Hay que nacionalizar la banca, las energéticas y los sectores estratégicos
Las cantidades de dinero prometidas en las dañadas economías de la zona euro o estadounidense nos dan una idea sobre la envergadura de la presente crisis en la que se encuentra el capitalismo. La declaración de pandemia global ha supuesto un parón inesperado para el comercio internacional pero a la vez ha legitimado esta toma de decisiones extraordinarias en nombre de la recuperación post-covid y de la tan promocionada transición hacia un modelo más verde, digital y sostenible.
La gran operación mediática de presentar al virus como principal culpable de la debacle económica es un disparate y obvia las bases reales y la profundidad de la crisis de este sistema depredador. Es precisamente el inevitable desarrollo de este sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción la que ha llevado a un estado de emergencia a la clase trabajadora global, la ascendente inestabilidad climática y la incapacidad de garantizar un futuro a las generaciones más jóvenes.
Aprovechando este convulso panorama la élite burguesa ha lanzado el programa Next Generation EU, que promete la tan trillada recuperación mediante la emisión de eurobonos por valor de 750.000 millones para el período 2021-2023 con objeto de promover “la sostenibilidad, resiliencia, reparar daños causado por la COVID-19 y apoyar prioridades verdes y digitales”[1]. De ese total 360.000 millones se dedicarán a préstamos y 390.000 serán subvenciones a fondo perdido. Se distribuirán de forma desigual entre los estados miembros, siendo Italia y España los principales receptores dado que han sido los países más afectados por la primera ola. Concretamente según cifras del Gobierno corresponderán al estado español 140.000 millones, de los cuales 67.300 serán préstamos y 72.700 subvenciones a fondo perdido.
Teniendo en cuenta que el incremento de la deuda pública del Estado español para el 2020 fue de unos 122.000 millones y que el total asciende hasta los 1.311.298 millones[2] estos fondos ya no parecen tanto. Afinando un poco más, si comparamos las subvenciones que le corresponderán a España cada uno de esos tres años serían unos 27.000 millones frente a los 31.675 millones que se pagan de interés de la deuda anualmente.
Por tanto, pese a ser cifras astronómicas, vemos que apenas alcanzan para compensar la paralización causada por la pandemia y no serán suficientes para realizar el ambicioso proyecto de transición hacia un modelo económico más sostenible. Estamos ante otra maniobra de apropiación de recursos públicos para engrosar los beneficios de la burguesía capitalista pero de mayor envergadura que los 65.000 millones que se le regaló al sector bancario en el 2008.
Las multinacionales como grandes beneficiadas. Aumento de la deuda pública para garantizar los beneficios privados.
El grueso de los fondos Next Gen no van dirigidos a los sectores esenciales que más están sufriendo la precariedad y que son vitales como son los cuidados, la salud o la educación públicas. Van a terminar como una subvención para sectores convencionales que venden la supuesta transición hacia un capitalismo verde y digital, como la automoción (coche eléctrico), telecomunicaciones (el famoso 5G), las energéticas (renovables e hidrógeno “verde”) o revivir el turismo.
A esto se le añade una gran densidad de procesos burocráticos para conseguir estos fondos y que van a ser un claro obstáculo para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes consultoras como Deloitte van a posicionarse como las delegadas por los gobiernos para el trabajo de elaborar las solicitudes de financiación.
En Euskal Herria tenemos dos buenos ejemplos de esta maniobra de lavado verde de empresas muy contaminantes. El primero relacionado con la construcción de una planta de hidrógeno verde en Muskiz, donde se emplaza la refinería propiedad de Petronor, filial de Repsol y cuya cara visible e impulsor es Josu Jon Imaz, ex dirigente del PNV. Dicho proyecto será generosamente regado con estos fondos sin los cuales no sería rentable. Tampoco lo es energética ni medioambientalmente tal y como explica el experto en recursos energéticos Pedro Prieto[3] dado que el hidrógeno “verde” es un vector, no un productor de energía, que además implica quemar combustibles fósiles previamente.
Y el segundo es sobre otro de los proyectos estrella del capitalismo verde. El responsable de la planta de Mercedes Benz en Gasteiz, Emilio Titos, afirmaba con una poco[4] habitual sinceridad que los coches eléctricos se fabrican, a pesar de su escasísima demanda, para aumentar el cupo de producción de automóviles convencionales que la UE les impone siguiendo criterios de descarbonización. Por tanto, se trata de un balón de oxígeno que se autorrecetará el sector de la automoción, que se encuentra en caída libre de ventas desde hace años.
Consecuencias para la clase trabajadora. Recortes en derechos sociales, privatizaciones, precariedad laboral y desempleo.
Por supuesto, esta gran cantidad de dinero transferida por Bruselas va a tener consecuencias para las economías nacionales y la clase trabajadora. De entrada, su recepción está totalmente ligada a aceptar futuras políticas de recorte de servicios públicos, privatizaciones y precarización de los derechos laborales.
Se ha suspendido temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2011 dado que nos encontramos ante un supuesto excepcional al que responder con una mayor intervención pública, es decir, con más endeudamiento como está sucediendo con los ERTES. Pero la vuelta de esta medida -que fue acordada por el PP y el PSOE para priorizar el pago de la deuda a los grandes bancos especuladores representados por la Troika- es inminente y con una vuelta de tuerca catastrófica para la clase trabajadora.
El Estado español alcanzó en 2020 el mayor déficit público de la Unión Europea, un 11% del PIB, cuenta con una deuda pública del 120% del PIB y, según Bruselas, esto va a ir en aumento llegando al 140% en 2030.[5] Bruselas exige explícitamente ajustes anuales de carácter estructural desde este año hasta bajar la deuda al 60% del PIB.
Supondrá una vuelta repentina a las políticas de austeridad y de contrarreformas laborales y de pensiones en un contexto de fortísima crisis económica. Se pretende atar de píes y manos a la clase trabajadora con una deuda europea a pagar según la previsión hasta el 2059 -si la inflación no empeora la situación-.
¿Realmente estos proyectos se preocupan por la crisis medioambiental?
Que el sector energético y de transporte esté apostando tan fuerte por las energías renovables es una gran estafa propagandística: sus ideólogos defienden que es posible desacoplar el crecimiento económico del consumo de materias primas gracias a los avances tecnológicos asociados a la revolución digital. Es decir, que es posible que el capitalismo sea respetuoso con la naturaleza. Realmente se trata de un cambio en el objeto de deseo extractivista oficial, pasando de los hidrocarburos hacia las conocidas como tierras raras: una lista de 70 minerales imprescindibles para construir todos los procesadores y conductores que cualquier objeto electrónico tiene.
Estas tecnologías, según los más acérrimos defensores del crecimiento económico perpetuo, configurarán el rostro amable de un capitalismo que ya casi no derrochará recursos ni deteriorará el medioambiente gracias al aumento exponencial de su eficacia.
Lo que ya no se dice es que estos codiciados metales requieren de una espantosa minería a lo largo y ancho del globo, ya no solo exclusivo de países del Sur sino que también irán apareciendo en los países occidentales dada la futura escasez de los mismos que el motor capitalista tendrá (ya lo estamos viendo con la escasez de microchips[6]). La minería es una de las actividades más dañinas a nivel medioambiental y que mayor conflictividad social generan. Además, no estará ejecutada por maquinaria movida por energías renovables sino por gasoil, su procesado requerirá de carbón y su transporte de nuevo gasoil.
Por otro lado, esta década estará marcada por una crisis energética tremenda. Se trata de una de las principales razones que están moviendo a la élite burguesa a buscar soluciones a un problema que según la comunidad científica independiente no lo tiene[7]; al menos tal y como está configurado el orden socioeconómico actual.
Y es que el petróleo que mueve los engranajes comerciales de la globalización capitalista se encuentra en franco declive: se están agotando los yacimientos energética y económicamente más rentables, quedando los que menor rendimiento tienen. Es por esto que las empresas del sector llevan años reduciendo o eliminando inversiones[8] en explorar nuevos yacimientos debido a su inviabilidad y buscando otros sectores donde seguir consiguiendo beneficios como son las energías renovables.
La solución no es dopar el sector privado con fondos. Necesitamos un modelo de economía planificada bajo control democrático.
Para afrontar la crisis sanitaria, económica y medioambiental la solución no pasa por esta avalancha de fondos públicos que está dirigida a rescatar los beneficios de las grandes multinacionales, a costa de más recortes y austeridad para la clase trabajadora.
Los dirigentes de EH Bildu cometen un grave error al plantear el apoyo al decreto de estos fondos y tender la mano al PNV para defenderlos juntos en Madrid. Plantear que estos fondos pueden usarse desde los ayuntamientos para el bien común, “sea del color que sea”, o que pueden usarse para mejorar los servicios públicos, es avalar la gran estafa de la gran burguesía europea. En esencia estos fondos son la reedición de las mismas políticas capitalistas para que la crisis la pague la clase trabajadora.
La crítica de ELA a la postura de EH Bildu, que es acertada en cuanto a la oposición a estos fondos, sin embargo, también plantea la cuestión de cual es la alternativa. Los dirigentes del sindicato abogan por el reparto de la riqueza. Defienden para ello, aumentar los impuestos a los más ricos. ¡Pero lo que hoy estamos sufriendo es un robo a manos llenas de recursos públicos mientras los grandes empresarios destruyen puestos de trabajo y deslocalizan la producción a países donde pueden explotar más y mejor a sus trabajadores! Lo que necesitamos en primer lugar es una estrategia para defender a través de la lucha esos puestos de trabajo y unas condiciones dignas, y en segundo lugar, una alternativa en la que el lucro privado no sea quien dirija la economía por encima de las necesidades sociales. Es decir, necesitamos la trasformación revolucionaria de la sociedad donde el poder de decisión la tenga la clase trabajadora.
Por ello una crítica anticapitalista a los partidos políticos desde el sindicalismo queda muy limitada, cuando se niega poner en práctica un sindicalismo con una perspectiva y una alternativa política de clase, que no se limite a conflictos aislados sino que tenga una estrategia de lucha del conjunto de la clase trabajadora.
Esta situación de emergencia no puede solucionarse con las mismas actuaciones que nos han traído hasta aquí. El camino a seguir pasa por articular una izquierda combativa socialista que apueste firmemente por la nacionalización de los sectores estratégicos bajo control obrero para poder planificar democráticamente la economía y construir una sociedad donde no exista el expolio capitalista de la clase trabajadora y proteja el planeta que habitamos antes de que sea demasiado tarde.
[1]Comisión Europea, Recovery plan for Europe, 11 de noviembre de 2020.
[2]Elaboración propia según los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
[3]Un breve análisis de la eficiencia de ciclo completo de la economía del hidrógeno verde
[4]Fabricar coches eléctricos para poder producir más coches convencionales
[5]Bruselas dispara la deuda pública de España hasta el 140% del PIB en 2030
[6]La escasez de chips empuja hacia la soberanía productiva
[7]Ver, Petrocalipsis. Crisis energético global y como (no) la vamos a solucionar. Antonio Turiel. 2020. Ed. Alfabeto.
[8]Repsol quiere salir de su negocio de exploración en Rusia, Malasia e Irak
