El 1 de junio, la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia contra los jóvenes de Altsasu. Una muestra más del carácter franquista del aparato estatal y del uso sistemático de la represión con el fin político de amedrentar a la juventud y a la clase trabajadora. Aunque la atención mediática estaba puesta en el Congreso de los Diputados y en la caída de Rajoy, la sentencia no ha pasado inadvertida para nadie. El mismo día se organizaron numerosas movilizaciones en distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria, en respuesta a esta barbaridad y para mostrar la solidaridad con los jóvenes.
La sentencia impone un total de 79 años de cárcel para los 8 jóvenes: 13 años para Ohian e Iñaki; 12 para Jokin y Adur; 9 para Jon, Aratz y Julen; y 2 para Ainara por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio. También deberán pagar más de 100.000 euros a los guardias civiles y sus parejas por lesiones y daños morales, incluyendo parte a una aseguradora. La doble vara de medir de los tribunales sigue macabramente de actualidad. Ese mismo día, tras pagar 100.000 euros de fianza y después de 48 horas desde su ingreso en prisión, el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y 4 meses por la trama Gürtel, quedaba en libertad.
La Audiencia Nacional ha desechado que los hechos ocurridos en un bar en las fiestas de Altsasu fueran delito de “terrorismo” y “auspiciados por ETA”, tal y como pedía la Fiscalía. No por ello se ha mostrado benevolencia en la sentencia. Sin embargo, la acusación de terrorismo ha sido la razón principal del montaje policial por el que el juicio se llevó a la Audiencia Nacional y la razón por la que Adur, Jokin e Ohian lleven 565 días en la cárcel. Sin lugar a dudas, la intensa y vergonzosa campaña de manipulación judicial y mediática, hablando abiertamente de que los jóvenes eran de ETA y criminalizándolos, ha sido clave para justificar esta sentencia.
Durante todo el proceso, la supuesta neutralidad del sistema judicial ha sido vulnerada una y otra vez. La defensa de los jóvenes ha denunciado varias veces este hecho. Recusaron a la jueza Espejel por estar casada con un coronel de la Guardia Civil, lo que ponía “gravemente en entredicho su imparcialidad”. Finalmente, ella ha sido la responsable de dictar sentencia. Las denuncias sobre las irregularidades cometidas en el reconocimiento no se han tenido en cuenta, las pruebas y los testimonios presentados por los jóvenes han sido rechazados, contando únicamente el testimonio de los agentes y de sus parejas. Entre las pruebas rechazadas estaba un vídeo de los hechos de aquella noche, grabado con un móvil y filtrado a los medios de comunicación, que se ha convertido en viral. En él se puede ver con claridad la actitud de los vecinos, de los agentes y la camisa blanca impoluta de uno de ellos.
“Lucharemos, lucharemos y lucharemos hasta conseguir justicia”
Con estas palabras respondía una madre de Altsasu a la sentencia, una llamada a continuar con la movilización contra este atropello. La enorme manifestación del 14 de abril y las numerosas movilizaciones que se han producido en Euskal Herria, Catalunya y a nivel estatal, van a continuar con otra gran manifestación en Iruñea el sábado 16 de junio.
Este montaje judicial no es ningún hecho aislado. Ese mismo día salía a la luz otra sentencia contra cuatro jóvenes de Rentería y uno de Beasain que, aun rechazando la acusación de terrorismo, han sido sentenciados a dos años de cárcel. El 6 de junio el exsecretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, va a ser juzgado por otro montaje policial en el contexto de una redada racista. Ésta es la política de miedo, odio y venganza que pretende imponer este aparato de Estado franquista y los partidos políticos que lo apoyan: plena impunidad para los fascistas de España 2000 y otros tantos grupos fascistas que protagonizan agresiones contra activistas de izquierda, emigrantes o homosexuales; plena impunidad para los violadores de La Manada y otras tantas agresiones machistas. Ahora bien, castigo ejemplar para los que luchamos contra estas agresiones y la opresión sistemática a nuestros derechos.
Desde Ezker Iraultzailea/Izquierda Revolucionaria denunciamos una vez más el criminal montaje policial contra los jóvenes de Altsasu y esta sentencia. Exigimos la puesta en libertad inmediata de todas las víctimas y presos políticos de este aparato judicial franquista, que se derogue la Ley Mordaza y todas las leyes represivas. Tal y como ocurría hace 40 años, la lucha contra la represión es la lucha contra el régimen que la sustenta, que tiembla de miedo ante la fuerza de la clase obrera y la juventud.
