¡No al montaje policial y judicial! ¡Basta de manipulación y represión!

Más de 100.000 personas participamos el 14 de abril en la manifestación más multitudinaria celebrada en décadas en Iruñea. La inmensa marea de solidaridad que se vivió en esta movilización, realizada dos días antes de que empezaran los juicios, tiene una importancia tremenda para frenar la escalada represiva del gobierno del PP y del aparato de Estado español. Tanto el 14A Iruñea, como el 15 Barcelona son una clara demostración de que no podrán parar nuestra lucha con la represión, que no podrán encarcelar a todo un pueblo y de que efectivamente la movilización de masas más contundente es el camino para vencer la represión y poner contra las cuerdas al régimen del 78.

Desde una hora antes de que comenzara la manifestación una enorme multitud abarrotaba la rotonda frente a los cines Golem, mientras columnas ininterrumpidas de gente marchaban hacía allí. Un aplauso multitudinario recibía a la cabecera. Apenas habían podido avanzar los últimos manifestantes cuando la manifestación había llegado al final. La enorme marea de gente llegó a cubrir todo el recorrido.

Las consignas “Altsasukoak askatu” y “gazteak dira, ez terroristak” (Libertad para los de Altsasu y son jóvenes, no terroristas) fueron las más coreadas durante toda la movilización. Se podían ver ikurriñas, banderas de Navarra, Esteladas, republicanas y también pancartas de apoyo de Galicia, Aragón, Madrid, etc. Gente de toda Euskal Herria, Catalunya, Galicia y del resto del estado, acudieron a la cita.

Al final, los padres y madres agradecieron la solidaridad recibida en las innumerables movilizaciones que se han desarrollado desde los sucesos del 15 de octubre del 2016 y el apoyo enviado desde todos los territorios. Recalcaron que “los hechos que se van a juzgar ocurrieron en un contexto de fiesta, y la lesión más grave fue un tobillo roto. El mismo año, 2016, según el ministerio interior acontecieron 9.571 reyertas o peleas con la guardia civil o la policía, y el único caso que se toma como terrorismo es el de Altsasu”.

Un montaje policial, judicial y mediático para dar ejemplo

Adur, Jokin y Oihan llevan ya más de año y medio en las cárceles de Navalcarnero, Aranjuez y Estremera, a más de 400 kilómetros de sus casas. Sus familiares han tenido que recorrer más de 250.000 kilómetros para visitarles y gastar cerca de 60.000 euros en estos desplazamientos.

Ocho fueron los jóvenes, de entre 19 y 24 años, acusados en el momento de su detención. La fiscalía de la Audiencia Nacional pide para todos ellos un total de 375 años de cárcel. Para siete de los ocho procesados el fiscal solicita que se les condene por cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años para cada uno. A Oihan se le atribuye, además, un delito de amenazas terroristas y pide para él 12 años y medio más de cárcel, es decir, 62 años y 6 meses de prisión. Para una octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas. Igualmente pide que se indemnice con más de 40.000 euros a los dos guardias civiles y sus parejas por lesiones y daños morales.

Por poner sólo un ejemplo de la arbitrariedad y el doble rasero de la fiscalía, al nieto de Franco, que el 30 de abril de 2012 embistió intencionadamente a una patrulla de la Guardia Civil que le perseguía, acaba de ser condenado a solo 30 meses por un delito de atentado a la autoridad y conducción temeraria y no pasará por prisión.

La campaña mediática de los grandes medios de comunicación reaccionarios ha jugado un papel crucial en este montaje. Titulares como “el fantasma de la kale borroka resucita en Alsasua” expresaban la desesperación de este gobierno y de un aparato de Estado heredado del franquismo para poder ampararse una vez más en la tesis de “todo es ETA” y esconder su debilidad. El diario El País, refiriéndose al juicio que empieza el 15 de abril, afirmaba “que se juzgan los actos violentos de corte nacionalista vasco más graves desde que ETA abandonó la actividad armada en octubre de 2011”. Ni siquiera el primer informe de la Guardia Civil hablaba de terrorismo, sino que apuntaba a un posible delito de odio. Fue la jueza Carmen Lamela, encargada también de encarcelar a los dirigentes del independentismo catalán, la que apoyándose en la versión de COVITE (Asociación de Víctimas del Terrorismo, vinculada al PP), pidió un nuevo atestado a la Guardia Civil que contextualizara los hechos como terrorismo.

Las defensas de los jóvenes han denunciado una y otra vez que se está vulnerando el “derecho a un juicio justo” y la existencia de una “quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad” del tribunal sentenciador. Pero en la instrucción se han rechazado la mayor parte de las pruebas solicitadas por la defensa y citaciones a testigos “entre los que se encuentran personas que acompañaban a los jóvenes acusados en el momento de los hechos y que podrían corroborar todos los extremos sucedidos en el interior y exterior del bar”. La única versión que cuenta es la de la Guardia Civil.

¡Para responder a su represión franquista, movilización masiva en las calles!

Este juicio solo puede ser interpretado como una nueva provocación y un acto ejemplarizante en la escalada represiva que está llevando a cabo el Estado español. Con la re-presión a la juventud vasca, los poderes del Estado intentan frenar sin ningún éxito la lucha de masas contra el sistema capitalista, cada vez más injusto, desigual e insostenible. La represión contra jóvenes, activistas sindicales, movimientos sociales, se ha extendido a otros muchos colectivos acusados, entre otros, de delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo.

A pesar de toda esta escalada represiva, el aparato estatal neofranquista solo logra exacerbar los ánimos y el deseo de cambio de millones. No es una muestra de la fortaleza del régimen sino de su debilidad. Desde Ezker Iraultzailea denunciamos el montaje de Alsasua, así como todos los montajes utilizados para criminalizar la lucha social y a la juventud. Nos solidarizamos con los jóvenes y las familias y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos y la retirada de los cargos de terrorismo. A la vez, exigimos la derogación de la Ley Mordaza y la retirada de todas las modificaciones represivas introducidas en el Código Penal.

Debemos impulsar la respuesta más contundente y masiva frente a esta deriva autoritaria del gobierno y del Estado, y vincular la lucha contra la represión a la movilización general para recuperar los derechos democráticos, laborales y sociales que nos están arrebatando.