¡Por la república socialista catalana de los trabajadores y el pueblo! ¡Libertad presos políticos!

Las elecciones del 21 de diciembre han sido planteadas por parte del bloque monárquico-reaccionario como un intento de apuntalar su ofensiva represiva. Todos los que nos consideramos de izquierdas y defendemos los derechos democráticos debemos movilizarnos ese día para derrotar al  PP, Ciudadanos y PSC-PSOE. ¡Ningún voto a los partidos del 155, a los que han suprimido el autogobierno de Catalunya y encarcelado a los Jordis y a los consellers del Govern, a los que niegan el derecho a decidir al pueblo de Catalunya!

Crisis revolucionaria

El 1 y el 3 de octubre, millones de ciudadanos, trabajadores y jóvenes de Catalunya demostramos nuestra voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación y acabar con la opresión nacional de un Estado centralista heredado directamente de la dictadura. El 1 de octubre más de 2.200.000 personas nos enfrentamos a una legislación injusta, haciendo realidad la democracia directa basada en la movilización popular. El porcentaje de participación en el referéndum fue mayor que el de las elecciones europeas de 2014, y el número de votos a favor de la república catalana superó los afirmativos al Estatut d’autonomia, la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español. Dos días después, millones salimos a las calles en la huelga general más impresionante en décadas para rechazar de manera tajante la brutal represión de la que fuimos víctimas. Y fue precisamente la participación consciente de millones en este desafío el factor que abrió una auténtica crisis revolucionaria en Catalunya, desnudando el carácter reaccionario del régimen del 78 como nunca antes se había hecho.

Los acontecimientos en Catalunya y la reacción furiosa de la burguesía y su Estado demuestran que la democracia se hace cada vez más incompatible con el sistema capitalista, que los derechos democráticos se convierten en un obstáculo para mantener los privilegios de la minoría de ricos —que gobiernan con puño de hierro la sociedad— y los de sus representantes políticos. La legislación utilizada hoy para encarcelar a los Jordis y los consellers, o destituir al Govern democráticamente elegido de Catalunya se ampara en la Constitución del 78. Pero en los últimos años la escalada represiva para criminalizar las movilizaciones sociales ha sido de tal magnitud —juicios contra tuiteros, sindicalistas, jóvenes y militantes de organizaciones de izquierda que luchan contra los recortes, los desahucios, la corrupción o que cuestionan la impunidad franquista— que nos devuelve a un contexto sólo reconocible bajo la dictadura.

La clase dominante, que cuenta con una amplia experiencia histórica en el monopolio del poder, sabe que la conquista de la república catalana a través de una movilización de masas, en abierta confrontación con el orden establecido y con las leyes pactadas con los sucesores del franquismo, supondría tal triunfo que extendería la lucha de clases al conjunto del Estado colocando en una situación muy difícil al gobierno del PP y a la monarquía. Una república catalana fruto de la acción revolucionaria del pueblo, igual que ocurrió en abril de 1931, no podría ser pilotada por mucho tiempo por un gobierno que continuara con políticas de recortes y austeridad, como ha sido el caso con Puigdemont y el PDeCAT en estos últimos años. Por el contrario, en un contexto de radicalización y giro hacia la izquierda de la juventud, de sectores muy amplios de las capas medidas y de una clase obrera dispuesta a dar la batalla contra la reacción y la oligarquía catalana, la situación amenazaba con desbordarse. La burguesía española, catalana y europea han comprendido mucho mejor este peligro que los dirigentes reformistas de la izquierda.

La crisis revolucionaria abierta por estos acontecimientos se quiere cerrar borrando de la mente de las masas la idea de que un cambio radical, profundo y a favor de los oprimidos es posible. Ésta es la razón por la que el régimen del 78, el Estado centralista y los partidos que los sostienen están aplicando medidas antidemocráticas sin precedentes, y al mismo tiempo presentan la vía electoral como un medio para frenar la lucha en las calles por la república catalana. En cualquier caso, la convocatoria de elecciones no ha hecho más que recrudecer el poder de intimidación y la violencia del Estado, la campaña del miedo y las mentiras de los medios de comunicación y el sabotaje económico de los empresarios catalanes.

Del “contubernio judeo-masónico” de Franco a la “intervención rusa” de Rajoy y El País

Mostrando que no las tienen todas consigo ante las elecciones del 21D, el gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos (C’s) y el PSOE, está construyendo una amalgama que pasará a la historia de las manipulaciones oficiales. Según el nuevo relato, la crisis catalana la han provocado Putin y Maduro y sus activos medios de desinformación en internet, tal como rezan día sí y día también las portadas y reportajes de diarios como El País o la televisión pública española. Apoyándose en informaciones elaboradas por think tank (laboratorios de opinión) de carácter ultraderechista en EEUU, Alemania o próximos a la OTAN, se nos intenta convencer de que estamos ante una intervención del Kremlin para desestabilizar Occidente a través de Catalunya. Es imposible no comparar estas acusaciones delirantes con las campañas de propaganda del régimen franquista respecto al complot judeo-masónico internacional, financiado por Rusia, como causa directa de las revueltas sociales y las huelgas obreras contra la dictadura.

Culpar al “enemigo exterior” de la crisis política más aguda del régimen del 78 demuestra desesperación, pero todo vale para cuestionar los resultados del 21D si son desfavorables al bloque monárquico-reaccionario. El discurso ya está marcado, tal como han señalado Rajoy, Albiol y otros dirigentes del PP, al amenazar con prolongar el 155 si no ganan o si cualquier nuevo Govern salido de estas elecciones no renuncia al derecho a decidir y a la república.

¿No estábamos preparados para la república catalana?

La ofensiva de la reacción y su Estado también ha desvelado las enormes incongruencias y vacilaciones de actores políticos que han ocupado la dirección política y mediática de la movilización popular en Catalunya. Nos referimos a Puigdemont y al PDeCAT, pero también a muchos dirigentes de ERC que se han visto desbordados, y sorprendidos, por la potencia del movimiento y su carácter rupturista con el orden establecido.

Para entender las maniobras de estos políticos experimentados hay que partir de un hecho fundamental: cuando la burguesía catalana comprendió que se había abierto una crisis revolucionaria se colocó firme y decididamente del lado del Estado centralista y la burguesía española, y exigió a Puigdemont y los suyos que recularan, que renunciaran a la proclamación de la república y llegaran a un acuerdo con el PP, o lo que es lo mismo, que traicionaran abiertamente al movimiento.

Los intentos de Puigdemont y del PDeCAT por seguir la ruta que le indicaban están más que probados. La primera declaración de independencia, suspendida a los ocho segundos de ser pronunciada, reveló que estaban dispuestos a sacrificar el mandato popular del 1 de octubre intentando abrir una vía de diálogo con Rajoy. En un último esfuerzo por llegar a un acuerdo, Puigdemont y el PDeCAT estuvieron a punto de convocar elecciones anticipadas, pero el problema estribaba en que el PP y el Estado sólo contemplaban la hipótesis de una rendición humillante y no ofrecieron ninguna garantía de que esa opción frenara ni el 155, ni los juicios y los encarcelamientos. En estas condiciones se hacía imposible el pacto, pero el PDeCAT y muchos dirigentes de ERC actuaron de una manera paralizante, sin ofrecer ninguna resistencia seria al asalto planificado contra la autonomía catalana y sus instituciones.

Hoy sabemos por declaraciones de Marta Rovira (ERC) al diario Ara que, bajo las amenazas de represión del Estado, “el govern se planteó parar el referéndum”. También que frente a la voluntad claramente mayoritaria de las bases de ERC, ANC y Òmnium por hacer realidad la república catalana, muchos de sus dirigentes justifican su actitud pasiva argumentando que “no estábamos preparados”, “no teníamos fuerza suficiente”, y lamentaciones por el estilo.

Estas posiciones son típicas de políticos burgueses y pequeño burgueses que siempre desconfían de la capacidad de lucha de la población, y que ven con pavor la continuidad de un proceso que puede llegar mucho más lejos de lo que ellos desean. Los dirigentes del PDeCAT han sostenido en el gobierno de Junts Pel Sí una gestión profundamente lesiva para los intereses de la mayoría, aprobando duros recortes en el gasto social, en sanidad y educación públicas, y empleando la represión policial contra las protestas sociales. Han gobernado a favor de ellos mismos —lucrándose mediante una corrupción descarada— y de la minoría de ricos y explotadores que se han llenado los bolsillos con las privatizaciones y la extensión de la precariedad. Por si no estuviera claro de qué pie político cojean, han defendido la Europa de los capitalistas como modelo para la república catalana, y los socios del PDeCAT en ese gobierno, como es el caso de los dirigentes de ERC, han dejado hacer sin cuestionar nada. Ahora tratan de culpar al movimiento de masas de sus propias debilidades, preparando el terreno para renuncias aún mayores tras las elecciones del 21D.

Los marxistas revolucionarios apoyamos consecuentemente la lucha por la república catalana, pero lo hacemos desde un punto de vista de clase completamente diferente al de los políticos burgueses del PDeCAT. Defendemos una república del pueblo, de los trabajadores y la juventud que acabe con las injusticias sociales y abra paso a la transformación socialista de Catalunya, acabando con el poder de la oligarquía económica y política que ha gobernado durante décadas.

La socialdemocracia y Unidos Podemos ante los acontecimientos catalanes

Los acontecimientos en Catalunya han puesto a prueba a todas las organizaciones que se reclaman de la izquierda, provocando agrios debates, crisis e incluso escisiones. El PSOE de Pedro Sánchez, el PSC, las cúpulas burocráticas de CCOO y UGT se han arrastrado tras Rajoy respaldando la aplicación del 155. Los dirigentes de CCOO y UGT de Catalunya, tras verse obligados por la presión de las bases a apoyar el 3-O, se opusieron a la huelga general del 8N y están recurriendo a todo tipo de excusas para no combatir el 155.

Despreciando la lucha del pueblo de Catalunya contra la opresión nacional y por la república, las direcciones de PSOE, CCOO y UGT han ampliado el foso que les separa de los sectores más avanzados de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la juventud y las capas medias empobrecidas. Su conservadurismo y sus intereses materiales les empujan a fusionarse con el Estado capitalista, convencidos de que su destino está ligado a la estabilidad del sistema.

A su vez, fuerzas que se proclaman republicanas y transformadoras como Podemos e IU, en lugar de defender la legitimidad del referéndum del 1-O, explicando a los trabajadores del resto del Estado lo que está en juego y organizando en las calles la lucha contra la represión, han trazado la estrategia de la “equidistancia”. Declaran el resultado del 1-O ilegítimo y reclaman pactar un “referéndum legal y con garantías” con el mismo Estado y los mismos partidos políticos que reprimen con saña el derecho a decidir.

Por supuesto, hay diferencias. Alberto Garzón, coordinador general de IU, es quien más lejos ha llegado, negando la existencia de presos políticos y afirmando que Puigdemont y el Govern “sabían a que se atenían” y “no pueden irse de rositas”. Esta posición es indigna de cualquiera que se declare marxista o comunista. Como decía el Che, el primer deber de cualquier revolucionario es combatir la represión y la injusticia allí donde se produzca.

Presentar la lucha por la república catalana como un movimiento de las élites catalanas es  falsear la realidad. Los dirigentes del PDeCAT y la burguesía catalana se han visto completamente desbordados por las masas. La proclamación de la república es vista por centenares de miles de personas como un paso decisivo para romper con el régimen del 78, acabar con los recortes y lograr su liberación, tanto nacional como social. Decir que esta gran movilización popular perjudica los intereses de la clase obrera y que los comunistas no podemos apoyarla, como hace Garzón, es una burla a las ideas del marxismo que siempre ha defendido el derecho de las naciones a la autodeterminación, y ha rechazado cualquier intento de mantener a una nación dentro de unas fronteras contra su voluntad. Además, las posiciones de Garzón están siendo utilizadas por la burguesía para sembrar confusión y prejuicios españolistas dentro y fuera de Catalunya.

Pablo Iglesias ha rechazado mucho más claramente que Garzón la represión y ha denunciado la existencia de presos políticos. Pero eso no basta si se renuncia a movilizar en las calles contra esa represión y a explicar el significado revolucionario de la movilización de las masas por la república catalana. No basta si se considera ilegítimo el resultado del 1-O, o se lleva a cabo una purga en Podem empujando fuera de la organización a su anterior coordinador, Albano Dante Fachin, que ha mantenido una posición mucho más fiel a los principios originarios de Podemos.

Anteponer el respeto a una legalidad y un Estado heredados del franquismo, y que velan por el orden capitalista, a la voluntad de las masas movilizadas representa una renuncia a los principios que han permitido avanzar a Podemos como alternativa a una socialdemocracia rendida. Si la dirección estatal de Podemos vinculase la defensa de la república catalana a la lucha por derribar al gobierno corrupto del PP, acabar con los recortes y abrir paso a una república de los trabajadores en el resto del Estado, habrían podido contrarrestar de manera efectiva la campaña del nacionalismo españolista dentro y fuera de Catalunya. También fortalecería el puente entre millones de jóvenes y trabajadores que hemos protagonizado estas movilizaciones de masas con los sectores de la clase obrera catalana que rechazan al PP pero ven con enorme desconfianza el papel que juegan Puigdemont y el PDeCAT, y tienen dudas de si la república catalana es una alternativa viable y útil para sus intereses. La tarea de la izquierda es precisamente arrancar la dirección del movimiento de liberación nacional de estos políticos burgueses y ligarlo a la lucha por transformar la sociedad y acabar con la opresión de la oligarquía catalana y española.

Por un frente unitario de la izquierda que lucha. Por la república catalana de los trabajadores y el pueblo

La profundidad de la crisis revolucionaria abierta en Catalunya, las impresionantes reservas y empuje que ha vuelto a manifestar el movimiento en la huelga del 8N y en la movilización de más de un millón de personas el 11N se empiezan a reflejar dentro de las organizaciones. ERC, bajo la presión de sus bases, se ha negado a repetir coalición con el PDeCAT, aunque hay dirigentes que ya han planteado repetir gobierno con ellos e impedir que esa presión pueda cristalizar en un posible Govern con la CUP y En Comú-Podem. 

Entre los militantes de Catalunya en Comú, e incluso más aún entre decenas de miles de sus votantes, existe también insatisfacción con la posición mantenida por la gran mayoría de sus dirigentes. Este malestar se ha expresado en los cambios de posición de Ada Colau y la decisión de  las bases de romper el gobierno municipal con el PSC. Según diferentes encuestas, más de un tercio de votantes de CatComú apoyaría en estos momentos la independencia.

La asamblea de la CUP del 12 de noviembre también reflejó la crítica de la militancia al apoyo prestado al PDeCAT desde la dirección durante los dos últimos años. Esta táctica, en nuestra opinión, ha sido un completo error, pues ha facilitado a los convergentes mantenerse al frente del procés frenándolo en momentos decisivos, impidiendo incorporar reivindicaciones sociales y dificultando el objetivo de ganar a sectores significativos de la clase obrera catalana.

Ahora más que nunca es necesario trazar una estrategia que impida todos los intentos del bloque reaccionario de torcer la voluntad popular y seguir imponiendo al pueblo de Catalunya el régimen monárquico y españolista del 78. Desde Esquerra Revolucionària llamamos a derrotar a los partidos que han respaldado la represión contra el pueblo de Catalunya, y a que la CUP, Podem, Catalunya en Comú, Som Alternativa… establezcan un frente unitario de la izquierda que lucha contra el régimen del 78. Un frente que, basándose en la organización y extensión de los Comités de Defensa de la República (CDR), impulse la movilización generalizada, continuada y contundente en las calles hasta hacer realidad una república catalana del pueblo y los trabajadores.

Afíliate a Esquerra Revolucionària para luchar por una República Socialista Catalana que defienda:

• ¡Abajo el 155! Libertad para todos los presos políticos. Retirada de las fuerzas de la policía nacional y la guardia civil de Catalunya.
• Derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud.
• Salario mínimo de 1.100 euros y 35 horas semanales sin reducción salarial.
• Prohibición por ley de los desahucios. Parque de vivienda pública con alquileres sociales, expropiando los pisos vacíos en manos de los bancos.
• Remunicipalización de los servicios públicos privatizados, manteniendo y ampliando las plantillas y respetando los derechos laborales.
• Derogación de la LOMCE, LEC y el 3+2. Enseñanza pública de calidad, democrática, laica y gratuita desde infantil hasta la universidad.
• Derecho a la sanidad pública digna, gratuita y universal.
• Solidaridad real y concreta con los refugiados: ni cupos ni campos de internamiento. Derogación de la Ley de Extranjería y de los CIEs.
• Plenos derechos democráticos de expresión, reunión y organización. Derogación de la Ley Mordaza.
• Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía para rescatar a las personas y garantizar el bienestar de la mayoría.