Ayer lunes 28 de septiembre el Tribunal Supremo (TS) ratificaba la condena del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC) de inhabilitar durante un año y medio al actual President de Catalunya, Quim Torra, por el hecho de haber colgado una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos en el Palau de la Generalitat. Esta decisión autoritaria y franquista, que ha sido avalada además por la Junta Electoral Central (JEC) como órgano represor de la libertad de expresión, representa un golpe del aparato del Estado contra los derechos democráticos del pueblo de Catalunya.
Esto con Franco sí pasaba
El TS decide nada más y nada menos que destituir a un President electo democráticamente por los diputados de un Parlamento que ha sido votado por millones de catalanes y catalanas. Una vez más, el aparato del Estado y el régimen del 78 lleno de franquistas pisotean los derechos de todo un pueblo, como ya hicieron con el juicio farsa del referéndum del 1 de octubre de 2017, que sentenció con penas de más de 100 años a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carmen Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Esta represión además ha empujado a decenas de personas al exilio y afecta ya a más de 2.500 personas sólo por haberse manifestado a favor de la república y del derecho a la autodeterminación. El último caso ha sido la condena de catorce meses de inhabilitación al ex-concejal de ERC en Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, por ponerse una nariz de payaso junto a un guardia civil durante la pacífica movilización ante el Departamento de Gobernación el 20-S de 2017.
La sentencia de los cinco magistrados, tres de los cuales estuvieron presentes en el juicio del 1-O, significa un paso más en la represión de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya e inhabilita por primera vez en la historia a un president de la Generalitat en el cargo. Menos de dos meses después de retirar el tercer grado a los presos políticos, continúa la ofensiva de la justicia franquista del Estado.
Lo que quiere el Estado es curar a los independentistas de su independentismo. Como en cualquier dictadura policial, se trata de perseguir ideas políticas. Su objetivo es mantener una represión ejemplarizante y desmoralizar al movimiento de liberación nacional de Catalunya, que respondió con una fuerza formidable a la sentencia del 1-O. Por eso, el Estado y la judicatura insisten con la retirada del tercer grado a los presos en sus actuaciones y pronunciamientos –en la misma línea que los portavoces de la derecha españolista– en que no se han arrepentido públicamente de sus actos y que esto supone "reiteración delictiva". Ahora, en el caso de Torra, en que mostró una "contumaz y obstinada resistencia". Como miles de gargantas gritaban en las manifestaciones de octubre del año pasado "No es justicia, ¡es venganza!".
El gobierno PSOE-UP debe poner fin a la represión contra el pueblo de Catalunya
El gobierno PSOE-UP no está tomando ni una sola medida para poner fin a la represión contra los derechos democráticos del pueblo de Catalunya.
La última semana la derecha y la prensa españolista ponían el grito en el cielo por la tramitación del indulto a los presos políticos anunciado por el Ministro de Justicia en el Congreso, pero la realidad es que lo que dijo Juan Carlos Campo es sencillamente que como los presos políticos han pedido el indulto, el gobierno central está obligado a iniciar el trámite administrativo para aceptar esta petición. Otra cosa es si el Consejo de Ministros decide aceptarla o no.
Con la retirada del tercer grado a los presos políticos, Pedro Sánchez se lavó las manos apelando a una separación de poderes que todos sabemos que no existe ni puede existir bajo el orden capitalista, y Pablo Iglesias no fue más allá de decir que era una "mala noticia".
Ahora, los dirigentes del PSOE aceptan de nuevo sumisamente una sentencia propia de regímenes dictatoriales e inmediatamente han dejado de reconocer a Quim Torra como president de la Generalitat, negándole incluso participar en el papelón de la mesa de diálogo si el encuentro es entre gobiernos. Sánchez, como Casado, ha pedido la convocatoria urgente de elecciones en Catalunya.
Por otro lado, los dirigentes de Unidas Podemos vuelven a no ir más allá de tímidas palabras, no sea que incomoden su socio de gobierno. El Ministro de Universidades Manuel Castells afirmó que la ve "desproporcionada" y el presidente del grupo parlamentario de UP que es "una sentencia injusta más".
La decisión judicial de inhabilitar a Torra se inscribe dentro de la estrategia política de acoso y derribo lanzada por la derecha españolista y los sectores más franquistas de la burguesía, el aparato estatal y el poder judicial para intentar hacer saltar por el aire el gobierno de coalición PSOE-UP y volver a la Moncloa. Pero es precisamente el propio gobierno central, con sus concesiones constantes a los sectores más retrógrados del aparato del Estado, con su supeditación a las directrices del Ibex-35 y la ausencia de verdaderas políticas de izquierdas tanto en las reivindicaciones sociales como en los derechos democráticos y la cuestión nacional, quien ha alentado la ofensiva de la derecha y la reacción.
El gobierno PSOE-UP debe rectificar inmediatamente su postura actual y depurar el Estado de todos los elementos fascistas, y particularmente poner fin a la represión de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya, respetando su derecho a la autodeterminación y en primer lugar no sólo aceptar la petición de indulto sino decretar la amnistía para los nueve presos políticos. ¡Basta de ceder a la presión de la patronal y la derecha en este y tantos aspectos! Como los trabajadores de Vallecas gritan en las calles contra el confinamiento clasista de Ayuso y por el acto de Sánchez con la presidenta de la CAM lleno de rojigualdas: "¡Menos banderas y más enfermeras!". ¡Basta de unidad con la oligarquía y legislar a su favor! ¡Basta de unidad nacional con la derecha y los sectores más casposos del Estado! ¡Basta de represión contra el pueblo de Catalunya!
Responder a este ataque con la movilización: ¡por los derechos democráticos y la república catalana de los trabajadores y la juventud!
Ayer decenas de miles de personas respondimos con rapidez y salimos a las calles en decenas de localidades de todo el territorio. Pero sin duda es urgente dar una respuesta a la altura de la gravedad de este ataque. La decisión del TS establece un precedente peligroso que podría ser utilizado para inhabilitar a cualquier cargo elegido democráticamente por ejercer su libertad de expresión, o cuya actuación pueda desafiar el orden establecido. Un puñado de magistrados nostálgicos del franquismo deciden por millones de catalanes.
Los dirigentes de la ANC, Òmnium, la CUP, CSC, la IAC, los CDR, la base militante de ERC junto al resto de organizaciones de la izquierda combativa y los movimientos sociales debemos convocar de manera inmediata movilizaciones en las calles, empezando por este jueves 1 de octubre. Hay que preparar y organizar una huelga general que paralice Catalunya, exigiendo al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos la anulación de esta decisión y no sólo la aceptación inmediata de la petición de indulto sino la amnistía para los presos políticos.
Los jóvenes y los trabajadores conocemos muy bien quién es Torra, las políticas capitalistas de recortes aplicadas por su Gobierno y su falta de una alternativa consecuente para hacer realidad la república por la que luchamos millones en las calles. Pero su inhabilitación representa un ataque sin precedentes a la libertad de expresión y los derechos democráticos del pueblo de Cataluña.
La continuidad de la represión franquista del Estado y la pesadilla que hemos vivido con la COVID-19 debido a los recortes y privatizaciones aplicadas por la derecha durante años tanto desde el gobierno central como desde el Govern, ponen en evidencia la necesidad de continuar la lucha por la República catalana de los trabajadores y trabajadoras. Para tumbar el régimen capitalista del 78 y hacer frente a la Covid-19: ¡luchemos por el socialismo!
