Tal como estaba previsto, el  PP y Tribunal Constitucional (TC) impugnaron y anularon la consulta del 9-N inmediatamente después de su convocatoria oficial. Es un atropello a un derecho democrático elemental cometido por el mismo gobierno que ha aprobado una Ley de Seguridad Ciudadana para limitar gravemente el derecho a manifestación o que trata de modificar la Ley Electoral para blindar al PP en los ayuntamientos. El gobierno de Rajoy supone una auténtica amenaza para los derechos democráticos no sólo de los catalanes, sino del conjunto de los trabajadores y jóvenes del resto del Estado, y su deriva autoritaria no hace más que aumentar al tiempo que se incrementa la contestación social en las calles.

Esta decisión, además, deja bien claro qué tipo de “justicia independiente” tenemos. El TC, como otros órganos de la justicia, está directamente al servicio del PP, o bien por designación directa o por la tradición y falta de depuración de los mismos tras la dictadura franquista. Basta recordar a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo hasta 2012 y colaborador habitual en la revista Hermandad del Valle de los Caídos, o a Jiménez de Parga, presidente del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2004, que hablando sobre vascos y catalanes indicó que hace mil años “ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana”. Otro buen ejemplo es el actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP entre 2008 y 2011, y cuyo padre formó parte de la candidatura de la organización ultraderechista Fuerza Nueva en 1977.  

Las maniobras de Mas

Pero la rapidez extraordinaria de Rajoy y del TC ha sido superada por la decisión del gobierno de CiU de acatar, en la práctica, la resolución del TC, suspendiendo inmediatamente la campaña informativa y los preparativos necesarios para la consulta. Desde luego, la gesticulación del president Mas y del gobierno de CiU no se detienen: quieren dar la impresión de que “el proceso” sigue adelante, y cada día tiene su correspondiente discurso y su solemne escenificación. Pero los hechos son bastante más reveladores que las declaraciones. Mas y el Govern no desobedecerán al TC, limitando su “resistencia” a los recursos legales ante los propios tribunales del Estado encargados de prohibir la consulta.
En realidad, CiU no cree, ni ha creído nunca, que la consulta se llegue a celebrar el 9 de noviembre porque nunca ha estado entre sus intenciones llevar el desafío al aparato del Estado hasta el final. Su compromiso con el régimen político y el sistema económico capitalista es un hecho probado durante décadas, apoyando todas y cada una de las contrarreformas laborales y a gobiernos del PP y del PSOE en diferentes épocas. Tras el “giro soberanista” de CiU se esconde una vía para sobrevivir al tsunami social que su política de recortes salvajes y privatizaciones había provocado y que estaba amenazando su supervivencia política. El conseller de Economía, Mas-Colell, lo describió gráficamente: “para el gobierno, mejor encabezar el malestar social que ser su destinatario”. Así, recogiendo el clamor social de llevar a cabo la consulta, CiU se agarró al 9-N como a una tabla de salvación. Mientras prometía y escenificaba la puesta en marcha de una hipotética consulta, aprobaba nuevos presupuestos con recortes y conseguía mantenerse a flote con un Govern en minoría.
Pero para ello han tenido que contar con el apoyo de ERC y de plataformas de la “sociedad civil” como la ANC y Omnium Cultural, con una gran implantación territorial (son de hecho los convocantes de las grandes movilizaciones de los últimos 11 de setembre), pero cuyos portavoces se esfuerzan por reducir las reivindicaciones a dos aspectos: el derecho a decidir, sin vincularlo a ningún otro derecho, ni al derecho a la educación y la sanidad públicas, ni a los derechos sociales y laborales, ni al resto de derechos democráticos, y la “unidad” en torno al gobierno para lograr la consulta.
Las declaraciones de dirigentes de CiU admitiendo que no se llevaría adelante una consulta si no se daban “las suficientes garantías democráticas”, un eufemismo para encubrir su sumisión a la legalidad impuesta por el PP y el TC, han sido constantes. La declaración de Francesc Homs, número dos del gobierno de Mas, situando la fecha límite sobre la decisión de mantener o no la convocatoria de la consulta en “alrededor del 13, 14 y 15” de octubre fue una maniobra muy consciente y calculada, un jarrón de agua fría para preparar el terreno para la desconvocatoria oficial de la consulta por parte de la Generalitat.

El fracaso del etapismo

Los hechos han demostrado que el frente de los partidos de izquierda con CiU, justificado con el argumento supuestamente pragmático de “atar la convocatoria de la consulta” y luego ya veremos, es un gravísimo error. CiU ha utilizado la autoridad de las formaciones de la izquierda para seguir con su política de recortes y explotar para sus fines los sentimientos democráticos del pueblo catalán y, en el momento de la verdad, nada de consulta. Lo que resulta todavía más lamentable es que después de que CiU haya desmantelado descarada y públicamente la convocatoria, los dirigentes de IC y de la CUP sigan arropando a Mas, y dándole amistosos consejos de cómo seguir adelante, como ocurrió en la cumbre de partidos proconsulta con representación parlamentaria del viernes 3 de octubre. Quim Arrufat, diputado de la CUP en el Parlament, hizo un llamamiento a ERC a entrar en el gobierno de Mas y se mostró dispuesto “a todo” para garantizar la consulta. El objetivo inmediato de CiU es tratar de implicar al máximo a ERC en el final abrupto de este proceso, y también a las opciones más nítidamente situadas a la izquierda como ICV-EUiA y la CUP, corresponsabilizándoles de la no-convocatoria y “repartiendo” el coste político de la misma.
El principal plan B de CiU, o al menos el más divulgado, es la convocatoria de unas elecciones de carácter plebiscitario. Pero esta opción tiene el grave inconveniente para CiU de que las perdería. La forma de encubrir un fracaso estrepitoso en las urnas sería la formación de una candidatura conjunta con ERC, pero está por ver si Oriol Junqueras está dispuesto a tragarse este sapo. Lo más probable es que CiU trate de ganar tiempo, apurando al máximo los dos años que le quedan de legislatura durante los que tratará de recomponer sus relaciones con el PP y el PSOE con la excusa de la “gran oportunidad” que supondrá para Catalunya una reforma a fondo de la Constitución. El ofrecimiento reiterado del PSC de apoyar a CiU para que pueda continuar en el gobierno sin depender de ERC está totalmente entroncado con esta operación.

Por un Frente de Izquierdas para desalojar a CiU

La suspensión de la consulta por parte del TC tuvo una respuesta inmediata al día siguiente, el martes 30 de septiembre, con concentraciones masivas ante los ayuntamientos en prácticamente todas las localidades de Catalunya. El apoyo al derecho a decidir en Catalunya es incontestable: el 80% de la población está a favor, el 96% de los ayuntamientos han aprobado resoluciones de apoyo. La extraordinaria movilización del pasado 11 de setembre, con más de un millón y medio de manifestantes en Barcelona, no deja lugar a dudas.
El apoyo masivo al derecho a decidir refleja no sólo el rechazo masivo a la actitud antidemocrática y franquista del gobierno del PP respecto a los derechos democráticos del pueblo catalán sino el anhelo de la gran mayoría de la población de propiciar un cambio social y político profundo que ponga fin a la pesadilla de los recortes, del desempleo masivo y el desmantelamiento de las conquistas sociales de las últimas décadas; que ponga fin a la corrupción generalizada en la administración y la total impunidad de los banqueros y grandes empresarios responsables de la crisis y del sufrimiento de la mayoría, y que acabe con todo lo que representa el PP y la derecha, se esconda tras la bandera que se esconda. Tal como ha dicho Ada Colau, Artur Mas no nos representa. Su gobierno ha sido pionero en la aplicación de salvajes recortes del gasto social, en la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas; ha llevado la represión policial al movimiento social, estudiantil y sindical a cotas desconocidas desde la caída de la dictadura; la corrupción en CiU es generalizada y afecta a sus fundadores y a muchos de sus altos representantes.
Ciertamente, Catalunya vive un momento histórico. Para facilitar que toda esa voluntad de cambio social y político expresado en la calle se fortalezca y pueda hacer frente a las decisiones antidemocráticas del PP y de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado es necesario vincular el derecho a decidir a la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los continuos retrocesos en los derechos sociales y democráticos. La fusión del derecho a decidir con un programa de transformación social que acabe con la dictadura encubierta de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan sin haber sido elegidos por nadie, es el camino para que las grandes movilizaciones de los últimos años se conviertan en una rebelión social. Esto se tiene que concretar en dos cosas: primero en intensificar al máximo la movilización contra todos y cada uno de los ataques a la educación pública que se lancen desde el gobierno del PP o de CiU, y segundo, en la formación de un Frente de Izquierdas de lucha, que una a todas las fuerzas políticas y colectivos sociales catalanes que verdaderamente estén dispuestas a movilizarse por el derecho a decidir y hacer frente a los recortes, que tenga como objetivo impulsar la rebelión en la calle y sacar a la derecha (tanto al PP como a CiU) de todas las instituciones y poner en marcha un programa anticapitalista a favor de la mayoría de la población.