¡Hay que depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios!

Desde hace semanas asistimos a una ofensiva de Vox y el PP en las calles, a la que ahora se ha sumado abiertamente y sin tapujos una parte del aparato del Estado. El cese del reaccionario coronel y Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien dirigió la brutal represión en Catalunya durante el referéndum del 1 de octubre, ha desatado las iras de la Guardia Civil e intensificado la campaña patriótica de la derecha y sus medios de comunicación en defensa de esa España “una, grande y libre” que tanto añoran.

La biografía de este reaccionario lo dice todo. Su padre fue candidato por Murcia de la formación ultraderechista Fuerza Nueva en 1977, y él mismo apoyó activamente el golpe de Estado del 23-F, presentándose voluntario con la camisa azul de falangista en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla. En 1992 fue procesado por torturas al miembro de ETA Kepa Urra, siendo condenados tres de sus compañeros de la Benemérita. Aunque él fue absuelto, la jueza ponente del tribunal calificó de “sorprendente” la presencia de Pérez de los Cobos en el hospital donde Kepa Urra señaló que continuaron torturándole. Tanto Amnistía Internacional como el Comité contra la Tortura de la ONU denunciaron el caso. Finalmente, los guardias civiles condenados no entraron en prisión al ser indultados por el Gobierno de Aznar.

Los montajes de la Guardia Civil, del 1-O al 8-M.

Pero su actuación más conocida fue durante la celebración del referéndum del 1 de octubre en Catalunya en 2017, encargándose de la coordinación del operativo para impedirlo y que se saldó con una brutal intervención con más de 1.000 heridos.

También en este caso, tal y como ha ocurrido ahora con la manifestación del 8-M, Pérez de los Cobos y la Guardia Civil fabricaron un informe policial para el jucio-farsa contra los dirigentes independentistas, llegando a afirmar en su declaración ante el Tribunal Supremo que no hubo “cargas policiales”. Por cierto, una actuación de las fuerzas de seguridad del Estado ampliamente elogiada por la dirección del PSOE en aquel momento.

En el caso de la investigación del 8-M la forma de actuar ha sido la misma: mentiras y manipulaciones. Se ha conocido que los testimonios de varios testigos, como el del Secretario General de CGT Banca Madrid, fueron directamente manipulados. Por otro lado, el informe contiene numerosos errores de bulto, como que la declaración de pandemia por la OMS se realizó en enero, cuando fue el 11 de marzo. Además, gran parte de las informaciones de dicho informe no han sido contrastadas y provienen de diarios de la derecha y la extrema derecha como El Español, La Razón, ABC, entre otros. Todo un ejemplo de imparcialidad.

Todos estos datos no solo justificarían la destitución de Pérez de los Cobos y los guardias civiles implicados, sino la apertura de una investigación para depurar responsabilidades incluso a nivel penal. ¿O es que no es relevante que se manipulen pruebas y se construyan casos a medida? ¿No es justamente lo que hacía el franquismo contra sindicalistas, militantes de izquierdas y opositores?

No es casualidad que la furia de la derecha y la extrema derecha, de la Guardia Civil, y de sectores de la judicatura, se dirija contra la manifestación del 8-M. Se trata de atacar a un movimiento que ha puesto en evidencia la naturaleza machista y reaccionaria del Estado y sus instituciones, que amparan a individuos como los de La Manada, guardias civiles y militares que se han creído y se creen impunes.

Se busca además criminalizar la protesta social y a los colectivos y activistas de izquierdas que durante todos estos años no hemos dejado de salir a las calles por los derechos de la mujer trabajadora, por los servicios públicos, o contra la represión del Estado y en defensa de nuestros derechos democráticos.

Al tiempo que se concluía este montaje policial y judicial con la excusa del Covid-19, PP y Vox organizaban protestas en pleno confinamiento sin que la judicatura o la policía hayan abierto investigación alguna al respecto. ¡Vaya cinismo!

Una aparato del Estado plagado de franquistas heredado de la Transición

Pero la presencia de estos franquistas y reaccionarios en los el aparato del Estado, en la judicatura, en la Guardia Civil o en la policía, es la consecuencia de la política de colaboración de clases consagrada durante la Transición, y que lamentablemente apuntalaron las direcciones tanto el PSOE como el PCE.

El propio Pérez de los Cobos ascendió en el Ministerio del Interior de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el Gobierno de Zapatero, manteniéndose en su puesto con Rajoy y posteriormente con Pedro Sánchez. Fue uno de los principales colaboradores del exministro del Interior del PP Fernández Díaz, con quien comparte su afiliación a la secta ultra católica del Opus Dei, colaborando con esas cloacas del Estado que tanto ha denunciado Pablo Iglesias. A pesar de todo, no ha sido removido de su puesto hasta ahora, dos años después de la caída de Rajoy.

El actual ministro del Interior, Grande Marlaska, en consonancia con su actuación como juez en la Audiencia Nacional,  ha sido uno de los que más ha contribuido a que esto haya sido así. Hay que recordar que Marlaska archivó la causa del Yak-42, viéndose obligado posteriormente a reabrirla, juzgó a los diarios Deia y Gara por injurias a la Corona por publicar diversas ilustraciones gráficas e instruyó, entre otros, el caso Gazte Independentistak, por el que 40 jóvenes abertzales pasaron dos años en prisión preventiva para finalmente ser absueltos por la Audiencia Nacional. Un buen ejemplo de que los montajes y causas-farsa no son casos aislados.

La Guardia Civil, un pilar de la reacción. 

La Guardia Civil siempre ha sido unos de los pilares de la reacción en el Estado español. Un cuerpo militarizado creado para enfrentar las sublevaciones campesinas por el pan y la tierra, y en defensa de los privilegios de la aristocracia terrateniente. Se empleó a fondo contra el movimiento obrero durante todo el siglo XX, y fue uno de los pilares del golpe de Estado de Franco en julio del 36. Durante la dictadura fue la fuerza de choque contra los maquis y contra cualquier intento de resistencia antifranquista. En la Transición, y ya con la democracia, el cuerpo continuó actuando sin miramientos, con los mismos mandos e individuos que torturaban y asesinaban en el pasado.

Miembros de la Guardia Civil protagonizaron el golpe de Estado del 23-F, y jugaría un papel muy destacado en el terrorismo de Estado de los GAL, bajo los Gobiernos de Felipe González, siendo condenado su máximo responsable en Guipúzcoa, Enrique López Galindo, por los asesinatos de Lasa y Zabala. Según un informe del Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, entre 1960 y 2014 se han denunciado 4.133 casos de malos tratos, correspondiendo 1.985 de ellos a la Guardia Civil. Una buena medida de la naturaleza de este cuerpo policial.

Por otro lado, todos aquellos que han osado levantar la voz desde posiciones de izquierdas y organizarse han sido perseguidos, sancionados y en muchos casos expulsados del cuerpo, aprovechando la ausencia de los más mínimos derechos democráticos debido a su naturaleza militar. Todos los Gobiernos, incluyendo los del PSOE, han mimado y protegido a los mandos, dándoles carta blanca para manejar la Guardia Civil como su cortijo, al tiempo que se permitía la persecución de cualquiera voz crítica que exigiera derechos sindicales o la desmilitarización del cuerpo.

Un Estado de clase al servicio de los privilegiados y la reacción

Los distintos Gobiernos del PSOE no solo no depuraron a los torturadores y a los fascistas del aparato del Estado, sino que los protegieron, manteniendo sus privilegios y medallas, como en el caso, entre otros muchos, de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, que ha muerto en su casa conservando todos esos privilegios. Nos encontramos ante un aparato del Estado plagado de franquistas y reaccionarios, que ahora levantan cabeza ante la ofensiva de Vox y del PP, y que ven una oportunidad de ajustar cuentas con la izquierda. Son los mismos que han participado en misas y cenas por Franco o en homenajes a Tejero en cuarteles de la Guardia Civil.

En este contexto no se puede hablar de la ofensiva de la extrema derecha, como hacen muchos dirigentes de UP, y omitir el papel de estas instituciones del Estado que siguen manejando los resortes de la judicatura, el ejército o la policía. Estamos hablando de la propia naturaleza del Estado capitalista, especialmente reaccionario en el caso del Estado español, que no resulta alterada por el hecho de que exista un nuevo Gobierno de izquierdas.

Un Estado de clase al servicio de banqueros, de terratenientes, de esos sectores reaccionarios que han salido a manifestarse en los barrios pijos de Madrid. Recurrir a ese mismo Estado burgués para defender los derechos sociales y democráticos es un craso error, como se ha visto y demostrado en muchas experiencias históricas (como la revolución española en los años 30 o la revolución chilena en los 70). En todos estos casos, la reacción pudo apoyarse en esas instituciones del Estado para aplastar a la izquierda y al movimiento revolucionario.

Depurar el aparato del Estado y derogar toda la legislación de excepción. ¡No a la Ley Mordaza!

Es necesario por tanto contrarrestar esta ofensiva de la reacción con la movilización en las calles, y con políticas de izquierdas, anticapitalistas, que vayan a la raíz de los problemas que padecemos y los resuelvan. Este Gobierno debe reaccionar, comenzando por hacer lo que no se hizo durante la Transición: depurar de franquistas y reaccionarios el aparato del Estado, desmilitarizar inmediatamente la Guardia Civil, y cortar de raíz la actitud golpista que vemos en muchos jueces, militares y mandos policiales que simpatizan con el PP y Vox, y que incluso militan en grupos de ultraderecha.

Por otro lado, es necesario desmontar toda la legislación de excepción aprobada durante años, incluyendo la de los Gobiernos del PSOE, dirigida a combatir a la izquierda, al sindicalismo y a los movimientos sociales. Resulta insólito que a día de hoy, con un Gobierno con presencia de UP, siga vigente la Ley Mordaza, y que esta se haya aplicado para imponer miles de sanciones durante el estado de alarma. Toda esta legislación será la que utilizarán mañana Vox y el PP para perseguirnos y encarcelarnos.

Este Gobierno debe apoyarse en la organización de la clase trabajadora y la juventud, en su capacidad de movilización, y no en esas instituciones y estamentos del Estado que ya han demostrado más que de sobra al servicio de quién están. Intentar blanquearlas, planteando que se trata de algunas “manzanas podridas”, es faltar a la verdad. El problema es el aparato del Estado, que está diseñado para servir a su clase, a la burguesía, y mantener sus privilegios y riquezas mediante la coacción y la violencia.