La decisión del Tribunal Supremo de respaldar la petición de la Fiscalía del Estado e ilegalizar a Sortu es una prueba concluyente de cómo la propia legalidad puede ser pisoteada por aquellos que, en teoría, deben vigilar por su cumplimiento. En una sentencia que ha contado con el voto desfavorable de siete magistrados frente a nueve, los argumentos utilizados para no inscribir en el registro de partidos a Sortu no son más que la repetición del guión político que ha esgrimido la derecha neofranquista y al que lamentablemente se ha sumado el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Atados al carro del PP

La sentencia ha puesto de relieve las profundas contradicciones en que el gobierno del PSOE está incurriendo. Por una parte, Rubalcaba y Zapatero reconocen que se están dando “pasos inéditos” en la izquierda abertzale, algo que es del todo innegable. Por otra parte, al estar prisioneros de una política que les ha atado al carro del PP tanto en Madrid como en el gobierno vasco, avalan decisiones que son una negación de los derechos democráticos más básicos y que favorecen el discurso de la derecha. La razón de este espectáculo grotesco no es otra que al temor de los dirigentes del PSOE a que el PP pueda sacar tajada electoral de su agitación contra ETA. Pero la política de concesiones permanentes por parte del Gobierno, lejos de debilitar a la reacción la fortalece.
El descontento con esta estrategia del Gobierno, cuestionada incluso por siete magistrados del Supremo, como hemos apuntado, ha provocado también el rechazo de dirigentes del PSE, como es el caso de su presidente, Jesús Eguiguren, que ha defendido públicamente romper el pacto de gobierno en el País Vasco con el PP si obstaculiza el objetivo de “hacer la paz”. No le falta razón. El Partido Popular, heredero de la derecha franquista, no quiere bajo ningún concepto que antes de las elecciones generales se puedan poner los cimientos para alcanzar el final de la actividad armada. Al PP no le preocupa la continuidad de ETA o una escisión. Las acciones armadas de ETA en el pasado les han permitido desviar la atención de la clase trabajadora de sus verdaderos problemas, justificar los tremendos recortes a los derechos democráticos llevados a cabo y apoyar a aquellos sectores cuyos privilegios dependen de la existencia de la organización armada vasca, como las empresas de seguridad y sectores del aparato del Estado. Por otra parte, ante las próximas citas electorales, el PP teme que el final de las acciones de ETA frene su posible victoria por mayoría absoluta, vaticinada por las encuestas electorales, frente al PSOE. Estas razones explican su constante griterío acusando al gobierno de “colaborar” con ETA en el “caso Faisán”, o su interés por promover manifestaciones callejeras de las “asociaciones de víctimas del terrorismo” en Madrid, con una asistencia por otra parte bastante escasa en comparación a años anteriores, y lanzar soflamas contra las decisiones judiciales que han implicado la puesta en libertad de presos de ETA que habían cumplido sus condenas íntegramente, como es el caso de José María Sagardui que se ha pasado en la cárcel 31 años. En definitiva, una política revanchista, que persigue tratar la cuestión nacional vasca en términos de vencedores y vencidos.

Crisis de ETA, razones políticas

Para el PP y el Gobierno, los movimientos profundos que está llevando a cabo la izquierda abertzale son fruto de la política represiva y la victoria policial sobre ETA. Desde estas páginas, por el contrario, hemos explicado una y otra vez que dichos movimientos responden a causas muy diferentes y que la represión policial, por mucho daño que haya hecho a ETA y a la izquierda abertzale, es incapaz de poner fin a un problema político como es la cuestión nacional vasca. La aparición de un depósito de una tonelada y media de explosivos en Legorreta y que los propios cuerpos de seguridad hablen de un centenar de activistas, demuestra que ETA cuenta con capacidad para continuar con su actividad. Por eso el temor a una escisión en su seno. Recientemente, en San Sebastián, el exprimer ministro irlandés Bertie Ahern, uno de los principales impulsores de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte, se ha referido a la posibilidad de una escisión en ETA, como ha ocurrido en Irlanda con el IRA Auténtico. Al fin y al cabo, la existencia del terrorismo individual no es sino una expresión de la podredumbre del sistema capitalista, que niega un futuro a sectores importantes de la juventud que buscan la acción directa en lugar de la lucha de masas.
Frente a la demagogia del PP, y el seguidismo del Gobierno, la razón del cambio producido en la izquierda abertzale tiene sus causas en la convicción, fruto de la pasada experiencia, de que la lucha armada es un obstáculo objetivo para la consecución de los derechos democrático-nacionales. La movilización de masas y la lucha política sí puede, por el contrario, cambiar la situación actual, como demuestran los procesos revolucionarios en América Latina, la revolución árabe y las crecientes luchas de la clase obrera en Europa y en los Estados Unidos.
Eguiguren, como otros dirigentes del PSE-PSOE, son conscientes de que la represión y los intentos de mantener ilegalizada a la izquierda abertzale a toda costa está creando una ola de simpatía y apoyo que van a ser incapaces de frenar y que se expresarán en el terreno electoral cuando la izquierda abertzale sea finalmente legalizada, algo que no podrán evitar. Recientemente Aralar se ha roto en Álava y la escisión ha dado su apoyo a Bildu, el nuevo frente soberanista integrado por EA, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo. El PNV está igualmente muy preocupado y así lo demuestra Urkullu en sus declaraciones, consciente de que el giro efectuado por la izquierda abertzale podría afectar a su propio electorado y provocar una sangría de votos en sus filas.
En cualquier caso, la nueva coyuntura abierta por la decisión de la izquierda abertzale de romper con ETA va a provocar un aumento de las contradicciones políticas. A pesar de las manifestaciones públicas de Eguiguren, éste no decide la política del gobierno de Zapatero o la de Patxi López, que nuevamente han procedido a desautorizarle por mucho que sus opiniones cuenten con un amplio respaldo en el electorado socialista. Estas posiciones chocan igualmente con los planes e intereses del aparato del PSE que tiene planeado extender los acuerdos con el PP a Ayuntamientos y Diputaciones conquistando unas cotas de poder político que no les corresponderían si la izquierda abertzale logra presentarse a las urnas en pie de igualdad.
Los choques y las contradicciones en el ámbito del PSOE-PSE se van a recrudecer en los próximos meses. De hecho, el Gobierno en lugar de facilitar el actual proceso actúa con una política que lo dificulta: se niega a la liberación de los presos que ya han cumplido sus condenas o están gravemente enfermos, y se obstina en impedir el acercamiento de los presos a las cárceles de Euskal Herria; Rubalcaba se compromete públicamente con Trillo para encontrar cualquier resquicio legal que le permita promover la ilegalización de Bildu, y para ello rebuscan en viejos documentos de ETA que defendían alianzas electorales con Eusko Alkartasuna mientras criticaban a la  izquierda abertzale por dar su apoyo a Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas del 7 de junio del 2009.  Pero parece que este objetivo es demasiado, incluso, para los tribunales, que van a tener muy complicado dejar a Bildu fuera de las elecciones del 22 de mayo.

Defender los derechos democráticos: una tarea del movimiento obrero

La propaganda de la derecha y las claudicaciones del Gobierno son una cortina de humo para que la población no sea consciente de que la ilegalización de Sortu y Bildu representa un recorte dramático de los derechos democráticos conquistados por la clase trabajadora, crean un gravísimo precedente y nos afecta a todos. Miles de ciudadanos vascos y del resto del Estado figuran en listas del Ministerio del Interior como sospechosos de contaminar las listas de Bildu y Sortu por haberse presentado como candidatos de la izquierda abertzale en anteriores comicios. Ninguno de estos miles de ciudadanos ha cometido ningún delito, no tienen causas judiciales abiertas por participar en comandos o haber realizado atentados. Su delito es defender una opción política, la independencia para Euskal Herria, o estar simplemente en contra del recorte de los derechos democráticos.
Los marxistas defendemos consecuentemente los derechos democráticos, porque gracias a ellos los trabajadores, la juventud, podemos expresarnos y actuar en mejores condiciones contra la opresión capitalista. Como la experiencia ha demostrado, el recorte de estos derechos con la excusa de  “luchar contra el terrorismo” se ha convertido, en la práctica, en un ariete contra la libertad de expresión, de huelga, de organización y manifestación, y es utilizada recurrentemente contra la izquierda combativa. Desde la Corriente Marxista El Militante defendemos la legalización de Sortu y la inmediata derogación de la Ley de Partidos, el fin de todas las medidas de excepción judicial como la doctrina Parot, que alarga las penas de los presos políticos vascos, o la dispersión de los presos, así como la persecución de las prácticas de torturas en comisarías y cuartelillos. Todas estas medidas, para que sean efectivas, deben ir de la mano de una profunda depuración del aparato del Estado de elementos fascistas y de su democratización, desmilitarizando la Guardia Civil y permitiendo el derecho de sindicalización y participación política a los miembros de todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Los derechos democráticos de Euskal Herria y de las nacionalidades históricas del Estado español sólo pueden verse satisfechos como parte de la lucha unida de la clase trabajadora por transformar la sociedad.