El sábado 4 de abril, Pedro Sánchez anunciaba la prórroga del estado de alarma hasta el 26 y que el cese de la actividad declarada no esencial se suspenderá el 12 de este mismo mes. Cuando la pandemia se encuentra lejos de estar controlada, acercándonos a los 15.000 muertos, con más de 130.000 contagiados reconocidos y con la sanidad pública y sus profesionales más que al límite, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos no hace más que seguir el dictado de la oligarquía económica.
Los hechos son claros. Hace unos días el responsable de Análisis Económico de España del servicio de estudios de BBVA Research, Rafael Doménech, exigía “realizar cuanto antes pruebas masivas a la población para comprobar quiénes están ya inmunizados y, por lo tanto, listos para volver a trabajar y poner en marcha la economía de nuevo”. Ana Patricia Botín no se quedaba a la zaga: “debemos planificar cuanto antes la vuelta al trabajo de los más jóvenes y de aquellos que ya están inmunizados”.
Dicho y hecho. El Gobierno de coalición, una vez más, ha prestado su oído a las demandas de la banca y las grandes empresas, mientras condena a millones de familias trabajadoras a jugarnos nuestra salud, expuestos al virus, para que este puñado de parásitos llene sus bolsillos y salga indemne de la crisis.
¿Tiene esto algo que ver con una política de izquierdas o con un “escudo social” para proteger a los débiles?
La patronal a la ofensiva
La patronal está muy satisfecha con las acciones que este Gobierno está llevando a cabo. Las críticas de la CEOE contra algunos aspectos de la gestión tienen como objetivo mantener la presión sobre él para garantizar que no cambia de rumbo.
Más allá de la propaganda, las medidas aplicadas por el Ejecutivo –aplaudidas y avaladas con entusiasmo por las cúpulas sindicales de CCOO y UGT– han sido muy concretas: poner a disposición de los banqueros y grandes empresarios el equivalente al 10% del PIB del Estado español, 100.000 millones de euros, un nuevo rescate público del sector financiero, mayor incluso que el de 2008. Una batería de ERTEs diseñados a medida de las grandes empresas, que no tendrán que desembolsar ningún euro de los beneficios acumulados. Supresión del pago de las cuotas patronales a la Seguridad Social mientras dure la crisis sanitaria...
Un Gobierno que se llena la boca proclamando que “no dejará a nadie atrás”, ni siquiera ha sido capaz de prohibir realmente los despidos, ni garantizar el derecho a techo, tan solo moratoria de alquileres e hipotecas y concede una migaja de 600 millones de euros para servicios sociales… mientras, millones de trabajadores nos enfrentamos a una catástrofe.
No solo eso, también los grandes terratenientes de este país pueden estar satisfechos. El 7 de abril se aprobó por decreto dar vía libre hasta el 30 de junio a la contratación como temporeros de parados y menores inmigrantes. Este Gobierno “progresista” suministrará mano de obra casi gratuita, en condiciones de esclavitud laboral a los grandes patronos agrarios. Es más, en el caso de los inmigrantes su permiso de trabajo y residencia se terminará con el contrato. Usar y tirar. Una vez bien explotados en jornadas de sol a sol, volverán a ser “ilegales” y a huir de la persecución del “democrático” aparato del Estado.
Con el argumento de que se trata de alimentar a la población, se producirán abusos salvajes mientras la industria agroalimentaria seguirá haciéndose de oro. Y los sindicatos y Unidas Podemos lo avalan.
Unidas Podemos blanquea la política procapitalista del Gobierno
Pablo Iglesias, Alberto Garzón y el resto de dirigentes de Unidas Podemos insistieron hasta la saciedad en que su objetivo al entrar en el Gobierno era el de empujar al PSOE a la izquierda y no ceder a las presiones de los grandes poderes económicos. Nada de eso ha ocurrido. Los ministros de UP –que supuestamente llegaron a la política para acabar con el régimen del 78– están jugando un lamentable papel de comparsa y dedican todos sus esfuerzos a blanquear la política procapitalista del Gobierno.
Pablo Iglesias es el actor principal, y su labor está siendo anunciar a bombo y platillo –como si de una enorme política social se tratara– las miserables sobras destinadas a los trabajadores. De esta forma presentó el 31 de marzo el raquítico paquete de medidas “sociales” aprobado por el Consejo de Ministros: microcréditos para hacer frente a unos alquileres que no se suspenden y que habrá que seguir pagando, garantizando así los negocios a la banca y a los grandes tenedores de vivienda; subsidios de 440 euros para aquellos parados cuyos contratos temporales han sido extinguidos después del 15 de marzo, aplazamientos de seis meses de los desahucios siempre que no exista una alternativa habitacional, prohibición del corte de la luz, el agua y el gas mientras dure el estado de alarma.
Millones de trabajadores han visto reducidos sus salarios drásticamente de la noche a la mañana y el Gobierno les ofrece microcréditos. Cientos de miles de trabajadores están perdiendo sus empleos y el Gobierno pretende que puedan vivir con 440 euros al mes. ¿Qué ocurrirá con ellos cuando pase el estado de alarma y sigan si poder pagar la luz, el agua y el gas? ¿Y cuando después de seis meses continúen en el paro y sigan sin poder pagar el alquiler?
Si realmente se tratase de un “escudo social”, un Gobierno de izquierdas pondría en marcha un subsidio de desempleo indefinido de 1.200 euros para todos los parados hasta encontrar empleo, y lo financiaría con grandes impuestos a los más ricos y nacionalizando la banca y los grandes monopolios. ¿Por qué dedicar el 10% del PIB para salvar al IBEX 35 es lo normal y en cambio para defender a las familias trabajadoras es imposible utilizar recursos similares?
¿Reeditar los Pactos de la Moncloa? No, hay que preparar la movilización más contundente contra la ofensiva patronal
Los resultados de esta política ya están siendo demoledores: casi 900.000 empleos destruidos desde que se decretó el estado de alarma, 302.365 nuevos parados en marzo y un mínimo de 370.000 ERTEs que afectan a más de 2,5 millones de trabajadores.
Cuando esta contracción del mercado laboral es solo el principio, cuando la previsiones hablan de una caída del PIB del 10%, cuando nos encontramos en la antesala de una depresión economía internacional que, tal y como muestran todos los indicadores, será más profunda y devastadora que la desatada en 2008, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos apela a la “unidad nacional” y al espíritu de la Transición para “superar las dificultades”.
En todos sus discursos Pedro Sánchez ha recurrido al tono patriótico, pero este 4 de abril ha dado un paso más al reclamar unos nuevos Pactos de La Moncloa, con Vox, PP, Cs y todo el arco parlamentario, con los que supuestamente se podrá enfrentar una situación social explosiva una vez pase la pandemia.
El Gobierno en pleno lleva semanas haciendo llamamientos “al esfuerzo y el sacrificio común para superar las adversidades”. ¿Esfuerzo y sacrificio común? ¿Quién está poniendo los muertos? ¿Sobre quién están recayendo los efectos brutales de la depresión económica en la que hemos entrado? La respuesta es evidente: sobre la clase obrera.
Rescatando una nueva versión de los Pactos de la Moncloa pretenden atar de pies y manos a los trabajadores. Aquellos acuerdos con los que el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y los dirigentes de UGT y CCOO aceptaron que el aparato del Estado franquista se mantuviera intacto y los crímenes de la dictadura quedaran impunes, que se consagrara a la monarquía de Juan Carlos I, que los capitalistas que se habían enriquecido obscenamente durante décadas siguieran manteniendo sus fortunas a buen recaudo y controlando los resortes del poder, significaron además una impresionante pérdida de poder adquisitivo y derechos laborales, más precariedad, reconversiones industriales salvajes, reducir las prestaciones sociales y limitar el derecho a huelga. Eso fueron los Pactos de La Moncloa de 1977 y su repetición busca el mismo objetivo: evitar la rebelión social apuntalado el régimen capitalista del 78.
Los Pactos de la Moncloa pudieron imponerse debido fundamentalmente a que las organizaciones obreras que los defendían contaban con dirigentes con una reconocida trayectoria de lucha contra la dictadura y tenían una enorme autoridad entre los trabajadores.
Hoy la situación es totalmente diferente. Este Gobierno tiene autoridad solo en la medida que para las masas la opción de la derecha es mucho peor, pero no cuentan ni de lejos con el crédito que tenían aquellos dirigentes, y que por cierto perdieron con rapidez años después.
La confianza en el PSOE, así como su credibilidad, hace mucho tiempo que es muy frágil, y el prestigio de los dirigentes de UP está disminuyendo y lo hará mucho más si siguen por este camino. Nunca antes en la historia las cúpulas de UGT y CCOO han estado tan desacreditadas ante los trabajadores. Cualquier intento de cargar la crisis contra la clase obrera se enfrentará, más pronto que tarde, con una feroz respuesta.
Hay que rechazar sin ninguna vacilación la política de unidad nacional y este pacto social con el que pretenden amordazarnos y someternos. Debemos preparar desde ya la movilización masiva y contundente levantando un plan de acción y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Pero si algo ha dejado claro la experiencia de estos últimos años es que hay que construir una izquierda combativa que no ceda ante las presiones intolerables de los grandes capitalistas y que luche decididamente por la transformación de la sociedad.
No hay tiempo que perder. ¡Únete a Izquierda Revolucionaria!
