Por la república socialista catalana
El 11 de septiembre un millón de personas desbordábamos las calles de Barcelona gritando bien alto y bien claro que queremos votar el 1 de octubre y que no vamos a aceptar que el PP nos lo impida. Como ha venido ocurriendo Diada tras Diada desde 2012, el pueblo de Catalunya volvió a manifestar su deseo inalienable de decidir democráticamente qué vínculos quiere mantener con el resto del Estado español, incluido su legítimo derecho a la independencia.
Contra este clamor a favor del derecho a decidir, inmensamente mayoritario entre la población catalana (como todas las encuestas demuestran) y con un apoyo cada vez mayor en el conjunto del Estado español, el gobierno del PP y la burguesía española están recurriendo a medidas represivas que no se veían desde la dictadura franquista. Allanamientos y acoso policial contra medios de comunicación e imprentas; prohibición judicial de actos políticos en Madrid, Gasteiz y Gijón sobre el derecho de autodeterminación; censura informativa, impidiendo a la televisión pública catalana TV3 emitir determinados contenidos sobre el referéndum; detenciones de jóvenes en diversas localidades de Catalunya por pegar carteles a favor del SÍ.
La ofensiva ha dado pasos sin precedentes, y no sólo contra la libertad de expresión y reunión. La puesta en marcha de un cerco judicial y policial contra los alcaldes que han manifestado su decisión de facilitar instalaciones para la votación en sus localidades, o la orden de las Fiscalías provinciales de Catalunya a los Mossos d’Esquadra —siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado—para que persigan y requisen las urnas, representa la utilización abierta del aparato estatal para doblegar, por la fuerza, la voluntad de millones de catalanes. El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, ha amenazado con medidas penales a los voluntarios que ayuden a organizar el referéndum: “Saben que están participando en una actividad delictiva”, y el Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro ha intervenido todos los pagos de servicios esenciales de la Generalitat, para evitar que se utilice ningún recurso en la financiación del referéndum.
Toda esta escalada represiva, vitoreada por el nacionalismo españolista, el PP, C's, y que lamentablemente cuenta con el apoyo de la actual dirección del PSOE, podría culminar en la suspensión del Parlament y el Govern de Catalunya si finalmente Rajoy se decide a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Asistimos a la puesta en práctica de una estrategia sacada de un manual de la dictadura. No es propaganda, los hechos desvelan el verdadero carácter del Estado español, del ejército, de la judicatura y sus leyes, herederos orgullosos del franquismo.
Las razones de este movimiento de masas y la posición de la izquierda parlamentaria
El verdadero combustible que alimenta el “procés”, más allá de las maniobras de Puigdemont, o del apoyo parlamentario que recibe de ERC o la CUP, es la indignación acumulada de millones de jóvenes y trabajadores, y de un sector muy numeroso de las capas medias, hartos de ver como sus derechos democrático-nacionales son constantemente pisoteados desde el gobierno central y las instituciones del Estado español, de como se niega una y otra vez su derecho a decidir, y de sufrir un deterioro salvaje en sus niveles de vida y en las condiciones de sus barrios durante nueve años de crisis capitalista, que han hecho caer casi un 20% la renta media de las familias catalanas o que la pobreza afecte a uno de cada 3 menores de 18 años. Y todo ello mientras un puñado de parásitos y corruptos se llena los bolsillos, y las políticas de recortes y austeridad, la precariedad y los bajos salarios, y la falta de esperanzas para la juventud se han convertido en parte inalterable del paisaje social. Por eso, aunque el Estado movilizase todo su poder de represión y consiguiese impedir la instalación de las urnas, la indignación y el malestar social contra una opresión nacional y social muy real no harán más que aumentar.
La idea de que el referéndum del 1-O representa un “golpe de Estado” y una imposición “antidemocrática” a un sector de la población catalana es una de las mayores mentiras que intentan vender los medios de comunicación al servicio de la burguesía. Y un absurdo en sí mismo. Si tan seguro está el Estado, el PP y los partidos que se subordinan a ellos, de que los independentistas son una minoría, ¿por qué no aceptar las urnas? ¿Por qué impedir la votación? ¿Por qué en Venezuela sí pero en Catalunya no? En una votación democrática sobre la autodeterminación, toda persona que no apoye la independencia tiene la opción clara de no votar o hacerlo por el NO. Partidos como el PP, Cs o el PSOE, que defienden la legalidad emanada del 78, tienen una gran cantidad de recursos y de influencia para hacer una campaña a favor de sus argumentos y contra la independencia. Por eso mismo, la auténtica razón que explica la actitud cerril de la derecha y del Estado no es que defiendan la democracia, sino todo lo contrario: es que niegan que el pueblo de Catalunya tenga derecho a decidir y que Catalunya sea una nación. Su posición no es más que la continuación de una línea de conducta que ha manifestado históricamente la burguesía española y su Estado centralista, aplastando manu militari la mayoría de las veces las aspiraciones democrático-nacionales de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Eso fue lo que sucedió bajo la dictadura franquista, y desde la Transición cualquier avance en estos derechos ha sido siempre el resultado de la movilización masiva.
En este contexto, la dirección del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, se ha enganchado al carro del PP “en defensa de la legalidad” y ordenado a los alcaldes del PSC que se enfrenten a sus propios ciudadanos anteponiendo la obediencia al Estado. De esta manera, los dirigentes del PSOE se han sumado —junto a toda una serie de intelectuales que se declaran “de izquierda” o “progres”— a un coro que lava la cara a Rajoy recurriendo a argumentos dignos del NODO (el noticiero con el que la dictadura intentaba pintar una España color de rosa). Comparar la actuación de Carme Forcadell —presidenta del Parlament— al permitir que se votase en el hemiciclo catalán la ley convocando el referéndum con el golpe de Estado del 23-F, tal como hizo Almudena Grandes, es haber perdido la brújula política por completo. Hablar de imposición, golpe a la democracia y cosas por el estilo, sólo demuestra lo lejos que puede llevar el abandono de una perspectiva anticapitalista, de clase, en la cuestión nacional.
Millones de personas, en Catalunya y fuera de Catalunya, esperaban que Pablo Iglesias y Ada Colau se pusiesen al frente de la lucha contra la represión del Estado y en defensa del derecho a decidir. Antes del verano Pablo Iglesias prometió que si el gobierno reprimía el referéndum le tendría enfrente. Pero, en lugar de pasar de las palabras a los hechos, tanto él como Ada Colau siguen insistiendo en que el referéndum debe ser “pactado y con garantías”. Pero, ¿pactado con quién? ¿Con este mismo Estado que prohíbe actos políticos, aplica la censura y amenaza con encarcelar a dirigentes políticos por el “delito” de poner urnas para que la gente vote? ¿Y garantías de quién? ¿De Rajoy, Sáenz de Santamaría y demás corruptos del PP? ¿De los herederos del franquismo y promotores de la ley mordaza? ¿O acaso se refieren a la Casa Real y a la burguesía, los mismos que venden armas a los regímenes reaccionarios que financian el terrorismo yihadista, los que hacen negocios impulsando las guerras imperialistas, cierran empresas y saquean los recursos públicos?
La ausencia de una lucha consecuente contra la represión del Estado desde la dirección estatal de Podemos ha provocado malestar en sus bases, especialmente en Catalunya. Correctamente, Albano Dante Fachin —secretario general de Podem Catalunya— ha expresado ese malestar defendiendo la movilización en las calles para lograr el derecho a decidir el 1 de octubre y desmarcándose de las declaraciones contra el referéndum —muy aplaudidas por la derecha— de Coscubiela, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es Pot. Dante Fachin recordó que el origen de Podemos, y su fuerza, proviene de la movilización en la calle y no de supeditar esa a las instituciones. Esto es 100% correcto.
La posición ambigua y vacilante de los dirigentes estatales de Podemos y de Catalunya en Comú es más inaceptable todavía si tenemos en cuenta la experiencia de movimientos como el 15-M o la PAH. ¿Acaso el 15-M buscó pactar y respetar los cauces institucionales cuando ese mismo Estado, que hoy prohíbe el referéndum, declaró ilegales manifestaciones y acampadas? ¡Por supuesto que no lo hizo! Se basó en la movilización de masas, y desafió todas las prohibiciones. Y eso fue lo que le dio el respeto y el reconocimiento de millones de personas a Pablo Iglesias, a Podemos o a Ada Colau. ¿Ha olvidado Ada Colau cómo la atacaban los mismos que hoy atacan el referéndum cuando anteponía los derechos sociales y democráticos de la mayoría a los argumentos en defensa de la propiedad, las leyes y el respeto al Estado?
Finalmente, la presión desde abajo ha sido tan fuerte que Ada Colau se ha visto obligada a prometer que el ayuntamiento que preside cederá espacios públicos para que la población de Barcelona pueda ejercer su derecho a voto. Lo mismo ha ocurrido con las bases de Catalunya en Comú, que se han pronunciado mayoritariamente por participar en el referéndum.
¡Frente a la represión del Estado, movilización masiva para imponer el derecho a decidir! ¡Por la república socialista catalana!
La burguesía española y el PP, a pesar de todos los recursos de los que disponen, tienen una posición muy débil, como demuestra su incapacidad para organizar ninguna movilización en “defensa de la unidad de España”, ni en Catalunya ni en ningún otro territorio.
Y esta debilidad es la que empuja a sectores del PP y Ciudadanos, la caverna mediática que les acompaña, y no pocos elementos españolistas y reaccionarios del PSOE, como Alfonso Guerra, a exigir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que significaría suspender la autonomía de Catalunya. Varios miembros del gobierno han afirmado que por el momento no apuestan por esta opción pero tampoco la descartan ni mucho menos. Pero aplicar ese artículo representaría un salto cualitativo y sus consecuencias serían incontrolables.
No sólo estaríamos ante una nueva demostración del carácter reaccionario y antidemocrático de la Constitución española y del régimen monárquico del 78, sino que una acción de esa envergadura llevaría aparejada una represión brutal. Sólo los más obtusos y fanáticos reaccionarios pueden dejar de ver que una maniobra así podría desencadenar una explosión social en Catalunya, y la entrada en escena del movimiento obrero para resistir una agresión tan brutal. No se trataría ya de negar un referéndum, sino de acabar con una conquista democrática arrancada en los años setenta por la movilización masiva de la población contra la dictadura, y que sigue viva en la memoria colectiva. Sería muy difícil evitar que la huelga general prendiese en Catalunya, y provocaría también la movilización de masas en el resto del Estado. Desde Esquerra Revolucionària y el Sindicat d’Estudiants impulsaríamos la toma de institutos y universidades llamando a la huelga general educativa indefinida hasta derrotar a la reacción.
Los sectores más perspicaces de la burguesía catalana, española y europea ven este peligro y están dirigiéndose a Rajoy con especial insistencia para que evite “medidas extremas” en la represión contra el referéndum. Por ejemplo el diario El País, que no ha vacilado en manifestar su furibunda oposición al derecho de autodeterminación de Catalunya, se ha mostrado muy comedido respecto al 155, animando a Rajoy a resistir las presiones de los más duros. La Vanguardia, portavoz de la burguesía catalana, hacía un llamamiento desesperado a que el enfrentamiento no adquiera una dinámica propia y se escape de control: “Dejemos las tragedias del pasado en los libros de historia. La Europa democrática nos observa”. Pero esto, al menos en parte, ya está ocurriendo. Incluso The Financial Times ha criticado duramente la actitud “inflexible” de Rajoy ante el problema catalán.
Por el momento, la burguesía española apuesta por seguir concentrando la represión sobre los cargos públicos del Govern y utilizar a los propios Mossos d’Esquadra para tomar medidas como la requisa de las urnas, evitando la foto de la Guardia Civil o el ejército español haciéndolo. El que el “major” de los Mossos, Josep Lluís Trapero, presentado como un héroe por el PDeCAT y algunos dirigentes independentistas tras los atentados de agosto, no tardase ni seis horas en acatar la decisión del Estado y transmitir sus órdenes demuestra la falacia de que se pueda llevar adelante ningún desafío a la burguesía “utilizando la institucionalidad existente”. Pero aunque intenten disminuir el impacto mediático, la represión del referéndum del 1-O inevitablemente echará mucha más leña al fuego y agudizará más el problema nacional en Catalunya, sin descartar un estallido social a medio plazo.
Lo único que ha impedido hasta el momento que el enorme malestar social que existe en Catalunya cuaje en una auténtica rebelión social que derrote al Estado, al PP y sus políticas capitalistas, es que las formaciones parlamentarias a la izquierda de la socialdemocracia (CUP, Podemos, Catalunya en Comú, Izquierda Unida), y los sindicatos, han renunciado a ponerse al frente de este gran movimiento de masas con un programa que una la lucha por la autodeterminación con las reivindicaciones económicas y sociales que demanda la mayoría de la clase obrera, la juventud y los sectores populares.
El hecho de que al PDeCAT se le haya cedido la dirección formal de esta lucha contra el Estado y el gobierno del PP, ha permitido que estos políticos burgueses reaccionarios puedan aparecer como mártires de la “democracia”, y ha mantenido una división negativa entre la clase trabajadora. La dirección del “procés” por parte del PDeCAT no suma, como defienden los dirigentes de CUP y ERC, resta. Incluso desde el punto de vista de la defensa de los derechos nacionales, los dirigentes del PDeCAT han buscado todas las excusas posibles para aplazar el referéndum o no convocarlo. Finalmente, la presión del movimiento y la evidencia de que si no lo hacían perderían estrepitosamente las elecciones les llevó (con muchas divisiones internas) a poner fecha.
En realidad, esos millones de jóvenes y trabajadores que no votaron el 9-N o que no acudieron a la Diada no rechazan el derecho a decidir. Muchos de ellos se han movilizado contra los recortes, los desahucios, la corrupción... y todo lo que representa el PP. Si no han hecho lo mismo en apoyo al referéndum es porque al frente del “procés” están Puigdemont o Mas, los del Caso Palau y la trama de corrupción del 3%, los mismos que siempre han estado al lado del PP contra los trabajadores, aprobando las reformas laborales, recortes en salud y educación, y las privatizaciones. Pero incluso eso podría cambiar si el PP opta por la represión masiva: la cantidad puede transformarse en calidad, y alentar una rebelión social que trascienda el marco de la cuestión nacional.
En este momento sería perfectamente posible unir a los millones que ya están movilizados y dispuestos a defender en las calles el referéndum, con los sectores que rechazan la represión pero desconfían del PDeCAT. Si los dirigentes de la izquierda estatal y catalana llamasen a la movilización masiva de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares, dentro y fuera de Catalunya, a favor del derecho a decidir el 1-O, contra el PP y la represión del Estado, se desmarcaran claramente del PDeCAT —algo que la CUP debería hacer de manera inmediata rompiendo su pacto parlamentario con la derecha catalanista— y ligaran esta batalla a la lucha contra los recortes, por el empleo digno, por la sanidad y la educación públicas… no sólo sería posible frenar la represión sino derribar al gobierno reaccionario de Rajoy y al gobierno igualmente de derechas de Puigdemont, y abrir paso a gobiernos de izquierdas y a la república socialista catalana.
El único modo de hacer efectivo el derecho de autodeterminación es unificando a la gran mayoría de la población en Catalunya, y en primer lugar a la poderosa clase obrera catalana, en torno a un programa que vincule de manera inseparable, como dos caras de una misma moneda, la lucha por la autodeterminación y la lucha contra el capitalismo. De la mano de la burguesía catalana es imposible lograr la verdadera liberación social y nacional de Catalunya. Incluso si se consiguiese la independencia, una república catalana capitalista significaría que los recortes y ataques a la clase obrera continuarían.
Desde Esquerra Revolucionària luchamos por una república socialista catalana, que acabe con los recortes, garantizando una educación y una sanidad públicas de calidad; que de solución al desempleo masivo, creando millones puestos de trabajo con salarios dignos y derechos; que ponga fin a los desahucios, estableciendo un plan de viviendas públicas con alquileres sociales que acabe con la especulación inmobiliaria; que nacionalice la banca y las grandes empresas para colocar la riqueza al servicio de las necesidades de la mayoría de la sociedad y acabar con las fortunas multimillonarias de un puñado de corruptos y parásitos. Esta república socialista catalana generaría una simpatía arrolladora entre los trabajadores del resto del Estado (que tienen el mismo enemigo, la burguesía, y sufren los mismos ataques y recortes) y en todos los demás países de Europa, abriendo una senda poderosa para la transformación social y la liberación de todos los pueblos oprimidos.
