CiU, la derecha nacionalista catalana, aliada con el PP y con el diputado Joan Laporta, han aprobado los mayores recortes en los últimos 35 años a todos los gastos sociales. En general suponen un tijeretazo de un 10% del gasto público. En algunas partidas el recorte ha sido especialmente sangrante, como en sanidad donde el retroceso alcanza el 14%.
Pero en educación el ataque no se queda atrás, sobre todo teniendo en cuenta que en los años del gobierno Tripartit ya se había dado un gran retroceso, además de la aprobación de una ley educativa – la LEC- que profundizaba la privatización de la educación pública.
Primaria y secundaria
El presupuesto general de educación se reducirá un 7,4% del presupuesto. Esto se concreta en varias medidas que suponen una verdadera sangría de la educación pública.
Para empezar se recorta la dotación presupuestaria de los centros públicos de primaria y secundaria de entre un 20% y un 35% (que sumado al recorte acumulado en los últimos años llega a la friolera del 42%). Cada centro tendrá que “buscarse la vida” sobre cómo afrontar estos recortes. Inevitablemente traerán consigo privatizaciones de servicios educativos, despidos, mercantilización de las instalaciones del centro –los centros alquilarán sus instalaciones para conseguir dinero- y más cargas para los estudiantes: menos material didáctico y más caro, menos calefacción en invierno, menos actividades…
La sexta hora se eliminará directamente en dos tercios de los centros públicos (se mantendrá en escuelas rurales y en los centros con necesidades especiales). Hay que señalar que la sexta hora se mantiene en los centros privados con lo que esta eliminación busca directamente potenciar la red privada presentándola como la garante de la calidad educativa. Y es que aquellos estudiantes que tienen sexta hora, en cómputo total de horas lectivas, hacen un curso más que los que no la tienen. De hecho este recorte afectará directamente a las clases de refuerzo, las actividades lectivas y la propia jornada lectiva.
El parón inversor supondrá mantener e incluso aumentar el número de barracones. El curso pasado fue año record en barracones -1.057-) Todos los cálculos hablan de que Catalunya necesita 108 escuelas e institutos para terminar con esta lacra. Sin embargo el govern paraliza la construcción de los colegios e institutos planificados.
Las condiciones laborales del profesorado se deterioran aun más. Ya veníamos de un descenso de 1300 profesores el año pasado y para este curso se aumenta en una hora la dedicación en el aula del profesor en detrimento del tiempo para la preparación de las lecciones. Conviene no olvidar que el conseller de economía ya ha amenazado a los funcionarios catalanes de un nuevo ataque a sus condiciones laborales: cobrar menos o trabajar más.
En cuanto a la Formación Profesional, el govern sigue estudiando la posibilidad de establecer tasas académicas en el grado superior para elitizar el acceso. Además, las últimas declaraciones del conseller de empresa, Francesc Mena, van en la línea de subordinarla por completo a los intereses de los empresarios: “Se integrarán todos los servicios de FP y serán las empresas las que seleccionarán los contenidos, en función de lo que necesiten". "No lo deciden los profesores. Además, se combinará la formación en el aula y el taller". Es decir, limitar los aspectos formativos de la FP y orientarla aún más a convertirse en una fuente de mano de obra barata para los empresarios.
Universidad
El ataque en universidad es más cínico aún si cabe porque hace bien poco los estudiantes sufrimos toda una campaña de propaganda en defensa de los planes de Bolonia donde se prometía el oro y el moro para mejorar la universidad pública. En cambio nos encontramos con un recorte presupuestario del 16% de media (en algunas universidades el recorte es de hasta el 22%), con la misma filosofía que en los colegios e institutos: que cada universidad se busque la vida. Este recorte es un retroceso a los niveles inversores de 2006. Supondrá despedir al 5% del personal docente. Además ya se ha anunciado que la mitad de las plazas de las 2.500 jubilaciones de profesores de los próximos diez años no se cubrirán.
Pero junto al recorte presupuestario, el govern ha aprobado una subida de las tasas universitarias histórica del 7,6% que supondrá a los estudiantes un aumento de entre 64 y 100€ en sus matriculas. Pero además también se suma la subida del IPC (3,6%) en las tasas de matrícula y del expediente académico, lo que en total supondrá para los estudiantes un encarecimiento cercano al 13%. Con estos precios, matricularse en un grado podrá alcanzar los 1.422€. Un claro paso en la elitización de la universidad pública. En esa línea, la multa a los repetidores de tercera convocatoria aumenta un 60% (anteriormente se multiplicaba por 1,8 y ahora pasa a multiplicarse por 3). También se recortarán para este curso el 10% de la oferta de masters y para el que viene un 20%.
Derechos democráticos
Además de los recortes económicos la educación pública está en el punto de mira también en el terreno de los derechos democráticos. En general hay una campaña contra los inmigrantes cuya punta de lanza es el alcalde de Salt que habla claramente de establecer cuotas de inmigrantes y distribuirlos por las distintas localidades como si se trataran de objetos molestos. Con las leyes ómnibus –apoyadas por el PSC- se establece el mínimo de 6 meses de empadronamiento para recibir asistencia sanitaria, este punto podría extenderse a la educación.
La LEC además abría las puertas a la figura del director-dictador junto a una recopilación de recortes en los derechos democráticos. En esa línea un primer colegio público de L’Hospitalet ha aprobado la utilización de uniformes para los alumnos, “para mejorar la imagen del centro”. La consellería d’educació quiere extender esta práctica a todos los centros públicos.
Pero otro aspecto que amenaza a la educación pública en Catalunya como una espada de Damocles son las tres sentencias del Tribunal Supremo que cuestionan el papel de catalán como lengua vehicular del sistema educativo. El PP y la derecha españolista está apoyándose en estas sentencias para tratar de introducir la segregación lingüística en las aulas. Pero CiU, que se autoerige en defensor de los derechos democráticos de Catalunya, a la hora de la verdad está demostrando que sus proclamas no son más que demagogia: el apartado de Cultura, donde se incluyen las políticas de apoyo al catalán han sufrido un recorte del 15,6%. Los cursos gratuitos de catalán para adultos también han sufrido el tijeretazo, así como las aulas de acogida, donde se potenciaba precisamente el aprendizaje lingüístico ya el curso pasado habían comenzado a ser reducidas.
¡Los sindicatos tienen que convocar!
El govern está utilizando el “divide y vencerás”, los recortes son por colegio, por instituto, por facultad. Su concreción tiene que discutirlo el propio centro, jugando a enfrentar a la comunidad educativa entre ellos para sembrar la discordia. Y ante esta situación los sindicatos no han planteado hasta el momento ninguna respuesta contundente que unifique las luchas. Los compañeros de sanidad están sufriendo el mismo problema: los trabajadores de cada hospital está luchando desde abril, sin embargo, después de la multitudinaria manifestación del 14 de mayo, los sindicatos no han dado ninguna orientación a la movilización.
No se trata de negociar hospital a hospital, colegio a colegio con un govern que se está caracterizando precisamente por no escuchar. Tratar de convencer a CiU de que el recorte no sea “tan drástico” no sólo es una perdida de tiempo, sino que es un error. ¿Acaso somos los trabajadores y estudiantes responsables del endeudamiento de la Generalitat? Ese dinero se ha empleado a subvencionar a los grandes empresarios y banqueros, a pagar la deuda acumulada con los especuladores y financieros. Ya no es sólo que Artur Mas se haya atrevido a plantear recortes mientras elimina el impuesto de sucesiones… es que tras los recortes no hay otra cosa que un trasvase fabuloso de dinero público, del salario social, a manos de los grandes empresarios. Todo el plan va en la línea de fomentar el negocio de la educación y la sanidad privada.
En esa línea es vergonzosa la actitud de los diputados del PSC que proponían que el recorte en universidad en vez de un 16%, fuera de un 10%. ¿Esa es toda su alternativa? Su apoyo a CiU en las leyes ómnibus responde a la pregunta.
Los sindicatos deberían de plantarse frente a los recortes, rechazarlos contundentemente y proponer un plan de lucha que comenzara en septiembre con asambleas, huelgas y movilizaciones. En Madrid, por ejemplo, muchos maestros están proponiendo que no se comience el curso con una huelga indefinida en la enseñanza pública. El 15M demuestra que hay fuerza y voluntad de lucha. Es más necesario que nunca la organización de una gran huelga general que unifique la respuesta de sanidad, educación y los demás ataques que estamos sufriendo.
