La CUP y Ada Colau deben unir sus fuerzas
La última asamblea de la CUP que debía decidir sobre el apoyo a la investidura de Artur Mas y un posible Gobierno con Convergencia ha terminado en tablas, empate exacto. Sin embargo, entre la militancia y los votantes de la CUP el rechazo hacia Mas y Convergencia es claramente mayoritario.
Muchos de sus afiliados y simpatizantes han sido protagonistas directos de las acciones de la PAH contra los desahucios, de las movilizaciones sociales contra la privatización y desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, de conflictos obreros emblemáticos, como en el caso de las subcontratas de Telefónica, contra la precariedad laboral, los despidos, los EREs o las bajadas salariales, y de la lucha contra los duros recortes practicados tanto por Mas y Convergencia como por el PP de Rajoy, y que tanto sufrimiento y miseria han generado. ¡No pueden olvidar quién es Artur Mas, qué es Convergencia, y a qué intereses de clase sirven y representan!
Tras la Asamblea del empate, la dirección de la CUP ha planteado una nueva ronda de Asambleas locales, que ya se pronunciaron en noviembre mayoritariamente contra la investidura de Mas, siendo finalmente el Consejo Político, máximo órgano de dirección y con representación de las 13 Asambleas Territoriales, quien tome una decisión definitiva. De esta manera se diluye el voto de los sectores más combativos de la CUP, principalmente de Barcelona y sus zonas obreras, dándose preponderancia a los sectores más reformistas, favorables a investir a Mas y colaborar con Convergencia, entre los que se incluyen Valencia y Perpiñan (Francia), y la Catalunya interior. Los sectores de la dirección de la CUP que prefieren la colaboración de clases con la burguesía catalana, están empecinados en forzar un resultado favorable cueste lo que cueste. Pero es precisamente esta colaboración de clases lo que la militancia más activa no quiere porque, en la práctica, saben muy bien que eso les lleva a la subordinación política y a una operación que solo sirve para salvar a Mas y dar aliento a su programa de recortes y austeridad. La decisión ya ha sido clara y rotunda: ¡¡No a Artur Mas!! ¡¡No a Convergencia!!
Después de la derrota de Mas el 20D, la CUP no le puede dar oxigeno
Las elecciones generales del 20-D en Catalunya han supuesto una derrota histórica para la derecha españolista pero también para los nacionalistas burgueses de Convergencia. Si el PP se coloca en el furgón de cola con tan sólo 5 escaños y Ciudadanos pasa a quinta posición con los mismos diputados que el partido de Rajoy, la Convergencia de Artur Mas, el partido de la estabilidad burguesa en Catalunya —que perdió más de la mitad de su electorado, casi 600.000 votos menos, reduciendo sus números de escaños de 16 a 9— se ha situado en una posición electoral cada vez más difícil, demostrando que aún no ha tocado fondo y que su descomposición continúa. Es precisamente en este contexto cuando Junts pel Sí presenta una nueva oferta de acuerdo, que no es otra cosa que una huída desesperada hacia delante para involucrar a la CUP en un pacto de gobierno contra natura y lograr mantener vivo a Artur Mas. En definitiva, una auténtica estafa a la militancia de la CUP, a la clase trabajadora y a la juventud de Catalunya.
Para hacer más tragable la oferta, y dar cobertura a los sectores de la CUP que si quieren investir a Mas, desde Junts pel Sí ofrecen cambios cosméticos que ni siquiera se van a poder aplicar por razones presupuestarias, como ya ha planteado Mas-Colell (Conseller de Economía). El plan de choque “social” contemplado en el posible acuerdo asciende a la irrisoria cifra de 270 millones de euros, un 4% de lo planteado por la CUP en su programa electoral y un 9% de lo exigido posteriormente de cara a la negociación. Las medidas más destacadas del mismo, como el fondo para evitar el corte de suministros de luz o agua de 10 millones de euros, representa la misma cifra ridícula que ya proponía Convergencia para el Fondo de Ayuda a Afectados de la Pobreza Energética en los presupuestos de 2015. En cuanto a la suspensión temporal del Barcelona World, un megaproyecto de casinos proyectado en Tarragona similar al que en Madrid intento Esperanza Aguirre, hay que señalar que el Conseller de Empresa y Empleo de Mas, Felip Puig, ha manifestado que el acuerdo no supone que se paralice el proyecto, sino que se revisará, para que el “BCN World será una realidad y una realidad magnífica”.
Otro aspecto ha sido la supuesta paralización de la privatización del ATLL (Aigües Ter Llobregat), que surte de agua a 4,5 millones de catalanes, acordada por el Gobierno de CiU en 2012, pero que ya está suspendida por una sentencia del TSJ de Catalunya que anuló el concurso que acordó su privatización en beneficio de la multinacional Acciona por diversas irregularidades. La plataforma Aigua és Vida, contraria a la privatización del agua en Catalunya y que reclama su remunicipalización o renacionalización, ha criticado duramente este aspecto del acuerdo, ya que el mismo pospone el debate sobre la gestión privada o pública del agua a un futuro indeterminado. Tanto la CUP como otras organizaciones de izquierdas (Barcelona en Comu, ICV-EUiA e incluso ERC) firmaron un acuerdo comprometiéndose en las elecciones municipales a remunicipalizar y recuperar el agua como un servicio 100% público.
La CUP, Ada Colau y la Unidad de la Izquierda que lucha
En las elecciones generales del 20-D, En Comu Podem alcanzó más de un 25% de los votos, quedando diez puntos por encima de Esquerra Republicana. El triunfo histórico de la coalición de izquierdas (Podemos, IC, EUiA, Barcelona en Comú) ha sido la expresión acabada del gran movimiento de masas que ha recorrido Catalunya en estos años, tanto a favor del derecho a decidir y contra las maniobras de la derecha españolista y el aparato del Estado, como contra los recortes sociales y la criminalización de la protesta impulsados desde el gobierno de Mas.
Los resultados electorales han demostrado que la ola de cambio se extiende y continúa creciendo, y que Catalunya es un activo central en este cambio. Diversas voces de la CUP, que plantean su completa negativa a investir a Mas, ya se han manifestado a favor de una posible alianza electoral, en caso de que haya elecciones anticipadas a la Generalitat, con Ada Colau. Este sería un gran paso adelante tanto para revertir los recortes y poder aplicar políticas sociales que acaben con la pobreza y la desigualdad, como desde el punto de vista de los derechos democrático nacionales de Catalunya, impulsando un referéndum que permita el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación. Una candidatura unitaria de toda la izquierda que lucha, incluyendo a la CUP, podría obtener una victoria rotunda en dichas elecciones convirtiéndose en un punto de apoyo para el avance de una candidatura unitaria en el resto del Estado, que ponga al alcance de la mano desalojar definitivamente al PP.
La utilización de la cuestión catalana tras las elecciones, tanto por parte del PP como de la dirección del PSOE, refleja claramente el miedo de la clase dominante ante el avance de Podemos y de las candidaturas unitarias de la izquierda, cuyos resultados globales sumados a los de IU les sitúan a un paso de convertirse en primera fuerza en el conjunto del Estado. Todo el debate sobre los posibles pactos de gobierno gira en torno al ejercicio del derecho de autodeterminación en Catalunya, o mejor dicho contra el ejercicio de ese derecho. Las declaraciones deplorables de Susana Díaz o las resoluciones del comité federal del PSOE, indican las fuertes presiones de la clase dominante para evitar un gobierno de la izquierda que revierta las contrarreformas de estos años y conceda la palabra al pueblo de Catalunya.
En Catalunya, en Andalucía, en Galicia, Valencia o Madrid, hemos luchado todos juntos, y lo hemos hecho para acabar con el régimen del 78 y con el sistema capitalista que condena a millones a la miseria. Es necesario continuar organizando al movimiento no sólo en las urnas, sino aún más importante, en las calles impulsando la movilización, el factor esencial para hacer realidad el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación y la convivencia fraternal de los pueblos, sobre unas bases económicas que permitan que todos tengamos “pan, trabajo y techo”.
