¡Por la república catalana socialista y la libertad de los presos políticos!
La sentencia del juicio-farsa contra el referéndum del 1-O marca un antes y un después en la situación política de Catalunya y del Estado español. Con ella la burguesía española persigue un doble objetivo: aplastar la voluntad mayoritaria del pueblo catalán negando su derecho a la autodeterminación, y evitar que la lucha por la república se extienda. A pocas semanas de las elecciones del 10-N, la cuestión nacional catalana vuelve a convertirse en el protagonista de la situación política.
Represión para frenar la movilización popular
La burguesía española es muy consciente de lo impresentable de la sentencia del Supremo y se prepara para enfrentar una respuesta masiva en las calles. Por eso las detenciones de nueve activistas de los CDR, acusados de terrorismo, no son casuales. Forman parte de una estrategia bien definida para ocultar el carácter pacífico y masivo del movimiento por la república catalana, y preparar el terreno para más represión.
En esta nueva vuelta de tuerca, tampoco es casualidad el eslogan de campaña elegido por el PSOE ¡Ahora Gobierno!, ¡Ahora España! La opción de Pedro Sánchez no puede ser más cristalina: como ya hizo cuando respaldó a Rajoy en la aplicación del 155, alienta el nacionalismo españolista para obtener réditos en los caladeros electorales más conservadores y deja clara su completa subordinación a los poderes fácticos.
A nadie se le escapa la interconexión entre los acontecimientos catalanes y los movimientos que se producen desde las altas instancias del Estado. Con una economía mundial que avanza hacia la recesión, la burguesía española y catalana prepara nuevos y brutales recortes que golpearan a millones de trabajadores y a los sectores empobrecidos de las capas medias. En este contexto, el ejemplo que representa la continuidad de la movilización en Catalunya constituye un peligro real de desestabilización y resistencia a sus planes.
La causa del pueblo catalán es también la de la clase obrera y todos los oprimidos del Estado español
El 1 de octubre de 2017, más de dos millones de votos legitimaron un referéndum a favor de la república y la autodeterminación, abriendo una crisis revolucionaria en Catalunya. Dos días después, el 3 de octubre, una huelga general paralizó toda la actividad económica y social y llenó con millones de manifestantes cientos de ciudades y localidades catalanas. Las imágenes de la resistencia ejemplar y pacífica de aquellas jornadas dieron la vuelta al mundo.
En una secuencia que sólo es comparable con los acontecimientos de abril de 1931, la acción directa de la población convirtió en estéril el despliegue violento de miles de policías y guardias civiles, sus golpes indiscriminados, la confiscación de miles de urnas. Pero lo más importante es que se demostró que el aparato del Estado es impotente cuando las masas deciden tomar en sus manos su propio destino.
En respuesta a esta crisis, la clase dominante española —con el apoyo decidido del gran capital catalán— recurrió a la supresión de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución española, a encarcelamientos políticos bajo la acusación de rebelión militar, al exilio de dirigentes y activistas, a la persecución y la criminalización…intentando que millones nos diéramos por vencidos y renunciásemos a la república. Pero no lo han conseguido. Es imposible encontrar, en la historia europea reciente, un movimiento de masas tan prolongado y que movilice año tras año tantos millones de personas en la calle y en las urnas.
El problema, para la burguesía española y catalana, es que los factores que han llevado a esta crisis política y que afectan a la línea de flotación del régimen del 78, no sólo se mantienen, sino que se agudizan.
Con la represión al pueblo catalán se consolida la tendencia autoritaria que garantiza la unidad nacional impuesta por la dictadura franquista y sus herederos políticos, y que mañana será utilizada aún más duramente contra cualquier movimiento social, sindicato y organización que no esté dispuesta a aceptar la política de los gobiernos capitalistas.
Esta es una de las razones por lo que es tan sangrante la política de los dirigentes de Unidas Podemos (UP) en este terreno. Desde el estallido de la crisis revolucionaria en 2017, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y otros muchos, junto a las cúpulas de CCOO y UGT dieron la espalda a este maravilloso movimiento. En lugar de extender la solidaridad con el pueblo catalán e impulsar la movilización por la república a todos los territorios, reforzando su contenido de clase y así unificar la respuesta contra el enemigo común —la monarquía, la patronal, el régimen del 78 y todos sus representantes—, adoptaron una postura cínica y equidistante entre el pueblo de Catalunya, apaleado por organizar una votación democrática, y el bloque del 155, que izó la bandera del más rancio españolismo y la represión en todas sus formas posibles.
La lucha de millones de personas por el derecho a la autodeterminación y la república ha sido denunciada por numerosos intelectuales “progresistas” y políticos de izquierdas que se llegan a declarar “republicanos” y “comunistas”, como un movimiento reaccionario dirigido por las élites catalanas. Pero lo cierto es que la burguesía catalana no sólo no ha impulsado la independencia y la república, sino que se ha posicionado rotundamente en contra, aliándose con la burguesía española y jugando un papel fundamental en la represión y la campaña del miedo (basta recordar los cientos de empresas que se marcharon de Catalunya inmediatamente después del 1 de Octubre).
La experiencia de estos dos años ha demostrado que el abandono de una posición de clase e internacionalista en la cuestión nacional se convierte en una completa renuncia a defender los derechos democráticos. Lo que hemos visto en las negociaciones para el fallido gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE es concluyente. Pablo Iglesias aceptó la exigencia de Sánchez de renunciar expresamente al derecho de autodeterminación y a cualquier crítica al régimen del 78. Llegó incluso a afirmar en una entrevista que si formasen parte del gobierno y el PSOE aplicase el 155, lo acatarían sin rechistar: un ejemplo claro de su bancarrota política y del abandono del programa que los llevó a convertirse en el partido de referencia de la izquierda combativa, también en las nacionalidades históricas.
Hoy, a pesar de la brutal campaña de calumnias contra Catalunya, las encuestas a nivel estatal revelan que la mayoría se opone a la represión, frente a los que apoyan un nuevo 155. Es un buen indicativo que confirma el potencial que existe para ganar a amplios sectores de la población a la lucha por una república socialista, incluidos, no sólo a los votantes de los comunes y UP, sino también a muchos votantes socialistas. Potencial que hasta ahora los dirigentes de UP han malogrado, asfaltando el camino para la campaña de la reacción, que pretende sembrar el veneno de la división entre la clase trabajadora y la juventud catalana y la del resto del Estado.
Construir una alternativa revolucionaria
Las elecciones del 28A y 26M fueron una nueva confirmación del profundo sentimiento de ruptura con el régimen del 78 que tienen millones de personas en Catalunya. El bloque reaccionario (Vox, PP, Cs) recibió un durísimo varapalo: no llegaron ni al 15% de los votos en conjunto. Por primera vez desde 1977, la fuerza más votada en las generales y municipales fue un partido que se declara independentista y de izquierdas como ERC.
Sin embargo, el apoyo a ERC no tenía nada que ver con meter en el congelador la lucha por la república. Esquerra arrebató a Junts per-Catalunya decenas de miles de votantes que quieren una república catalana con políticas de izquierdas y dobló, e incluso triplicó, su respaldo en las zonas obreras respecto a elecciones anteriores, recogiendo también el malestar de decenas de miles hacia los comunes y Podemos, decepcionados con los ayuntamientos del cambio y el rechazo de sus dirigentes a la república catalana.
No obstante, la política de la dirección de ERC está siendo la contraria a lo que esperaban sus votantes: abandonar el mandato del 1 de Octubre y la movilización por la república, para aplicar nuevos recortes y políticas privatizadoras. Tanto la ley impulsada por el vicepresident Pere Aragonés como las medidas del Conseller d´Educació Francesc Bargalló (ambos de ERC) ya han provocado un importante malestar en su base social.
Todo el planteamiento de la dirección de ERC parte de que existe una correlación de fuerzas insuficiente para llevar adelante la república, lo que obligaría a una salida “negociada” con el Estado y la renuncia a lo que el 1 de Octubre significa. Pero este esquema, además de falso, representa un gran peligro para el movimiento. Beneficia únicamente a la derecha catalanista que quiere mandar a la gente a casa y volver al autonomismo y la negociación con la burguesía española, para abortar un movimiento que, al igual que no ha aceptado la represión, nunca se conformaría con una república dirigida por la oligarquía de siempre.
En el movimiento de liberación nacional catalán existe un choque creciente entre los centenares de miles de jóvenes, trabajadores y amplios sectores de las capas medias que queremos llevar hasta el final la lucha por una república que rompa con la opresión del Estado centralista y haga realidad la transformación social de Catalunya, y aquellas tácticas dilatorias de la derecha catalanista que, aunque completamente minoritaria en la base del movimiento, tiene un peso decisivo en el Govern.
Esta contradicción se puso de manifiesto durante el último año en las pitadas a Torra o las exigencias de dimisión al Conseller de Interior Buch por la represión a diferentes manifestaciones antifascistas e independentistas. Recientemente, ha vuelto a expresarse ante la decisión del Departament de Interior de autorizar a los Mossos a utilizar gas pimienta contra los manifestantes. Durante los últimos meses este malestar ha crecido reflejándose en numerosas críticas de asambleas territoriales de ANC y en las acciones de los CDRs, o en la decisión de que los dirigentes de los partidos del Govern no fueran en la cabecera de la manifestación de la Diada.
Debemos sacar las lecciones de la experiencia de estos años. La respuesta a la sentencia del Supremo no puede limitarse a una huelga general aislada. Es necesario que toda la izquierda combativa, los CDR, los sindicatos de clase que se han posicionado a favor de la república, y todos los movimientos sociales levantemos un plan de acción prolongado en el tiempo, con un calendario claro de huelgas generales, ocupaciones de centros de trabajo y estudio y manifestaciones, que genere el apoyo masivo de la población.
Lograr un movimiento de resistencia de esta envergadura exige dejar claro que peleamos por una república socialista que nacionalice las palancas fundamentales de la economía, la banca y los grandes monopolios, y poner fin a la pesadilla de los recortes sociales y la falta de vivienda pública y asequible, la precariedad y los salarios miserables, la violencia patriarcal y la destrucción del medio ambiente. De esta manera estableceríamos un puente para superar las fronteras de Catalunya y unificar nuestra lucha con la de los trabajadores y la juventud del resto de los territorios, creando las mejores condiciones para enfrentar y vencer a la represión.
Centenares de miles de personas en Catalunya están hartas de palabras y promesas que nunca se concretan y de jarros de agua fría. En este contexto de crítica, la decisión de la CUP de presentarse a las elecciones del 10N representa una gran oportunidad para romper ataduras con la burguesía catalanista y con cualquier tipo de seguidismo o colaboración con las políticas desmovilizadoras y de recortes del Govern. La CUP tiene una nueva oportunidad de ocupar ese espacio creciente a la izquierda y jugar un papel en hacer avanzar la lucha por la república catalana de los trabajadores y el pueblo. Pero es imprescindible sacar conclusiones de los errores que los han llevado a perder apoyo e influencia en el último período, pese a la combatividad de sus militantes.
Las bases exigen una estrategia clara para enfrentar la represión del Estado y hacer realidad la república. El factor fundamental que lo impide es el peso decisivo que siguen teniendo en la dirección del movimiento los sectores que aceptan el capitalismo como único sistema posible y rechazan unir la liberación nacional a la transformación socialista de la sociedad. Para superar este obstáculo no basta solo con la voluntad de luchar, hay que actuar conscientemente para construir un partido de los trabajadores y la juventud que levante este programa revolucionario e internacionalista.
¡Únete a Esquerra Revolucionaria para construir la izquierda combativa!
