Ahora levantar una alternativa de izquierdas que tumbe los recortes y la represión
Se acabó. La caída de Rajoy tras la moción de censura de Pedro Sánchez refleja, por encima de todo, la profunda crisis del régimen del 78 y es el fruto directo de una contestación social masiva sin la cual hubiera sido imposible. Millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y pensionistas sentimos una gran alegría por haber desalojado de la Moncloa a este reaccionario y a su partido corrupto.
Esta victoria debe servir para impulsar la batalla por nuestros derechos. Hay que lograr que las políticas del PP, los recortes y la represión, sean derrotadas en la práctica lo antes posible. Y sólo hay un camino para lograrlo: intensificando la movilización social y levantando una alternativa de izquierdas que rompa con la lógica de un sistema político y económico diseñado para defender los privilegios de los poderosos.
Un balance negativo para la burguesía
La etapa que ahora se cierra es mucho más que el fin de un mediocre presidente de gobierno que cuenta en su haber con recortes sociales sangrantes, innumerables escándalos de corrupción y el honor de encabezar una involución democrática aberrante. Es la constatación de la quiebra de un régimen.
La legislatura apenas ha durado un año y medio, un lapso breve colmado de frustración para la clase dominante. Cuando el 29 de octubre de 2016, tras repetir las elecciones y después de propiciar un golpe de Estado dentro del PSOE, se logró la investidura agónica de Mariano Rajoy, los círculos del poder abrigaban la esperanza de que las aguas volvieran a su cauce. Pero nada de esto ha ocurrido, al contrario.
No sólo la inestabilidad política es mayor y la crisis catalana sigue sin resolverse. El problema es que una de las grandes formaciones en las que el sistema capitalista español basó su gobernabilidad, atraviesa el peor momento de su historia y ha sido desalojada del poder a través de una moción de censura inesperada.
Aunque ningún politólogo ni tertuliano lo quiera reconocer, la sentencia de la Gürtel no ha hecho más que precipitar la situación. El factor decisivo en la caída ignominiosa de Rajoy y su gobierno hay que buscarlo en la escalada de movilizaciones de masas iniciadas con el levantamiento del pueblo catalán del 1 de octubre de 2017, continuadas con la gran huelga feminista del 8 de marzo y coronadas, por el momento, con la rebelión de los pensionistas.
Estos movimientos de protesta, que se han producido una vez más al margen de la socialdemocracia y del aparto de los grandes sindicatos, muy ocupados por otra parte en proporcionar constantes balones de oxígeno a Rajoy, mostraban una radiografía más fiel de la sociedad que cualquier debate parlamentario. La deslegitimación política del PP, a pesar de los esfuerzos de muchos por apuntalarlo durante este año y medio, se ha acelerado porque millones de trabajadores, mujeres, pensionistas y jóvenes no han creído ninguna de sus mentiras, para empezar la de una recuperación económica que sólo sirve para aumentar las fortunas y beneficios obscenos de la banca y los grandes empresarios. En este contexto, la sentencia de la Gürtel ha actuado como la gota que ha desbordado el vaso.
La actitud de Rajoy
Que el Partido Popular es una maquinaria corrupta al servicio de los grandes poderes económicos y fácticos del Estado, no es ningún secreto. Pero que la Audiencia Nacional ponga por escrito que tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, y que acredite que disponía de una “Caja B” consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989” es el colmo.
La implicación del PP en una corrupción sistémica podía sortearse con mayor o menor fortuna en otros momentos. Pero ahora las cosas han llegado a un límite. Que en sólo un mes se haya producido la dimisión de Cristina Cifuentes, la detención de Eduardo Zaplana, y estalle la sentencia del caso Gürtel, genera una atmósfera irrespirable.
Las duras condenas dictadas, ni más ni menos que 351 años de cárcel para 29 de los 37 acusados, son llamativas si las comparamos con otros casos similares. Por eso es conveniente no dejarse engañar por las apariencias y comprender el fondo de lo que aquí se ventila. La quiebra del régimen del 78, agudizada por la gran rebelión social iniciada con el 15-M, se ha manifestado en muchos terrenos. La pérdida de credibilidad de la monarquía y del parlamentarismo, el derrumbe del bipartidismo y la decadencia de la socialdemocracia, la irrupción de Podemos… En el caso de la justicia, su enorme descrédito ha explotado tras el escandaloso juicio de La Manada, provocando una indignación social pocas veces vista. Con la sentencia de la trama Gürtel se ha intentado recuperar parte de esa credibilidad perdida, pero para el sistema el remedio ha sido peor que la enfermedad.
La burguesía no deseaba el escenario que se le ha puesto delante de las narices. La clase dominante necesita de un gobierno fuerte y hace tiempo que está trabajando a toda máquina para un recambio político del PP. El apoyo a Albert Rivera y Ciudadanos (Cs) desde amplios sectores del mundo empresarial y mediático forma parte de esa estrategia consensuada. Una maniobra parecida a la que en Francia encarnó Emmanuel Macron frente a un gaullismo y a una socialdemocracia en decadencia, incapaces de frenar la movilización social y el desgaste de las instituciones capitalistas.
En editoriales, comentarios y análisis, los portavoces del poder económico y fáctico apostaban por elecciones inmediatas y construir una nueva mayoría en torno a Cs. De ahí las súplicas para que Rajoy dimitiera, dando paso a la convocatoria electoral. Pero eso no ha ocurrido. Rajoy ha preferido enrocarse y evitar una dimisión que, además de parecer una confesión pública de culpabilidad, daría muchas opciones al partido de Rivera en una consulta electoral inmediata, acelerando el fin catastrófico del PP. Hay veces que los intereses inmediatos de los aparatos políticos de la burguesía no coinciden con sus necesidades estratégicas como clase.
Desde el círculo dirigente del PP se ha optado por ganar tiempo, y pasar a la confrontación con el nuevo gobierno recurriendo a la soflama españolista más encendida. Como Rafael Hernando ha explicado en el debate parlamentario, el PSOE llega al poder gracias a “los amigos de ETA y los votos de los que quieren romper España”.
En cualquier caso, la crisis del PP no se va a resolver con este tipo de gestos. Lo que está en liza es la hegemonía en la derecha política. No podemos descartar la dimisión de Rajoy como presidente de los “populares”, es más, eso sería de lo más lógico como parte de una maniobra que condujese a una “refundación” del partido y a un nuevo candidato o candidata con un expediente que oliera menos.
De lo que no cabe duda es que la tensión y el enfrentamiento con Ciudadanos se van a recrudecer en los próximos meses. Y de esta moción de censura Albert Rivera tampoco ha salido fortalecido. Sin que su propuesta de elecciones anticipadas cosechara éxito, ha votado junto al PP y su perfil reaccionario se ha acentuado en el debate. Las caras de frustración de los dirigentes de Cs eran todo un reflejo de su impotencia política.
El gobierno de Pedro Sánchez y las tareas de la izquierda
El triunfo de la moción de censura y la salida de Rajoy ha provocado un sentimiento de alivio y alegría. Y no podía ser de otra manera: el sufrimiento que hemos soportado en estos siete años de gobiernos reaccionarios ha sido tremendo. La eliminación de derechos sociales, la desigualdad insultante, el incremento de la represión política a una escala sin precedentes desde la caída de la dictadura, o la ofensiva del nacionalismo españolista más rancio, son parte de una losa demasiado pesada como para no celebrar la caída de un gobierno tan repugnante. Esa presión social está detrás del éxito parlamentario de Pedro Sánchez. ¿Cómo explicar el voto favorable del PNV o del PDeCAT a la moción si no es por este ambiente?
Es necesario situar las perspectivas para el gobierno de Pedro Sánchez, y para hacerlo necesitamos partir de lo que ha hecho el PSOE en este año y medio de legislatura. Como es conocido, los barones territoriales entregaron en bandeja el gobierno a Rajoy después de dar un golpe de Estado y forzar la dimisión de Pedro Sánchez tanto de la secretaría general como de diputado. Esta maniobra, encabezada por Felipe González y sus mayordomos, e instigada desde el IBEX 35, tenía el fin de aumentar la estabilidad política y garantizar los planes del gran capital europeo y nacional.
Desde noviembre de 2016 el PSOE ha cumplido con esta tarea, pero al coste de una grave crisis interna y un desgaste tremendo. Cuando Pedro Sánchez ganó las primarias en mayo de 2017, despertó fuertes ilusiones en que un giro a la izquierda del PSOE era posible. Su triunfo frente a Susana Díaz fue todo un aldabonazo para la militancia y la base electoral socialista, y un tremendo varapalo para el aparato. Sin embargo, ese ansiado giro a la izquierda, y llevar a cabo el mandato del “No es no” mediante una política de oposición dura al PP, jamás se produjo.
Ya con Pedro Sánchez restituido en la secretaría general, el PSOE ha formado parte de una triple alianza parlamentaria que ha sostenido al gobierno de Rajoy en todas las cuestiones del fondo. Así fue cuando se negaron a respaldar la moción de censura de Podemos en mayo de 2017, o cuando apoyaron la ofensiva represiva contra los derechos democráticos del pueblo de Catalunya y dieron luz verde a la aplicación del 155, legitimando la causa general contra el independentismo y los encarcelamientos.
El PSOE ha justificado los ataques a la libertad de expresión, incluso ha propuesto iniciativas legislativas para endurecer el control gubernamental de las redes sociales. Lo mismo se puede decir sobre los recortes sociales, los desahucios, la justicia machista o la negativa del PP a reparar a las víctimas de la dictadura franquista, asuntos que el PSOE no ha cuestionado en ningún momento.
Para asegurarse la victoria en la moción de censura, Sánchez ha declarado solemnemente que gobernará con los presupuestos aprobados por el PP y el PNV, es decir, con unas cuentas que plantean un tijeretazo brutal del gasto social en sanidad, educación, ayudas a la dependencia, inversión en infraestructuras, etc. ¿Qué se puede desprender de todo esto? Nada bueno para los trabajadores, los pensionistas, la juventud, los desempleados y las mujeres. También ha insistido en que tratará de tejer el máximo de acuerdos, que descarta la convocatoria inmediata de elecciones, y que intentará la normalización de relaciones con el gobierno catalán, levantando el 155 en lugar de extenderlo, aunque subrayando por enésima vez que nunca aceptará un referéndum legal sobre el derecho a decidir.
El PSOE nos tiene acostumbrados a que traicionar sus promesas se ha convertido en marca de la casa. Pero en esta ocasión no hay ni siquiera promesas, tan sólo sacar a Rajoy por “razones de salud democrática”. En sus cálculos cortoplacistas piensan que si disponen del tiempo necesario antes de las nuevas elecciones, pueden aprovecharlo para proyectarse públicamente como campeones de la “estabilidad” política y recuperar crédito. Pero lo que tienen por delante no será un camino de rosas: desde el PP y Cs no los van a dejar respirar.
La derrota del PP y la formación del gobierno de Sánchez vuelve a poner el foco sobre los dirigentes de Unidos Podemos. Votar a favor de la moción de la censura ha sido totalmente correcto, pero una cosa es eso y otra muy diferente extender un cheque en blanco al PSOE.
No hay duda de que la salida de Rajoy de la Moncloa ha llenado de ánimo a amplios sectores de los trabajadores y de la juventud. Ahora hay que completar la tarea y con la movilización obligar a Pedro Sánchez a que gobierne para los que han hecho posible esta victoria y no para el FMI, la banca y la CEOE.
Desde Izquierda Revolucionaria llamamos a Pablo Iglesias y Alberto Garzón a pasar a la ofensiva política, exigiendo inmediatamente al PSOE que tome medidas efectivas: parar los recortes sociales y establecer la pensión mínima en 1.100 euros al mes; derogar la LOMCE y las contrarreformas laborales y de las pensiones; prohibir por ley los desahucios y asegurar la vivienda pública con alquiler social; defender a las mujeres y sus derechos, luchando contra la justicia machista; tumbar la Ley Mordaza y los procesos judiciales contra raperos, tuiteros, sindicalistas y militantes de la izquierda; reconocer el derecho a decidir para Catalunya, Euskal Herria y Galiza, y poner en libertad a los presos políticos.
Ojalá nos equivoquemos, pero es más que probable que Sánchez no haga nada de esto y que las esperanzas de muchos se vuelvan a frustrar. Por eso hay que estar preparados. La relación entre la lucha de masas y el frente electoral es muy estrecha, y para situarnos en las mejores condiciones de batir al PP y a Ciudadanos hay que salir de esta crisis llamando a la clase trabajadora, a la juventud, al movimiento feminista, a los pensionistas, al pueblo de Catalunya, a confiar sólo en nuestras propias fuerzas y unirlas en las calles y plazas mediante la movilización.
Los dirigentes de Unidos Podemos tienen una gran oportunidad. En sus manos está aprovecharla.
