Convergencia en el Congreso llega a acuerdos con el PP para la conformación de la mesa del Congreso, o que se llegan a acuerdos económicos en Madrid con el Gobierno del PP como ha sido la conversión de una parte de la deuda a corto plazo de la Generalitat en deuda a largo plazo. Al margen de los discursos y declaraciones hay un constante intento del PP y Convergencia por restablecer los lazos para garantizar la estabilidad tanto en el Estado español como en Catalunya.¡Por encima de todo están sus intereses de clase!
Un buen ejemplo de ello ha sido la actividad del Parlament desde la formación del Govern de Puigdemont, donde constantemente y en los asuntos centrales Juntspel Sí vota conjuntamente con PP y Ciudatans. Uno de los últimos ejemplos ha sido el rechazo a la moción impulsada por la CUP y CSQEP que reclamaba la formación de una banca pública, y que solicitaba “exigir al gobierno español el traspaso de todos los bienes inmuebles actualmente propiedad de la SAREB”. Una medida que permitiría a la Generalitat disponer de inmuebles para garantizar el derecho a la vivienda de miles de catalanes, especialmente importante tratándose de la comunidad autónoma que más desahucios practica. Otro ejemplo ha sido la nueva norma antidesahucios aprobada por el Govern de Puigdemont tras la anulación por el Constitucional de la norma recurrida por el PP, que queda completamente descafeinada no recibiendo el apoyo de la PAH, la entidad promotora de la ILP y cuya lucha permitió aprobar la ley ahora suspendida. A pesar de los discursos de Puigdemont planteando que garantizaría la aplicación de la ley suspendida, finalmente todo ha quedado, como siempre, en meras palabras.
En educación, el nuevo Govern ha acordado cerrar 54 aulas de colegios públicos, perdiéndose 90 plazas de profesores. En los últimos años la Generalitat ha cerrado 176 clases de infantil en centros públicos frente a 51 en los concertados. Por otro lado, la ILP para una nueva ley educativa para Catalunya que planteaba acabar progresivamente con los conciertos educativos, y que recogió más de 100.000 firmas, ha sido tumbada por Juntspel Sí y el PP. Lo mismo ha ocurrido con la eliminación de los conciertos a los colegios religiosos que segregan por sexos, uno de los puntos acordados con la CUP para la investidura, y que ha sido rechazado también con los votos de Juntspel Sí y el PP. Y lo mismo podríamos decir respecto a la sanidad, servicios sociales y otros muchos asuntos.
Para ejercer el "derecho a decidir" y acabar con los recortes, ¡la CUP debe romper con la derecha!
Tras todos estos meses ha quedado más que demostrado que con Convergencia no solo no se puede avanzar desde el punto de vista social, algo evidente, sino tampoco en el ejercicio del derecho de autodeterminación. Convergencia prostituye el "derecho a decidir", manipulando el sano sentimiento de miles de catalanes que sí quieren luchar contra el PP y el aparato del Estado, y también contra los recortes y por una sociedad más justa y equitativa. La CUP cometió un grave error apoyando a Puigdemont y permitiendo un nuevo Govern dominado por Convergencia, tal y como estamos viendo día a día, con ERC subsumida sin condiciones en la aplicación de la política de Convergència. Ahora ante la cuestión de confianza planteada por Puigdemont tienen la oportunidad de rectificar y volver a la senda de la movilización y la lucha tumbando a un Govern de derechas que practica políticas de derechas.En este último período se ha podido comprobar claramente que el apoyo de la CUP a la investidura de Puigdemont no ha servido ni para aplicar políticas distintas ni para avanzar hacia la independencia como paso previo al bienestar social.
De nuevo estamos viendo como Convergencia, necesitada del apoyo de la CUP para la aprobación de los presupuestos, vuelve a llenarse la boca de independentismo, algo que quedará aparcado en los hechos si la CUP se compromete con sus votos a aprobar lo que serán inevitablemente unos presupuestos continuistas, que entre otras cosas mantendrán los conciertos educativos y sanitarios, fuente de corrupción y negocios de CiU durante años.La propia Convergencia está tratando de esconder su auténtico rostro maquillándose bajo unas nuevas siglas, Partit Demócrata Catalá (PDC), ¡pero no engañan a nadie! Son los mismos del caso Palau, de la corrupción y el saqueo del sistema sanitario catalán, y los que envían a los Mossos a reprimir ahora al BancExpropiat en Gràcia y ayer al 15M en Plaça Catalunya.
La CUP y CSQEP tienen en su mano poder dar un vuelco a la situación para resolver los problemas cotidianos de millones de catalanes, acabando con los desahucios, con los recortes y la sangría que día a día siguen sufriendo la educación y la sanidad públicas, o con los EREs, despidos y empeoramiento constante de las condiciones laborales que seguimos viviendo, y también para que se pueda ejercer efectiva y plenamente el derecho de autodeterminación. ¡Es todo parte de la misma batalla!
La desobediencia es un arma que se ha utilizado a lo largo de la historia para cambiar radicalmente las cosas, un arma central en cualquier proceso revolucionario, pero hay que llevarla efectivamente a la práctica. La CUP, rompiendo con la derecha, y CSQEP, impulsando el ejercicio del "derecho a decidir" sin condiciones, tienen en su mano poder ejercitar desde la calle, mediante la movilización y organización de los millones que venimos luchando contra el PP y Convergencia, tanto el derecho de autodeterminación como el derecho a una vivienda digna o a una educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Ahora, más que nunca, es necesario dar un contundente paso al frente y echar a la derecha.
